Entrevista con Verónica Zubillaga,
realizada por Yoletty Bracho,
con la ayuda de Gabriela Caveda en la presente edicción en español
¿Cuál es el lugar de la violencia en los barrios y en la vida cotidiana de los sectores populares? ¿Cuáles son sus fuentes, sus vías de circulación, sus mecanismos de reproducción?
Comenzaré destacando la presencia de tres tipos de violencia en el contexto de los sectores populares: la violencia estructural, la violencia armada interpersonal y la violencia policial institucional. La violencia estructural corresponde al conjunto de condiciones sociales subyacentes a la marginación urbana y a la exclusiones social, económica y política que viven buena parte de los venezolanos. En ese sentido, cuando hablamos de violencia estructural nos referimos a las dinámicas que determinan las desigualdades basadas en la posición social, el color de piel, la ubicación geográfica, entre otras.
Estas desigualdades impiden el acceso a servicios públicos como el transporte, el agua o la electricidad, y a derechos sociales y económicos básicos como la vivienda, la educación, la salud y el empleo. Junto con los miembros de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN), de la cual formo parte, observamos que la violencia estructural opera de manera ordinaria, perturbando la vida cotidiana de quienes la sufren y truncando sus destinos a largo plazo. Al mismo tiempo, la violencia estructural determina las estrategias de supervivencia de los diversos grupos sociales afectados por ella, y en este caso las de los hombres jóvenes quienes se ven regularmente empujados a participar en las economías informales, y sobre todo en las economías ilícitas.
Exergue : “Las armas se ‘colaron’ desde las manos de los grupos policiales y militares”
En Venezuela, y más precisamente durante el proceso de alta conflictividad política y social conocido como la Revolución Bolivariana, se ha producido una importante proliferación de armas de fuego. Los informes de la Comisión Presidencial para el Control de Armas y Desarme, a la cual participé, muestran que la mayoría de estas armas se importaron legalmente. Luego, dichas armas se “colaron” desde las manos de los grupos policiales y militares hacia aquellas de las bandas juveniles, de los grupos criminales organizados y hacia las redes ilícitas en general, como resultado de las conexiones que existen entre estas entidades.
La proliferación y circulación de armas entre los hombres que viven en contextos de gran precariedad ha contribuido a la aparición de dinámicas sociales muy violentas. Entre éstas figuran los enfrentamientos por el control de territorios vinculados a mercados ilícitos -como el de la droga- que luego se convierten en violencia armada interpersonal y causan numerosas víctimas1, principalmente entre los hombres jóvenes que viven en una situación de pobreza.
La existencia de bandas criminales fuertemente armadas ha producido respuestas ostensibles por parte de las fuerzas del orden, contribuyendo al fenómeno de escalada de la violencia letal. Surge entonces un ciclo de violencia enmarcado en la intensificación del proceso de militarización de las políticas de seguridad pública, entre las cuales observamos las llamadas políticas de mano dura2 y cuyas consecuencias son múltiples, incluyendo el aumento de la población carcelaria. En reacción a este endurecimiento represivo, las bandas conformadas principalmente por hombres jóvenes de los barrios, se reagrupan para adquirir más armas y se organizan de manera más sofisticada convirtiéndose en grupos criminales organizados.
“Venezuela cuenta actualmente con una de las fuerzas policiales más letales de América Latina”
La creciente organización de estos grupos criminales conduce al incremento de la respuesta armada de las fuerzas del orden, contribuyendo al despliegue de una violencia masiva y letal que transforma a estos últimos en actores de la violencia ilegítima. En contextos como el que describimos suelen formentarse las ejecuciones extrajudiciales. Este proceso nos pone frente a otra forma de violencia, la violencia policial institucional.
Esta violencia institucional, que se ejecuta a través de las políticas mano dura, vive un proceso de mutación en el período post-Chávez. Dicha mutación se pone de manifiesto a partir de 2015 y a través de dos dinámicas: las operaciones militarizadas que se asemejan a una forma de invasión masiva de los barrios, y el paso de una política de encarcelamiento desproporcionado de los residentes de los barrios a su simple y llana ejecución.
La conclusión que se puede extraer del análisis de estas dinámicas es que Venezuela cuenta actualmente con una de las fuerzas policiales más letales de América Latina. Una situación que ha sido documentada recientemente por estudios en los que han participado investigadores de diferentes países de la región, así como por los informes de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela.
Ante realidades tan graves, ¿cómo hacen los habitantes de los barrios para lograr gestionar la violencia presente en su vida cotidiana?
La vida cotidiana en los barrios de la ciudad de Caracas, los cuales constituyen el principal terreno de investigación de REACIN, se caracteriza por formas de sociabilidad muy intensas, de pequeña escala y en las que todos se conocen. Es una vida hecha de intercambios, favores y ayuda mutua para hacerle frente a la ausencia de los poderes públicos y que se traduce en fallas crónicas tanto de justicia como de protección. En estos contextos, la gestión de la violencia está intrínsecamente ligada a las dinámicas sociales específicas de cada barrio.
Por lo tanto, en nuestro trabajo solemos hablar de órdenes territoriales armados para explicar cómo, dentro de una misma ciudad, las expresiones de la violencia varían dado su carácter histórico, espacial y socialmente situado. Esto implica que para entenderlas deben tomarse en cuenta tanto las historias de las organizaciones comunitarias de cadabarrio, como los tipos de relación de dichos barrios con las fuerzas policiales, y según el tipo de actor armado que hace vida en la comunidad.
En los barrios más cercanos al centro de la ciudad hemos observado la existencia de normas mínimas de convivencia compartidas entre vecinos y bandas de jóvenes armados. Por ejemplo, en los diferentes sectores3 que componen el barrio de Carache4 y en los cuales hemos construido un trabajo de campo duradero, los acuerdos mínimos toman la forma de una norma comunitaria básica que consiste en no agredir al vecino del mismo sector del barrio. En este contexto, “el sector” se convierte en la frontera que permite identificar a los miembros de un “nosotros” geográfico dentro del cual se restringe y limita el ejercicio de la violencia.
En general, la relación entre los jóvenes de las bandas armadas y sus vecinos puede describirse como un continuum que abarca desde la hostilidad abierta, pasando por la coexistencia tensa, hasta el intercambio de favores donde las bandas armadas ofrecen seguridad y protección a sus vecinos, mientras que los vecinos protegen a las bandas armadas frente a las intervenciones policiales. En los barrios en los que el tejido organizativo es más fuerte, los vecinos están en capacidad de establecer este tipo de acuerdos mínimos de convivencia con las bandas, visto que pueden ejercer presión y logran tener peso en las relaciones de poder que definen el ejercicio y la regulación de la violencia.
En estos contextos, ¿cuál es el papel que desempeñan las fuerzas del orden estatales? O dicho de otro modo, ¿cuál es el peso del Estado en la producción de la violencia que se vive en los barrios?
Las políticas de mano dura en Venezuela han contribuido a la reorganización de las bandas de jóvenes armados en grupos criminales organizados, una dinámica vista en otros países como El Salvador. Finalmente, uno de los efectos de estas políticas y que se relaciona con la ausencia histórica del Estado social, ha sido la transformación de los grupos armados en actores políticos informales. Como mencionado anteriormente, en tiempos recientes las políticas de mano dura han dado lugar al encarcelamiento masivo de hombres jóvenes de sectores populares, lo que ha empujado a las bandas a aliarse y a organizarse para enfrentar a la policía. Es el caso, por ejemplo, de lo sucedido en el barrio La Caracola: una cadena de barrios que se extiende desde el centro hasta el sur de Caracas y en la cual también hemos realizado trabajo de campo.
Tanto fuerzas policiales como funcionarios públicos de alto rango comenzaron a estigmatizar La Caracola, denominando los corredores de la muerte a la cadena de barrios que la componen. Con ello, justificaron el despliegue de un conjunto de intervenciones militarizadas denominadas “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP). El primer día de esta operación, el 13 de julio de 2015, al menos 14 personas fueron asesinadas. Durante dos años, desde el 2015 hasta el 2017, la comunidad fue objeto de redadas semanales en las que funcionarios de las fuerzas policiales, fuertemente armados y encapuchados, forzaban las puertas e irrumpían masivamente en las casas de los vecinos. Nuestro trabajo de investigación nos permitió documentar distintas formas de brutalidad policial ejercidas durante las redadas, entre las cuales denotan la práctica de ejecuciones extrajudiciales y el robo sistemático de los bienes de los residentes del barrio.
Observamos entonces cómo las comunidades que viven en La Caracola se encuentran atrapadas entre los grupos criminales organizados y las fuerzas del orden, es decir, entre dos actores armados y despóticos. Dada la situación, los habitantes del barrio se ven obligados a solidarizarse con los grupos criminales locales quienes les conceden ciertas ventajas con el objetivo de ganarse su lealtad y de protegerse de la policía, pero que al mismo tiempo los someten bajo su poder.
¿Cuál es el papel que juegan las mujeres en la experiencia y en la gestión de la violencia en los barrios?
El trabajo de campo que alimenta las investigaciones de REACIN, nos ha permitido poner en evidencia el papel central de las mujeres en la micropolítica de los barrios. En dichas investigaciones, nos hemos focalizado en el rol que cumplen las madres en los procesos de desarrollo de estrategias destinadas a suplir la ausencia de protección estatal dentro de contextos extremadamente violentos. Para preservar a sus familias, las madres movilizan un amplio repertorio de prácticas que van desde la resistencia hasta la colaboración con los grupos armados, las cuales pueden resultar en la limitación de la violencia, pero que en ocasiones puede participar a su reproducción. Las prácticas entre la resistencia y la colaboración son la base a partir de la cual se establecen las estrategias políticas de supervivencia, basadas a su vez en los múltiples recursos sociales y psicológicos de las mujeres.
“Un joven que no respeta las normas mínimas de convivencia puede ver su reputación degradada a través del poder del chisme”
Los recursos conversacionales y discursivos desempeñan un papel fundamental dentro de las estrategias de supervivencia: por ejemplo, la amenaza de la denuncia a la policía es una de las prácticas más recurrentes para hacer frente a los jóvenes de las bandas armadas, incluso sin necesariamente llevar a cabo dicha denuncia. Sin embargo, el mecanismo por excelencia para controlar a los jóvenes armados es el chisme. Un joven que no respeta las normas mínimas de convivencia puede ver su reputación degradada a través del poder del chisme, lo que puede traerle como consecuencia ya sea su denuncia ante las autoridades o las represalias por parte de otros hombres armados de la comunidad. Vemos entonces cómo los recursos conversacionales tienen un rol central en la definición del poder de las mujeres en estos espacios.
Sin embargo, en un contexto como el del barrio La Caracola, las mujeres ya no se enfrentan a simples bandas armadas sino a verdaderos grupos criminales organizados. En este tipo de situación, si llega a caer sobre cualquier mujer la sospecha de ser una chismosa, es decir, de difundir chismes fuera de la comunidad y hacerlos llegar hasta las autoridades colaborando con ellas en la preparación de sus incursiones en los barrios; dicha sospecha puede terminar pagándose con la vida. Esta amenaza fue efectivamente puesta en ejecución en el barrio La Caracola, donde una mujer fue quemada en un lugar público de la zona tras ser acusada de ser una chismosa.
Si comparamos la situación de las mujeres de La Caracola con la de las mujeres de Carache, como barrio más cercano al centro de la ciudad, surge un fuerte contraste. Aunque la comunidad de Carache tiene sus propias vivencias en términos de abusos policiales, en su barrio no se han vivido el tipo de operaciones militarizadas e invasivas que surgen con las políticas de mano dura, como es el caso de la OLP. Efectivamente, gracias a la larga historia de acción social de sus grupos religiosos, educativos y comunitarios, en Carache ha sido posible el desarrollo de estrategias alternativas para afrontar la violencia.
Dentro de esta comunidad, las mujeres han sido capaces de unirse entre ellas para construir pactos mínimos de convivencia con las bandas armadas locales y han obtenido, por ejemplo, la demarcación de espacios libres de armas y la regulación de los enfrentamientos armados. Las mujeres de Carache afirman haber logrado estos objetivos gracias al apoyo de las organizaciones locales, y al uso de sus propios recursos conversacionales y discursivos, típicos de la micropolítica del barrio. Las mujeres hablaron, gritaron, regañaron y así se enfrentaron a los hombres armados de su barrio.
La comparación de las experiencias de la violencia vividas por las mujeres de distintos barrios de Caracas revela cómo las políticas de militarización de la seguridad pública tienen como consecuencia el desempoderamiento de las madres, reforzando su sumisión a los poderes armados locales. En efecto, dichas políticas privan a las mujeres de los recursos que histórica y tradicionalmente han movilizado con el fin de negociar mejoras para la vida comunitaria.
Notes
- Entre 1999 y 2009, según las cifras oficiales, las tasas de homicidio aumentaron de 25 a 49 homicidios por cada cien mil habitantes. En el 2016, un año después de una mortífera ola de intervenciones militarizadas, la tasa fue de 70 homicidios por cada cien mil habitantes, la más alta de América Latina después de la de El Salvador. ↩︎
- Mano dura: es el nombre común de las políticas de endurecimiento de la acción policial. Para más detalles sobre estas políticas, véase la entrevista con Keymer Ávila en este mismo dossier. ↩︎
- El “sector” representa una división interna delbarrioo vecindario. Esta división informal tiende vincular tanto las fronteras territoriales como las sociales (especialmente en torno a la noción de “comunidad” como unidad de experiencia social compartida). ↩︎
- En aras de preservar el anonimato, se han cambiado los nombres de los barrios. ↩︎