Entrevista con Alejandro Velasco, realizada por Fabrice Andréani

¿Cómo caracterizaría la política estadounidense hacia Venezuela en los últimos cuatro años?

Desde un principio la administración de Donald Trump manejó los asuntos relativos a Venezuela de acuerdo con su peculiar concepción de los asuntos exteriores, o de la política de manera general. Aún cuando el Presidente y su equipo desplegaron una campaña agresiva –calificada de “máxima presión”– contra el gobierno de Nicolás Maduro durante cuatro años, no construyeron una estrategia cohesiva, a partir de objetivos fundamentados en intereses nacionales claramente identificados. Se trató más bien de una política desarticulada, discontinua, a menudo contradictoria y sobradamente influenciada por los intereses específicos –y en muchos casos contrapuestos– de sus responsables.

Esta campaña se distinguió por la promulgación de una serie de sanciones financieras y comerciales indiscriminadas contra el Estado venezolano, que supuestamente allanarían el camino para un muy hipotético “cambio de régimen” (regime-change), así como una comunicación oficial amenazadora, con Trump y sus colaboradores notificándole regularmente a Maduro que “todas las opciones están sobre la mesa”. Sin embargo, al afectar a la población mucho más que al régimen en cuestión, las sanciones sólo agravaron una situación humanitaria ya en sí sumamente crítica, mientras los dirigentes bolivarianos no tardaron en comprender que las amenazas de una intervención militar estadounidense in situ eran pococreíbles.

Con su retórica singularmente belicosa, Trump más que todo instrumentalizó la cuestión venezolana para asegurarse los votos del Colegio Electoral de Florida, con vistas a su reelección en 2020. Así que se dedicó a alentar la fobia hacia “el socialismo” o la izquierda en general que desde hace varias décadas está profundamente anclada dentro de las comunidades de expatriados latinoamericanos en Estados Unidos, y en particular los Cubanos de Miami. Es ésta una de las razones por las que desde el inicio de su mandato, Trump externalizó su política latinoamericana hacia el senador de Florida Marco Rubio, él mismo de origen cubano y quien tenía –y sigue teniendo– como principal objetivo revertir la diplomacia de acercamiento con La Habana implementada por Barack Obama. En ojos de Rubio, el derrocamiento de Maduro y la instalación en Caracas de un régimen respaldado por Washington era –y sigue siendo– la mejor manera de cortarle el oxígeno al gobierno cubano, dependiente del petróleo venezolano adquirido a precios preferenciales.

Si bien los demás oficiales de la administración igualmente estaban ansiosos por sofocar el régimen de Maduro y verlo caer, se trataba para cada cual de un medio para otros fines, en ningún caso de un fin en sí mismo. Ello empezando por los “halcones” Mike Pompeo y John Bolton, nombrados en 2018 Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional, respectivamente: ambos desarrollaron una retórica belicista, pero Pompeo bien sabía que tanto el Departamento de Estado como la CIA –que acababa de dirigir– en gran medida estaban renuentes a cualquier aventura militar en Venezuela (al igual que el Pentágono, por lo demás); mientras que a todas luces Bolton contaba seriamente con una operación rápida y exitosa contra Maduro para convencer a Trump de que le sería conveniente (y viable) lanzarse en una guerra contra Irán –una obsesión que Bolton anda promoviendo dentro de la Casa Blanca desde el primer mandato de G.W. Bush (2001-2004).

En 2019, Trump le dio más crédito a esta línea intervencionista. Decidió apoyar al joven diputado venezolano Juan Guaidó, consagrado “presidente interino” por la mayoría parlamentaria opositora –y llamando a los militares a alistarse bajo su mando–, como respuesta a la amañada reelección de Maduro en 2018[note]El escrutinio fue ampliamente boicoteado por los electores, ya que el gobierno se negó a actualizar los anticuados registros electorales (pese al éxodo continuo) y impidió a los más destacados partidos y candidatos opositores presentar su candidatura.[/note]. Al mismo tiempo, Elliott Abrams, un neo-conservador que había hecho sus armas junto a Bolton y otros en las administraciones de Ronald Reagan (1981-1988), fue designado Representante Especial para Venezuela. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence empezó a alabar a su correligionario evangélico Guaidó como una figura providencial capaz de “liberar” al pueblo venezolana –y así mismo de garantizar su reelección junto con Trump. Sin embargo, Bolton fue empujado hacia la salida tan temprano como en septiembre de 2019 –a falta de resultados–, y en sus memorias publicadas en junio de 2020 terminó reprochando inequívocamente a Trump su “debilidad” respecto a Venezuela.

En el fondo, cada uno de aquellos funcionarios tenía buenas razones para dejarse convencer por los sectores más radicales de la oposición venezolana en el exilio de que Maduro era mucho más débil que lo que indicaban los hechos sobre el terreno. En estas condiciones, mientras que Trump optó por el diálogo y la búsqueda de “acuerdos” (o deals) con diversos tipos de regímenes represivos que restringen el pluralismo político –Corea del Norte, Egipto, Rusia, Turquía, Arabia Saudí–, destacó su intransigencia respecto a Venezuela. Pero aquella era una postura tan desinformada como incoherente, y por lo tanto frecuentemente errática y contraproducente.

¿En qué se diferenció esta política de la del anterior presidente Barack Obama, y qué balance se le puede hacer hoy en día?

La previa administración buscaba combinar “el palo y la zanahoria”, como se dice comúnmente: por un lado, imponía sanciones financieras individuales selectivas contra los jerarcas del régimen sospechados de corrupción, narcotráfico o violaciones de derechos humanos, sobre todo congelando sus activos en Estados Unidos y denegándoles visados de entrada en suelo estadounidense; y por el otro, enunciaba condiciones inequívocas para su relevo. En 2016, dada la ofensiva gubernamental contra la nueva mayoría parlamentaria opositora[note]Desde 2016 Maduro gobernó bajo un continuo estado de excepción, anulando las implicaciones tan legislativas como ejecutivas de la aplastante victoria opositora en las elecciones parlamentarias, e incluso suspendiendo un popular referendo revocatorio contra su mandato.[/note], la organización de elecciones abiertas y justas, en las que los venezolanos elijan libremente su futuro político, llegó a ser la más importante de esas condiciones.

En cambio, las sanciones de la administración Trump llevaron puro “palo” –y nada de “zanahoria”. Este enfoque se basaba en la creencia de que Maduro era políticamente débil y podía ser fácilmente desplazado, del momento que se cortaban las principales fuentes de ingresos del Estado –o al menos de aquellos en dólares. Esta política de ahogo económico fue anunciada en agosto de 2017 –tras cuatro meses de protestas brutalmente reprimidas[note]Dicho ciclo de movilización terminó con la instalación de una Asamblea Constituyente “plenipotenciaria”, después de un escrutinio hecho a medida por el gobierno y boicoteado por la abrumadora mayoría de los votantes.[/note]–, e inició con la prohibición de toda compra de nuevos bonos de la deuda de la República así como de la empresa petrolera nacional PDVSA en Wall Street. A ello se sumó el embargo a las exportaciones de crudo criollo hacia Estados Unidos y la congelación de los activos públicos venezolanos en ese país y algunos de sus aliados (2019); ello empezando por Citgo, la sucursal de PDVSA propietaria de una extendida red de refinería y distribución a lo largo del territorio estadounidense.

“Esta política ha reforzado el yugo de Maduro y sus socios sobre la mayoría de los Venezolanos”

Estas medidas terminaron afectando a la población en su conjunto, y con más fuerza aún después que Washington acabó con las exenciones concedidas a los socios estadounidenses de PDVSA que todavía operaban en Venezuela, y le vetó a Caracas toda importación de gasolina y diésel norteamericanos (2020). Toda esta política resultó totalmente contraproducente, ya que sólo ha reforzado el yugo de Maduro y sus socios sobre la mayoría de los Venezolanos, quienes no tienen acceso de forma regular a divisas como el dólar o el euro, y por lo tanto se encuentran cada vez más dependientes de los menguantes recursos –en particular alimenticios– administrados por el gobierno. Además, y para colmo, habiendo Maduro negado pura y llanamente la propia existencia de alguna crisis económica durante cuatro años, ahora podía echar toda la culpa de las carencias del Estado a aquellas sanciones y volver a movilizar apoyos políticos tanto dentro del país como en el exterior.

En paralelo, cuando en enero de 2019 Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como “presidente interino”, se alinearon medio centenar de Estados entre América Latina y Europa. Pero aquella estrategia de aislamiento diplomático también produjo el efecto contrario al esperado: a Maduro le reiteraron su respaldo tanto el ejército como sus aliados internacionales –Cuba, Rusia, China, pero también Turquía–, mientras se consumieron en pocos meses las esperanzas suscitadas por Guaidó. Éste fue llevado a tomar decisiones tácticas cada vez más erráticas. En abril de 2019 escenificó un golpe de Estado militar-judicial que resultó frustrado, ya que la mayoría de sus supuestos cómplices dentro del régimen nunca aparecieron. Unos meses más tarde, alentó la elaboración de un plan de desembarco marítimo de un puñado de militares venezolanos disidentes con mercenarios estadounidenses, que al materializarse en mayo de 2020 fracasó de manera más tragicómica aún.

Semejantes jugadas terminaron quitando toda credibilidad a la figura del “presidente interino” en el país así como en el resto del mundo –e incluso en la Casa Blanca–, resquebrajando a la oposición como pocas veces antes –y reforzando la reputación delos servicios de contra-inteligencia del régimen y de sus socios cubanos. Además, al aferrarse a una estrategia cortoplacista a toda costa, Estados Unidos y Guaidó se encontraron atrapados en un círculo vicioso, aplicando sanciones cada vez más estrictas y contraproducentes.

Al fin y al cabo, e irónicamente, con el respaldo de la administración Trump el “gobierno virtual” de Guaidó –como lo apodaron sus críticos en los rangos opositores– sí sirvió para una especie de “cambio de régimen” –como solían abogar– pero en dirección opuesta: desde un régimen autoritario que mostraba algunos signos de vacilación en 2016-2017, hacia una dictadura relativamente consolidada, con una oposición mucho más débil que antes.

¿Puede uno esperar algún cambio de rumbo de parte de la nueva administración de Joe Biden?

Respecto a Venezuela, Joe Biden tendrá que enfrentarse a dinámicas contrapuestas. Por un lado, de cara a las elecciones de medio mandato, cualquier tipo de alivio de la presión ejercida sobre Caracas y/o La Habana conlleva el riesgo de una mayor alienación de los expatriados y exiliados cubanos y venezolanos, las mismas comunidades que ayudaron al Partido Republicano conservar el estado de Florida en 2020.

Por el otro, el fracaso de la “máxima presión” implementada por la administración Trump implica necesariamente una que otra rectificación, más aún cuando la crisis venezolana se convirtió desde hace varios años en una regional –e incluso hemisférica–, con el éxodo de millones de personas en los países vecinos presionando las ya golpeadas economías locales y sus precarios servicios públicos, y generando reacciones xenófobas en Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y demás lugares. Estas dinámicas sólo se han agudizado durante la pandemia de Covid-19, y seguramente se irán agravando a medida que aquellas sociedades intenten recuperarse en los próximos meses. Así que probablemente los demás gobiernos latinoamericanos, más allá de sus divergencias ideológicas, intensifiquen sus esfuerzos para que Estados Unidos cambie de rumbo con Venezuela.

La administración Biden puede contar con varias herramientas para reconfigurar su política hacia Venezuela. Por cierto, últimamente cumplió con lo prometido en campaña, al otorgar un Estatus de Protección Temporal (TPS) a los Venezolanos, permitiéndoles residenciarse y trabajar legalmente –en vez de ser llevados en centros de detención y deportados. Pero adicionalmente, Biden bien podría restablecer algunas disposiciones claves de la administración Obama, como el supeditar la flexibilización de las sanciones financieras y comerciales contra el régimen a una serie de condiciones políticas claramente enunciadas.

Así mismo, al acercarse a sectores opositores más moderados y que se han quedado en Venezuela como Henrique Capriles (candidato presidencial en 2012 y 2013), obraría en pro de una reapertura de las negociaciones con el gobierno auspiciadas por Noruega, con vistas a una solución electoral que incluya al chavismo –sea éste encarnado por Maduro u otro oficial; una ruta que había sido repetidamente trancada por la anterior administración al empujar a Guaidó a subir las apuestas de manera irrazonable. En resumen, si bien cualquier cambio de rumbo con respecto a Venezuela presenta riesgos para Biden y su partido, nada sería más peligroso y contraproducente que el mantener el actual statu quo.

¿Cómo intentará Maduro relegitimarse en la escena regional y mundial?

Es importante entender que la legitimidad de la que Maduro pretende prevalerse tanto en la escena regional como global no es democrática ni electoral, sino política. A lo largo de los últimos cuatro años, y en particulardesde su cuestionadísima reelección en 2018, los dirigentes antichavistasse empeñaron en imponer en el exterior la imagen de un presidente anticuado y prescindible. En conjunto con la administración Trump, han construido y difundido una visión totalmente errónea del juego político nacional, según la cual la ilegitimidad de jure del presidenteequivaldría a una ilegitimidad de facto. En ese contexto, Maduro esencialmente intentará ampliar sus márgenes de maniobra en vista de una eventual negociación con la llamada “comunidad internacional”. Hará todo lo posible por consolidar su control sobre las fuerzas políticas que siguen reclamándose del chavismo, y mantener a la vez a la oposición fragmentada.

Por un lado, las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2020 dieron lugar, tanto antes como durante y después del voto, a todo un conjunto de maniobras judiciales e irregularidades por parte de la camarilla gubernamental, dirigidas no solamente en contra del antichavismo sino también de las neo-disidencias –incluso una modificación in extremis del modo de escrutinio. El gobierno pudo hacerse con más del 90% de la Asamblea nacional, pero a costa de un masivo boicot opositor. A la vez, Maduro pudo sofocar cualquier ánimo crítico surgido desde el seno del chavismo, premiando a los “maduristas” leales y afianzando un poco más su yugo sobre las instituciones del país.

Por el otro lado, de nuevo el antichavismo se está devorando a sí mismo. En efecto, no obstante el apoyo internacional que sigue ostentando Guaidó, el término legal del mandato de la antigua Asamblea nacional (el 5 de enero de 2021) y la salida de su padrino de la Casa Blanca (el 20 de enero) han puesto seriamente en tela de juicio su capacidad y legitimidad para representar –y más aún liderar a una oposición cada vez más heterogénea y fraccionada.

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