¿Es violenta la amapola en México?

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Introducción

¿Es violenta la amapola en México? Si hiciéramos una encuesta con esta pregunta, seguramente recibiríamos una mayoría de respuestas afirmativas.

Durante muchos años se ha aceptado el siguiente argumento: como el cultivo de amapola está prohibido y los mercados ilícitos operan en el ámbito extralegal, se deberían regir por la “ley del más fuerte” y producir altos niveles de violencia. Este razonamiento se utiliza con frecuencia en el contexto latinoamericano. Partiendo de la coexistencia entre altas cifras de homicidio e importantes redes de tráfico de drogas en varios países de la región, se concluye que la violencia es una característica intrínseca de los mercados ilícitos y que, por lo tanto, éstos deben ser atendidos desde un enfoque de seguridad.

Además de ignorar investigaciones históricas que demuestran que los mercados ilícitos han operado en distintos periodos con niveles menores de violencia1Ver por ejemplo: Britto, Lina, Marijuana Boom: The Rise and Fall of Colombia’s First Drug Paradise, UC Press, 2020. Gootenberg, Paul, Andean Cocaine: The Making of a Global Drug. Chapel Hill: University of North Carolina Press. 2008., el argumento invisibiliza varios grados de complejidad que nos parece necesario analizar en este texto.

La atención mediática, política y académica dirigida hacia los mercados ilícitos tiende a operar un “sesgo selectivo” que consiste en enfocarse más en aquellos contextos marcados por altos niveles de homicidios.

En primer lugar, existen decenas de ejemplos en el mundo —incluso en América Latina— que contradicen la relación mecánica entre mercado ilícito y violencia homicida, como lo muestran Andreas & Wallman.2Peter Andreas, Joel Wallman, “Illicit Markets and Violence: What is the Relationship?”, Crime, Law, and Social Change, vol. 51, 2009, p. 225-229. Luego, los autores muestran que la atención mediática, política e incluso académica dirigida hacia los mercados ilícitos tiende a operar un “sesgo selectivo” que consiste en enfocarse más en aquellos contextos marcados por altos niveles de homicidios. ¿Cómo explicar de otra forma que el tráfico de MDMA en Holanda, el mercado de coca y cocaína en Bolivia o el tráfico de obras de arte a nivel internacional, que no se caracterizan por altos niveles homicidios, no reciban la misma cobertura que el tráfico de drogas en México y Colombia? Finalmente, la voluntad de encontrar una explicación general a la violencia en México tiende a homogeneizar el análisis de las dinámicas de regulación de las actividades y mercados ilícitos, negando así tanto las realidades locales como las diferencias entre productos —entre drogas naturales y sintéticas; o entre el trafico de automóviles robados y el lavado de dinero, por ejemplo.

En el Proyecto Amapola, hemos mostrado que estos acercamientos “macro” no solamente pecan por omisión al no reconocer la complejidad de los mercados ilícitos y sus vínculos con la economía formal3Ver el texto de Cecilia Farfán-Mendez en este dossier: “Sinaloa no es Guerrero. Ventajas de la economía legal para la ilegal”., sino que además imponen paradigmas que se han convertido en verdades “oficiales”, sin evidencia para sustentarlas.4Ver el trabajo de Fernando Escalante al respecto, en el libro “El crimen como realidad y representación. Contribución para una historia del presente”, México, El Colegio de México, 2012.

Analizar si la amapola es violenta requiere distinguir si el cultivo en sí mismo es una actividad violenta; si son las organizaciones traficantes que imponen coerción; o si la política pública de militarización y erradicación, en aras de “ganar” la guerra contra las drogas, contribuye a generar violencia entre las poblaciones dedicadas a esta actividad económica.

En el caso específico que nos atañe, veremos que no existe una relación sistemática entre violencia homicida y presencia de amapola en el territorio mexicano.

Primero, analizar si la amapola es violenta requiere distinguir si el cultivo en sí mismo es una actividad violenta; si son las organizaciones traficantes que imponen coerción; o si la política pública de militarización y erradicación, en aras de “ganar” la guerra contra las drogas, contribuye a generar violencia entre las poblaciones dedicadas a esta actividad económica. En este texto nos enfocaremos en la última cuestión: el papel de las fuerzas públicas en los territorios amapoleros, mostrando cómo ejercen distintas violencias y cuestionando tanto la implementación como la legitimidad de la erradicación de cultivos declarados ilícitos.

Luego, defendemos la idea que la tasa de homicidios no puede ser el único estándar de medición de la violencia en el país. Como bien lo analiza el antropólogo Dennis Rodgers,5Dennis Rodgers, “Slum Wars of the 21st Century: Gangs, Mano Dura and the New Urban Geography of Conflict in Central America”, Development and Change, vol. 40, n°5, 2009, p. 949-976. las estadísticas sobre asesinatos se han convertido en la única variable de estudio y medición de la violencia en América Latina. Esto tiende a invisibilizar otros mecanismos de dominación y coerción que se construyen a la par de la violencia letal y tienen que ver con desigualdades, criminalización de la pobreza, políticas públicas de seguridad o fuerzas de mercado, entre muchas otras. Asimismo, contribuye a minimizar o absolver a las fuerzas públicas del papel que juegan en el uso de la violencia, letal o no, en las regiones donde operan.

Finalmente, si seguimos considerando el homicidio como única o principal manifestación de la violencia, seguiremos sin entender por qué varían tanto las realidades vividas por las comunidades productoras de amapola en el marco de la compleja y cambiante ‘guerra contra las drogas’ en México.6Para un análisis sobre las violencias vividas en distintas comunidades en México, ver por ejemplo el proyecto de la LSE «Co-Constructing Human Security in Mexico: A Methodology and Action Plan from Communities to the State».

Homicidios en municipios amapoleros.
Un panorama heterogéneo

De 1990 a 2019, tan solo seis entidades federativas concentraron 99% de las 476,251 hectáreas (ha)7Una hectárea equivale a un área sensiblemente más amplia que la de un terreno de fútbol, por ejemplo. de amapola registradas como destruidas por las autoridades.

Corresponden a lo que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) clasifica como áreas de “alta y mediana incidencia de cultivos ilícitos”:8Michoacán de Ocampo, Jalisco y Sonora también figuran entre los estados de “mediana incidencia” por sus altas cifras de destrucción de cultivos de mariguana. Ver SEDENA, 2018, Memoria Documental. Erradicación de cultivos ilícitos (mariguana y amapola) (MD-09).

-1- Guerrero: 221,878 ha

-2- Chihuahua: 82,502 ha

-3- Durango: 80,690 ha

-4- Sinaloa: 55,399 ha

-5- Nayarit: 17,580 ha

-6- Oaxaca: 14,423 ha

Esta concentración geográfica puede desagregarse a nivel municipal. Los 50 municipios del país con las mayores superficies de amapola registradas como destruidas de 1990 a 2019 se encuentran en los seis estados antes mencionados.923 en Guerrero, 11 en Durango, 7 en Sinaloa, 5 en Chihuahua, 2 en Nayarit y 2 en Oaxaca (ver la lista detallada en anexo, cuadro 1). Sin embargo, tanto las estructuras sociales como los escenarios de producción agrícola de esos municipios son heterogéneos. Por ejemplo, mientras que en Culiacán (Sinaloa) la amapola se cultiva a proximidad de una urbe de más de un millón de habitantes y se inserta en un contexto de actividades económicas legales rentables, en Copanatoyac (Guerrero), se produce en zonas rurales de unas centenas de habitantes, particularmente mal conectadas con el resto del estado.

Igualmente, así como existe una heterogeneidad socio-económica, las condiciones estructurales y las dinámicas coyunturales de violencia vividas en estos municipios durante las últimas tres décadas también son diversas. Si nos enfocamos en los homicidios, lo primero que podemos observar es que los municipios amapoleros que registraron el mayor número de casos tienen cabeceras municipales altamente urbanizadas y pobladas: se trata de Culiacán, (Sinaloa), Chihuahua (Chihuahua) y Durango (Durango), capitales de sus estados respectivos.10De acuerdo con las proyecciones de población del CONAPO y los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2010 del INEGI, la población promedio de cada uno de estos municipios rebasaba los 500,000 habitantes entre 1990 y 2019.

Ponderando las cifras de homicidios por número de habitantes,  a fin de obtener mediciones del riesgo de ser asesinado comparables entre territorios con distintos tamaños de población, resaltan cuatro municipios de la Sierra Tarahumara de Chihuahua —Guadalupe y Calvo, Guazapares, Morelos y Guachochi— y Badiraguato (Sinaloa) por presentar tasas de entre 24 y 41 homicidios por cada 1,000 habitantes de 1990 a 2019.11Dado que tan solo 6 de estos 50 municipios tuvieron una población promedio superior o igual a 100,000 habitantes entre 1990 y 2019, decidimos ponderar las tasas de homicidios por cada 1,000 habitantes para tener una escala más acorde al número de habitantes de los municipios en cuestión. Del lado opuesto del espectro de la violencia letal en municipios amapoleros, Acatepec y Malinaltepec (Guerrero) sufrieron “solamente” 4 y 5 homicidios por cada 1,000 habitantes, respectivamente.12Utilizamos el concepto “solamente” a fin de comparar tasas de homicidio en distintos municipios. El concepto, por lo tanto, no debe entenderse como una aceptación de la violencia letal o minimización de la violencia vivida por las víctimas y sus familias.

Los datos a nuestra disposición no revelan una relación clara entre las cifras de homicidio y la destrucción de amapola. A superficie de amapola destruida equivalente, Guadalupe y Calvo (Chihuahua) presenta una tasa de homicidios casi cinco veces superior a la de Tamazula (Durango)

En este contexto, es importante destacar que los datos a nuestra disposición no revelan una relación clara entre las cifras de homicidio y la destrucción de amapola. Así es como, a superficie de amapola destruida equivalente durante el periodo observado, Guadalupe y Calvo (Chihuahua) presenta una tasa de homicidios casi cinco veces superior a la de Tamazula (Durango) (ver cuadro 1 y mapa 2). De forma similar, pero esta vez dentro de una misma región, en la Montaña guerrerense, llama la atención la diferencia entre la tasa de homicidios de Tlacoapa —8 asesinatos por cada 1,000 habitantes— y la de Copanatoyac —19 por cada 1,000 habitantes—, considerando que ambos municipios registraron cifras de destrucción de amapola muy cercanas: 2,199 ha y 2,097 ha, respectivamente.13Superficies que equivalen, respectivamente, a la destrucción de 0.26% y 0.22% de toda el área municipal cada año en promedio.

Los límites de la vinculación entre erradicación y homicidios

¿Cómo explicar entonces que la erradicación de amapola no produzca —o se produzca en— situaciones de violencia letal proporcionales a la intensidad de los machetazos y las fumigaciones áreas?

Nuestro acercamiento cuantitativo a la violencia letal asociada a la destrucción de amapola se enfrenta a un límite fundamental: la falta de precisión de los datos. La sección previa compara dos fenómenos registrados en una misma unidad territorial, el municipio. Esto, porque las autoridades afirman no registrar información estadística sobre sus acciones de destrucción de cultivos ilícitos a un nivel intramunicipal.14Respuesta enviada por la SEDENA a la solicitud de acceso a la información con número de folio 0000700203120.

Sin embargo, estas comparaciones omiten el hecho de que varios de los municipios mencionados cubren territorios extensos, con amplias zonas rurales y pocas vías de comunicación. En este contexto, no es inusual que los fenómenos sociales observados en rancherías o comunidades remotas puedan desarrollarse de una forma distinta a las dinámicas de la cabecera municipal.

Cuando los cultivos de amapola se encuentran en zonas alejadas de la cabecera y existe poca comunicación entre ambos territorios, entonces resulta difícil distinguir si las dinámicas de violencia medidas a nivel municipal realmente reflejan fenómenos asociados con el cultivo de amapola o simplemente ocurren dentro del mismo municipio, a decenas —o hasta cientos— de kilómetros y horas de trayecto. Por ejemplo, entre la ciudad de Badiraguato en Sinaloa y el pueblo Saca de Agua, situado al extremo norte del mismo municipio, hay 148 kilómetros de distancia.  

La escala municipal de los datos no refleja las dinámicas finas de interacción entre el Ejército, las autoridades municipales y los habitantes de las zonas amapoleras.

En Guerrero, Coyuca de Catalán también ilustra esta desconexión. En este municipio de la región de la Sierra, ciertas zonas de cultivo se encuentran a casi diez horas de transporte de la cabecera municipal. Por ende, los habitantes tienen muy poca interacción con su ayuntamiento. Para su vida cotidiana, víveres y servicios, se desplazan hacia las ciudades de la Costa Grande —Tecpán de Galeana o Atoyac de Álvarez. Esta distancia geográfica e institucional influye también en las dinámicas de seguridad pública; en la medida que los batallones del Ejército que acampan y patrullan en la zona sureña del municipio suben desde la Costa hacia la Sierra.

En este contexto, la escala municipal no refleja las dinámicas más finas de interacción entre el Ejército y las autoridades municipales, casi inexistentes en muchos casos, o entre los soldados y los habitantes de las zonas amapoleras. De no existir presencia de la autoridad municipal, las relaciones entre los productores y los soldados incluyen generalmente a otras figuras de poder de facto —caciques, narcotraficantes o incluso personal político de otros municipios colindantes o de nivel federal que adquieren espacio de decisión en un territorio que no les “corresponde”.

Todos estos actores cobran relevancia en la regulación de los cultivos y del tráfico de opio y heroína, contribuyendo así a construir realidades locales que no siguen las divisiones administrativas. Los testimonios recolectados en estas zonas también apuntan a que las autoridades de la cabecera pueden no estar completamente enteradas de lo que sucede en la parte baja de su municipio.15Datos recolectados durante el trabajo de campo realizado en la zona durante el otoño 2020.

El caso de Ayutla de los Libres. ¿Más erradicación, menos homicidios?

Más ilustrativo aún es el caso de Ayutla de los Libres, situado en la Costa Chica de Guerrero. Por un lado, entre 2003 y 2006, se registraron destrucciones de miles de hectáreas de amapola en este municipio, a tal grado que los cuatro años fueron suficientes para posicionar a Ayutla como el segundo municipio del país con la mayor superficie de adormidera destruida de 1990 a 2019 (39,457 ha).16Una discusión sobre el carácter atípico de estas cifras y su potencial explicación a través de las operaciones de contrainsurgencia conducidas en Ayutla durante el mismo periodo, se encuentra en Pierre Gaussens, Irene Álvarez & Paul Frissard, “En nombre de la amapola: erradicación y contrainsurgencia en Guerrero”, 2021. Por otro lado, los homicidios ocurridos en el municipio precisamente disminuyeron entre 2003 y 2006 (ver gráfica 1). A simple vista, la superposición de los dos fenómenos podría sugerir entonces que la intensificación de la erradicación está relacionada con la disminución concomitante de la violencia letal en el municipio.

Este cruce de datos, sin embargo, estaría omitiendo un posible sesgo: ¿qué pasa si la mayoría de los homicidios que ocurren en el municipio no tienen lugar en las zonas amapoleras y, de hecho, tienen poco que ver con las dinámicas de cultivo o de destrucción de la adormidera?

De acuerdo con Gaussens, Álvarez & Frissard,17Pierre Gaussens, Irene Álvarez & Paul Frissard, op. cit., 2021. el cultivo de la amapola en Ayutla se concentra casi exclusivamente en la zona serrana al norte del municipio, desde donde las localidades tlapanecas (me’phaa) se relacionan con comunidades del municipio vecino de Acatepec y no con la propia cabecera municipal de Ayutla de los Libres —situada a decenas de kilómetros y accesible únicamente por una carretera sin pavimento—. Por otra parte, los datos sobre defunciones por homicidio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía —esos sí registrados a nivel intramunicipal— nos indican que el 44% de los homicidios ocurridos en Ayutla fueron producto de agresiones cometidas en la cabecera municipal.18La información sobre la localidad geoestadística (unidad intramunicipal) de ocurrencia de los homicidios empezó a ser registrada en las bases de datos del INEGI a partir de 2001. Es decir, asesinatos que probablemente no estaban vinculados con las dinámicas de cultivo, ni con las de destrucción de amapola.

Por medio de una investigación etnográfica sobre el incremento repentino de homicidios entre 2008 y 2012 —periodo que coincide con la disminución de la erradicación de amapola en Ayutla—, Berber encuentra precisamente que las dinámicas de violencia letal observadas en el municipio se concentraban en la cabecera municipal y tenían que ver con la aparición de “intermediarios violentos” completamente desvinculados de las dinámicas amapoleras de la sierra me’phaa.19Miguel Ángel Berber, “Intermediarios violentos: el uso y la organización de la fuerza como negocio en Ayutla de los Libres”, Estudios Sociológicos, XXXV: 104, 2017, pp.267-291. Asimismo, tanto los datos del INEGI sobre homicidios desglosados por localidad como los hallazgos de Berber refutan la hipótesis de que la intensificación de la erradicación registrada en Ayutla —de la cual podemos deducir una presencia mayor de fuerzas de seguridad pública— tuviera alguna relación con la disminución de la violencia letal entre 2003 y 2006.

De hecho, aunque el discurso oficial sobre la estrategia antinarcóticos se sustenta en argumentos de seguridad pública, el caso de Ayutla entre 2003 y 2006 parece obedecer a otras lógicas. Asimismo, el estudio de Gaussens, Álvarez & Frissard20Pierre Gaussens, Irene Álvarez & Paul Frissard, op. cit., 2021. demuestra que el Ejército utilizó la destrucción de amapola como justificación para militarizar el municipio de Ayutla de los Libres a inicios de los años 2000, con el objetivo de llevar a cabo operaciones contrainsurgentes. Esto, a raíz de la masacre perpetrada en la comunidad de El Charco por el 27 batallón militar21Braulio Isaac Hidalgo & Costilla Gutiérrez, “El Charco. La República del Silencio. 22 años de impunidad”, Pie de página, 6 de junio de 2020. y del aumento de las bases de apoyo al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en la Costa Chica de Guerrero que siguió la tragedia.

Más allá de los homicidios.
Otras formas de violencia por visibilizar.

El análisis de las violencias en los municipios amapoleros pasa por entender que las destrucciones de cultivos realizadas por el Ejército son una tarea violenta en sí misma.

Económicamente, primero, representan una pérdida tanto por el trabajo invertido como por los recursos asumidos por los campesinos —no por los intermediarios y los traficantes. Más aún, la presencia continua de las Fuerzas Armadas en estas zonas remite a esquemas de poder en los que el Estado mexicano trata de forma diferenciada a ciertas partes de su territorio, contribuyendo así a “criminalizar” la pobreza. El papel de las autoridades en las zonas “amapoleras” se construye luego a través de contradicciones profundas entre la tolerancia, el apoyo, la regulación y la represión de actividades ilícitas, pero terminan creando categorías de ciudadanos a los cuales se niega cualquier tipo de integración positiva a la sociedad.22Mariana Mora, “La criminalización de la pobreza y los efectos estatales de seguridad neoliberal: reflexiones desde la Montaña, Guerrero”, Revista de estudos & pesquisas sobre as Américas, vol. 7, núm. 2, 2013, pp. 174-208.

Los esquemas de dominación y la continuidad entre las políticas contra-insurgentes y de “guerra contra las drogas” construyen contextos de altísima impunidad alrededor de las acciones de las Fuerzas Armadas en México.

Estos esquemas de dominación y la continuidad entre las políticas contra-insurgentes y de “guerra contra las drogas” construyen contextos de altísima impunidad alrededor de las acciones de las Fuerzas Armadas en México. La criminalización de los territorios emblemáticos de producción y trasiego de drogas, y por ende el estigma que se pone en sus poblaciones, propicia mecanismos de revictimización que consisten en trasladar la responsabilidad de la violencia a quienes la sufren, por no cumplir con las características subjetivas de lo que Christie definió como la “víctima ideal”:23Nils Christie, “The Ideal Victim”, In: Ezzat A. Fattah (eds) From Crime Policy to Victim Policy, 1986, pp.17-30. ser débil, tener una actividad respetable, ser agredida mientras efectuaba una acción libre de cualquier reproche, ser dominada por su agresor, desconocer y no mantener ningún tipo de relación con su agresor, tener suficiente influencia para reivindicar su estatuto de víctima ante la sociedad y las autoridades. En este contexto, los escenarios de destrucción de cultivos ilícitos han sido históricamente terrenos fértiles para violaciones graves a los derechos humanos.

Las recomendaciones24“Las recomendaciones son instrumentos fundamentales de la CNDH en la protección y defensa de los derechos humanos. Las recomendaciones constituyen una enérgica solicitud a la autoridad para que se brinde la adecuada atención a la víctima, de tal forma que le permita restituir su situación al estado en el que se encontraba antes de sufrir el daño aunque estas no son vinculatorias”. Ver http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=119. de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dan cuenta de la brutalidad ejercida por parte de las Fuerzas Armadas bajo el pretexto de “combatir al narcotráfico”. Por ejemplo, la recomendación 29VG/201925Ver RECOMENDACIÓN No. 29VG/2019. detalla el testimonio de Víctima 6 sobre hechos ocurridos en Sinaloa:

«El 11 (sic, lo correcto es 17) de septiembre de 2015, como a las 16:20 horas, se encontraba en su casa, que en ese momento llegaron muchos vehículos de la Marina y escuchó un estruendo en el portón de la cochera, ya que chocaron un “Hummer” (vehículo) contra la puerta y la tiraron, por lo que los elementos navales ingresaron al domicilio y lo torturaron, que lo golpearon, le fracturaron dos costillas y la clavícula izquierda, así como que le dieron toques eléctricos en los genitales, que los agentes navales le decían ”que dijera dónde estaba la droga y las armas”.

Las violaciones graves a los derechos humanos no solo ocurren con civiles sino incluso también con el mismo personal de las Fuerzas Armadas. En la recomendación 16VG/2018, las víctimas son personal militar a manos de elementos militares en Durango, otro estado de alta incidencia de producción de amapola. De acuerdo con los hechos referidos por la víctima 1 (V1) en ese momento Cabo de Infantería:

Al llegar fue ingresado a una habitación, donde lo sentaron en una silla, le vendaron “los ojos, brazos y piernas, para quedar inmóvil”; que fue cuestionado sobre la relación que mantenía con SP-Militar 2 respecto “del crimen organizado en la plaza de Durango… que no me hiciera pendejo que les dijera la verdad que me ahorrara la madriza”; que fue golpeado “en la cabeza varias ocasiones al no saber nada de lo que me preguntaron”; que una persona vestida de civil, quien dijo ser “Licenciado de la SIEDO” le dijo que “al no querer cooperar… se encargaría… para ponerme a disposición de un juez federal y remitido a un penal federal”, que le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza para intentar asfixiarlo, mientras era golpeado en el estómago, lo que se prolongó hasta las 03:00 horas del día siguiente.

Por su parte V2, en ese momento Sargento 1/o de Materiales de Guerra:

Que fue conducido a su casillero, al tiempo que era presionado psicológicamente para que confesara “si tenía armas u objetos ilícitos”; que al no encontrar nada, fue trasladado en un vehículo a instalaciones del 72/o Batallón de Infantería y al llegar fue ingresado a un dormitorio de oficiales en donde fue presionado por elementos de la policía judicial militar para que aceptara que “trabajaba para una célula del crimen organizado, y que si no lo hacía ya tenían a dos oficiales para que ellos me denunciaran como miembro de la delincuencia organizada”.

Además de las recomendaciones emitidas por la CNDH, los reportes de prensa han podido documentar las violencias ejercidas en zonas de cultivo ofreciendo una mirada enfocada en poblados. Por ejemplo, en 2015 en el poblado de Acachuane en Tamazula, Durango la Marina disparó desde un helicóptero contra niños y adolescentes dejando heridos y muertos. De acuerdo con uno de los testigos:

“Los marinos llegaron como en cacería de brujas, para ver a quién se llevaban preso y hacerlo pasar como delincuente, ya que ellos acostumbran a hacerlo, siempre van contra los jóvenes o adolescentes, porque los creen indefensos, cuando quisimos subir y nos taparon el paso, habían como más de 20 carros de la Marina, habían helicópteros sobrevolando la zona”

El testigo continúa:

“Nosotros no entendemos cómo pueden ser tan malos con nosotros, hace meses salió en la televisión que habían agarrado a delincuentes, cuando era gente humilde del pueblo, pero rápido todo el país odió a los que se supone eran delincuentes y le aplaudieron a quienes deberían haber metido a la cárcel por mentir y culpar inocentes, porque así le hacen, las comunidades de la sierra servimos para que Marina, ejército y policía federal se vengan a surtir de dizque delincuentes y narcos, así ellos quedan bien, nosotros jodidos, y los verdaderos criminales siguen sus negocios.”

Los testimonios aquí compartidos difícilmente representan casos excepcionales. Son tan sólo una muestra diminuta de las violaciones graves de derechos humanos que ocurren en el contexto de “guerra contra las drogas”. Como lo han documentado organizaciones de la sociedad civil tanto nacionales como extranjeras,26Ver por ejemplo: Human Rights Watch, “Uniform impunity. Mexico’s Misuse of Military Justice to Prosecute Abuses in Counternarcotics and Public Security Operations”, 29 de abril de 2009; Amnesty International, “Surviving death: police and military torture of women in Mexico”, 28 de junio de 2016; Amnesty International, “Out of control: torture and other ill-treatment in Mexico”, 4 de septiembre de 2014.la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública —incluida la erradicación de cultivos de amapola— genera condiciones que propician una intensificación de diferentes formas de violencia. En consecuencia, las preguntas relevantes de investigación y de política pública no son únicamente si el cultivo de amapola genera violencia sino cómo la erradicación de cultivos ilícitos violenta a las comunidades.

Conclusión ¿Qué sigue?

Como lo demuestra el caso de Ayutla de los Libres en Guerrero, no podemos únicamente comparar los datos de homicidio y de erradicación para determinar los niveles de violencia. De hecho, para hacer una evaluación rigurosa de los efectos de la erradicación sobre la violencia homicida a nivel local, se requieren datos más desagregados e investigación de campo complementaria.

No obstante, lo que sí podemos afirmar sin temor a ser refutados, es que la erradicación de la amapola ha estado directamente vinculada con otras formas de violencia que no por ser más difícilmente cuantificables son menos tangibles para las poblaciones que las sufren. Como lo detallan los reportes de prensa y las recomendaciones emitidas por la CNDH desde hace varias décadas, la “guerra contra las drogas” ha permitido que se criminalicen territorios donde, en el mejor de los casos, las personas pierden cultivos de los que esperaban obtener recursos para alimentar a sus familias27Para más análisis sobre las grandes desventajas que existen para los cultivadores, ver el primer dossier sobre los factores sociales y económicos existentes en el cultivo de amapola. y en los peores escenarios, las personas pueden ser desaparecidas, privadas de su libertad, torturadas e incluso asesinadas.

Estas realidades difícilmente están vinculadas con los mitos de los grandes “narcos” y de la “kingpin strategy” —la construcción de listas de objetivos prioritarios y el descabezamiento de grupos criminales a través del arresto de “líderes”28Ver el análisis de Carlos Pérez Ricart al respecto, en la revista Nexos: “La Kingpin Strategy: ¿qué es y cómo llegó a México?, octubre 2019. — pero sí contribuyen a establecer regímenes de excepción. Son estos últimos que se observan en las zonas de cultivo de amapola: territorios donde la erradicación y una multitud de prácticas de violencia ejercidas, en parte por las fuerzas públicas, se amparan del “narco” para imponer una forma brutal de orden social.

Finalmente, existe un campo de expresión de la violencia que aún ha sido subestudiado en México, aunque toca dos temas esenciales: la salud y el medioambiente. ¿Qué sabemos actualmente de los efectos que tiene la fumigación aérea de plantíos sobre las personas expuestas directa o indirectamente al herbicida, o sobre la calidad de los suelos y del agua en la que termina la sustancia rociada? De 1990 a 2019, 13% de la superficie total de amapola que las autoridades registraron haber destruido, lo fue por fumigación aérea. En particular, Chilpancingo de los Bravo (Guerrero), Guadalupe y Calvo (Chihuahua), Badiraguato (Sinaloa), Ayutla de los Libres (Guerrero), General Heliodoro Castillo (Guerrero) y Tamazula (Durango) han sido los municipios más expuestos a este método de destrucción —con más de 4,000 ha destruidas durante ese periodo de 30 años. 

Según información de la SEDENA, estos operativos aún son vigentes en 2021 y se realizan con Paraquat,29Respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 0000700094521. un herbicida no-selectivo prohibido en varios países del mundo por su potencial dañino para la salud y el medioambiente.30Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Press release n° 45/07, “THE COURT OF FIRST INSTANCE ANNULS THE DIRECTIVE AUTHORISING PARAQUAT AS AN ACTIVE PLANT PROTECTION SUBSTANCE”, 11 de julio de 2007. Mientras el debate acerca de la fumigación aérea ha sido particularmente fuerte en Colombia en años recientes, en México se mantiene un silencio casi absoluto al respecto. Como si los daños provocados por este componente de la estrategia antinarcóticos no ameritaran atención, porque afectan a algunos de los territorios más marginados del país. Entretanto, el Ejército sigue rociando Paraquat en las serranías amapoleras y destruyendo indiscriminadamente cuanto maíz y frijol se encuentre cerca de las adormideras.31Andrea Vega, “Avionetas devastaron cultivos al fumigar en comunidades pobres en Guerrero, acusa ONG”, Animal Político, 15 de febrero de 2019; Rosalba Ramírez, “Pide alcalde de Chichihualco que el gobierno federal deje de fumigar plantíos de amapola”, El Sur, 6 de noviembre de 2019.

Aunque todavía hace falta documentar y entender las dinámicas más finas de la violencia en territorios amapoleros, el primer paso de una política pública de pacificación consistiría en eliminar los mecanismos de violencia en manos de las propias autoridades.

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