La violencia política-electoral en México, 2020-2021. Lo que dicen y lo que esconden los datos.

Este informe es parte del Proyecto Elecciones y Violencia del Programa Noria para México y América Central

El trabajo sobre los datos de violencia está coordinado por María Teresa Martínez Trujillo

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Introducción

Las elecciones son probablemente el ritual más revelador de las democracias. ¿En qué condiciones intentan los candidatos persuadir a los electores? ¿Cómo éstos ejercen su voto? ¿Cómo se viven las campañas y, más tarde, las victorias y derrotas? Éstos son los rasgos que dibujan de cuerpo entero no sólo a la democracia, sino al juego político en sí mismo.

En México, este proceso es particularmente violento. En cada ciclo electoral se registran incidentes. En este informe, analizamos el caso del periodo electoral 2020-2021. Éste llamó la atención, dentro y fuera del país, no sólo por tratarse de la contienda más grande de la historia, sino también por la multiplicidad de casos de violencia dirigida contra candidatas y candidatos. En forma de amenazas, intimidaciones u otros actos violentos que pueden llegar a ser homicidios, la coerción es un actor clave del juego democrático mexicano.

Para analizarlo, partiremos de una serie de preguntas clave: ¿Qué sabemos de la violencia política-electoral durante el más reciente periodo? ¿Qué tipo de incidentes ocurrieron y cómo? ¿Cuál es el perfil de las víctimas y victimarios?

En este reporte se responden éstas y otras preguntas a partir de nuestra Base de Datos de Noria-MXAC sobre violencia política y electoral en México, 2021.

El reporte se divide en cuatro secciones.

Primero, se ofrece una discusión sobre las formas en que se mide la violencia política-electoral en México, destacando los alcances y límites de los datos disponibles. En esta misma sección, se describe la construcción de la Base de Datos ya referida, con el ánimo de transparentar la metodología, al tiempo que se advierten algunas limitantes del análisis que de ellos se deriva.

En la segunda sección, se analizan las incidencias de violencia política y electoral reportadas por la prensa local y nacional, colectadas y sistematizadas por el Programa Noria MXAC. En ella se discute lo que los datos nos revelan sobre la violencia electoral, pero también se señalan puntos ciegos relevantes, anticipando cómo se podrían atemperar en el futuro.

La tercera sección se concentra en el caso del estado de Veracruz, la entidad en la que se registraron el mayor número de incidencias en el periodo analizado. Exploramos algunas pistas sobre lo ocurrido ahí.

Finalmente, en la cuarta sección nos detenemos en las incidencias reportadas durante el día de la jornada electoral, el 6 de junio de 2021. Si bien se trata de una suma menor de eventos considerando la magnitud de la elección, conviene detenernos a analizar qué tipo de incidentes ocurrieron; qué sabemos de los perpetradores; y, en todo caso, discutir las implicaciones que esto pudo tener, tanto en el momento de la emisión de los votos, como en lo que vendrá después para las administraciones ya instaladas.

Contar, medir y explicar: tres formas de acercarse al fenómeno de la violencia política-electoral

¿Qué investigamos?

“La elección más violenta” es una etiqueta que parece trasladarse de un ciclo electoral al otro, tanto como expectativa que como conclusión de los comicios.

Sin embargo, ¿cómo medimos y decretamos que una elección es más violenta que otra? ¿Con qué parámetros definimos el nivel de violencia relacionada con la política que ocurre en un proceso electoral? ¿Cómo construimos, de hecho, la categoría de violencia política y/o electoral?

El primer paso para dar respuesta a esta pregunta es definir – y casi decidir – a qué nos referimos con violencia política-electoral. En este trabajo, consideramos todos los actos de violencia que se cometen en contra de personajes políticos o que desempeñan un papel en esta arena.

Ampliar la mirada más allá de los homicidios dolosos permite considerar en el análisis otras formas de coerción como las amenazas o intimidaciones que pueden tener efectos mayores en la vida política y que solemos minusvalorar o pasar por alto.

Generalmente, en México, el concepto se acota a aquello que ocurre durante los periodos electorales, por lo que se suele enfocar especialmente en las y los candidatos a puestos de elección popular que sufren algún tipo de agresión, especialmente el homicidio. Esto tiende a dejar de lado lo que ocurre mientras se ejercen los cargos, o cuando se definen las candidaturas, ambos lapsos que pueden implicar tensiones entre actores que están en competencia o confrontación. Además, ampliar la noción de violencia más allá de los homicidios dolosos permite considerar en el análisis otras formas de coerción como las amenazas o intimidaciones que pueden tener efectos mayores en la vida política y que solemos minusvalorar o pasar por alto.

Consideramos entonces los actos violentos cometidos en contra de actores que ocupan cargos políticos, no sólo candidatos a puestos de elección popular. Luego, si bien la discusión pretende trascender el periodo electoral – dado que el propósito de este informe es reflexionar sobre lo que ocurrió en la campaña, se movilizarán datos del periodo que va de septiembre de 2020 al 6 de junio de 2021, el día de la elección, el cual es reconocido formalmente como proceso electoral.

¿Cómo y dónde lo buscamos?

Una vez que tenemos la pista de qué queremos explorar, el reto es cómo hacerlo. La aproximación más básica es la de contar, es decir, sumar aritméticamente casos de agresiones, amenazas, riñas, desapariciones forzadas y homicidios, entre otras formas de violencia. Para ello, hace falta una fuente de información que nos permita recuperar los casos de interés.

Los registros judiciales, carpetas de investigación o sentencias serían un repositorio ideal para recopilar información, pues además del número de casos sería posible recuperar detalles de lo acontecido durante los mismos. Sin embargo, debido al alto nivel de impunidad que hay en México, pocos casos se judicializan y la calidad de los datos depende de la habilidad de las instituciones para conocer de los casos, documentarlos, registrarlos y, eventualmente, reportarlos.

Los registros médicos también podrían ser una fuente de información valiosa, pero éstos – cuando existen – se limitan a agresiones graves que implican la intervención del personal médico, e inclusive forense. Así, tienden a ignorar formas de violencia como las amenazas, las presiones sicológicas o los daños que se cometen al patrimonio de los actores políticos, por ejemplo.1Conviene tener en cuenta que la forma en la que las autoridades gubernamentales registran y reportan los datos de violencia, tales como los homicidios dolosos, sean estos en el contexto político-electoral o no, podrían ser analizados como una política pública, en la medida en la que informan sobre el hacer o no hacer del gobierno ante un problema público.

La principal fuente de información que se utiliza en México para colectar los casos de violencia política-electoral es la prensa, nacional y local.

Cabe mencionar que en todos los casos, tanto académicos como de consultorías privadas, las bases de datos no están abiertas y accesibles al público.

Por otra parte, los registros oficiales (carpetas de investigación y/o registros médicos) son accesibles de manera parcial, principalmente a través de mecanismos de transparencia. Recopilarlos supone, entonces, un amplio trabajo de archivo, así como una serie de gestiones para acceder a información que probablemente siga siendo incompleta.2Desde los equipos de Noria-MXAC estamos haciendo este esfuerzo en paralelo, para responder a las preguntas que inspiran este proyecto.

Entonces, la principal fuente de información que se utiliza en México para colectar los casos de violencia política-electoral es la prensa, nacional y local.3Es el caso también para las referencias en la materia, como por ejemplo: el trabajo académico de Guillermo Trejo y Sandra Ley, Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico, Cambridge University Press, 2020); y los informes difundidos por las empresas privadas Integralia y Etellekt, entre otras. Cabe mencionar que en todos los casos, tanto académicos como de consultorías privadas, las bases de datos no están abiertas y accesibles al público. Aunque no es un mal punto de partida, conviene tener en mente que no todo lo que ocurre en distintas localidades llega a los periódicos. Así, los datos que consigna la prensa y que, tras un trabajo cuidadoso y sistemático se convierten en una base de datos, no están exentos de replicar los sesgos con los que la prensa recupera y reporta lo que acontece.

Por ejemplo, un medio puede tener una línea editorial que lo condicione para tener mayor o menor atención en cierto tipo de violencias electorales, sobre-representando algunas prácticas, o bien, sub-reportando otras. Por otra parte, si ocurre un acto violento en una zona en la que los medios con mayor audiencia no tienen corresponsalías, es probable que éste no llegue más lejos que a medios locales de baja circulación, si es que queda registro de ellos.

Porque trabajamos con datos de prensa, es importante no perder de vista que a veces los casos reportados pueden decir más de las dinámicas de cobertura de los medios de comunicación, que de lo que sucede en sí.

En pocas palabras, para movilizar datos que provienen de la revisión de prensa: 1) conviene ampliar lo más posible la cantidad y tipo de medios que se incluyen en el proceso, y; 2) no perder de vista que los casos reportados pueden estar hablando más de las dinámicas de cobertura de los medios de comunicación, que de lo que pasa en sí.

Por otra parte, se deberían de considerar las redes sociales como fuentes de información sobre casos de violencia política, incluso en tiempo real. Lo publicado en plataformas como Facebook, Twitter o lo comunicado a través de foros de discusión, grupos de WhatsApp y otras formas de comunicación colectiva semi-privadas puede ser una fuente de información privilegiada. Para estos casos, se requieren implementar técnicas de etnografías digitales (Hine, 2000), las cuales permiten recolectar información, desarrollar mecanismos para filtrar información poco confiable y sobrepasar los dilemas éticos asociados al análisis de este tipo de datos.4Christine Hine, Virtual Ethnography, Sage Publications, 2000. Este es un proceso que en Noria-MXAC hemos comenzado a poner en marcha, en una etapa embrionaria.

Contar no es medir

Ahora bien, recopilar las incidencias de violencia política-electoral no significa conocer la magnitud del fenómeno.

Incluso, comparar el conteo de un año respecto a otro no alcanza para dar una idea ni de la gravedad del tema, ni de cómo podemos caracterizarlo. ¿Hay más agresiones porque hay más puestos electorales en juego? ¿Hay más violencia política porque hay más inseguridad en general? Para tener un mejor entendimiento de los hechos de violencia también se necesitan conocer las circunstancias en las que ocurren.

Si comparamos con el análisis de la pandemia por Covid-19, por ejemplo, podemos ver que no es suficiente el número de infectados para entender la situación global. Se requiere también saber dónde ocurren, cuántas pruebas se realizan, cuántas personas se hospitalizan y cuántas sobreviven. Es el mismo caso con las incidencias de violencia. Si tan sólo se ven los números absolutos, nos quedamos con una visión un tanto borrosa y de corto alcance de la situación, lo que no abre las puertas a posibles soluciones.

Contar es distinto a medir.

Para lograr lo segundo, la recolección de incidentes debe acompañarse por puntos de referencia que nos permitan dimensionar y caracterizar lo que se observa.

Entonces, no sobra enfatizar que contar es distinto a medir. Para lograr lo segundo, la recolección de incidentes debe acompañarse por puntos de referencia que nos permitan dimensionar y caracterizar lo que se observa. Por ejemplo, 101 políticos asesinados en el ciclo 2020-2021 (Base de Datos Noria-MXAC) puede ser, efectivamente, un número mayor de aquellos registrados en procesos electorales previos. Sin embargo, eso no necesariamente refleja el agravamiento de una situación si se trata del efecto de estar ante un proceso electoral donde hay un incremento mayor del número de candidaturas o de espacios competidos.

Por otra parte, medir los niveles de violencia política-electoral en México implica ir más allá de la suma de los detalles que puede contener una nota de prensa. ¿Qué peso tienen el contexto político y socioeconómico en la ocurrencia de prácticas violentas? ¿Qué lugar ocupan los espacios rurales respecto a los urbanos en el uso de la violencia como uno de los instrumentos con los que se desarrolla la vida política? ¿Qué tanto importa la militancia partidista en la fuerza o vulnerabilidad de políticos locales?

Así, agregar el contexto supone operacionalizar distintos atributos (variables) que pueden rodear, de cerca o lejos, el incidente. Además del esfuerzo de recolección de información – generalmente dispersa, difícilmente compatible y casi siempre incompleta o inaccesible – este ejercicio conlleva no pocas discusiones para definir cómo convertir categorías en conceptos más complejos.

Dentro del juego político, un incidente de violencia no sólo es un número, sino que se traduce en una proporción, una tendencia, una trayectoria, un mensaje, una relación que puede cambiar en el tiempo.

Por ende, puede revelar o esconder prácticas que superan o trascienden coyunturas puntuales.

Por ejemplo, si pretendemos incorporar la variable del ‘partidismo’ al análisis, lo lógico es considerar el partido político en el que militaba la víctima de un incidente de violencia. Ahora bien, eso nos dice poco de las dinámicas internas de un partido político, pues no alcanza a reflejar si ser “panista” o “morenista” en una localidad es equiparable a serlo en otra. Además, la filiación partidista no alcanza a reflejar que un partido político puede tener tensiones internas en alguna localidad y funcionar de manera más homogénea en otra. Por ejemplo, ser del PRI en Atlacomulco (Estado de México) no significa lo mismo que serlo en Buenavista Tomatlán (Michoacán), Tijuana (Baja California) o Monterrey (Nuevo León).

Esto por no hablar de que las etiquetas partidistas pueden transformarse en el tiempo, incluso a través de alianzas impensables en el pasado reciente – la triple alianza PRI-PAN-PRD en 2021, por ejemplo. Luego, la etiqueta tampoco indica la lealtad partidista del candidato: el mismo apellido puede, según las épocas, estar vinculado con partidos diferentes, como suele suceder en muchas regiones de México. Desde luego, suponer que las dinámicas partidistas nacionales – o lo que conocemos de ellas – son equiparables a las dinámicas locales es, por lo menos, miope.

Dentro del juego político, entonces, un incidente de violencia no sólo es un número, sino que se traduce en una proporción, una tendencia, una trayectoria, un mensaje, una relación que puede cambiar en el tiempo. Por ende, puede revelar o esconder prácticas que superan o trascienden coyunturas puntuales.

¿Cómo pasar de los datos a las explicaciones?

Aunque el proceso de caracterizar la comisión de actos violentos ya es un paso delante de sólo contar, esto todavía no implica estar frente a explicaciones. Es decir, la nobleza de los datos puede darnos pistas de análisis, pero su valor explicativo depende de un esfuerzo de interpretación que, una vez más, no está exento de sesgos y propensiones a replicar los relatos conocidos de la violencia.

En el caso de la violencia política-electoral, un primer esfuerzo de medición nos permite establecer algunos patrones sobre la comisión de actos violentos contra personajes políticos, pero no necesariamente revela si éstos son resultados de una contienda por el poder en la localidad entre diferentes grupos con capacidad de ejercer violencia, o bien, si se trata de una acción de grupos criminales por el control de mercados ilegales o espacios valiosos para la extracción ilegal de rentas.

La nobleza de los datos puede darnos pistas de análisis, pero su valor explicativo depende de un esfuerzo de interpretación que, una vez más, no está exento de sesgos y propensiones a replicar los relatos conocidos de la violencia.

Si seguimos la narrativa dominante con la que se explica la violencia en México, es probable que el número de incidentes termine interpretándose como otro ejemplo de que “los grupos criminales buscan dominar la plaza”. En cambio, si incorporamos al análisis la dificultad de distinguir a unos actores violentos de otros por sus prácticas, en qué medida cooperan, qué tanto se confrontan, y cómo la frontera de lo legal e ilegal se diluye con frecuencia, entenderemos que la explicación alrededor del fenómeno puede partir de la exploración de los datos, pero no puede concluir en esa etapa.

Es entonces cuando el proceso de interpretación debe incorporar un ejercicio honesto que repare en los límites de los datos y en la confrontación de lo que nos dicen con lo que podemos observar en intervenciones prolongadas en el campo, por ejemplo.

Nuestro proyecto y la creación de la base de datos Noria MXAC

Con la intención de replantear preguntas y revisar algunas de las explicaciones recurrentes, en el Programa para México y Centroamérica de Noria Research (Noria MXAC), emprendimos este proyecto en el que no sólo buscamos contar incidencias, sino sentar las bases de una serie de explicaciones que, desde diversas disciplinas, se pueden desarrollar a partir de los datos disponibles.

Nuestra metodología

La Base de Datos Noria-MXAC sobre violencia política y electoral en México, 2021, se construyó a partir de la revisión amplia y sistemática de periódicos de circulación nacional y local. Debido a las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19, en esta primera fase se recopilaron incidencias solo en medios disponibles en línea. Sin embargo, el diseño de la base de datos permite agregar casos y variables que nos servirán en el futuro, cuando las condiciones nos permitan regresar a las hemerotecas y a los archivos.

Atentos a minimizar los sesgos de cobertura de los que ya hablamos, la selección de medios de comunicación que se revisaron no partió de una consideración acerca del nivel de circulación o de reputación como medios especializados o watchdogs. Se privilegió, en cambio, la entrada por entidad federativa, buscando todos los medios posibles en la entidad pues en la fase exploratoria notamos que, con frecuencia, los periódicos locales reportan incidentes de violencia contra políticos que no llegan a los medios más conocidos de la entidad y, mucho menos, a la prensa nacional.

Luego, entre los periódicos nacionales que se utilizaron están: Reforma, El Universal, Animal Político, La Jornada, Milenio y El Economista, entre otros. Respecto a los periódicos locales, se revisaron algunos tan renombrados como Zeta o El Informador, pero también algunos menos conocidos y que, sin embargo, tienen una amplia cobertura de incidentes violentos. Si bien es cierto que los periódicos de la “nota roja” ya no cumplen la función de documentar con todo detalle un incidente violento, como ocurría entre los años 1920 y 19505Pablo Piccato, A history of infamy: crime, truth, and justice in Mexico, University of California Press, 2017., en algunos casos son este tipo de medios los que revelan más información sobre el suceso.

Si, como hemos dicho, los datos extraídos de la prensa pueden tener importantes sesgos, ¿por qué deberíamos seguir trabajando con una base de datos construida a partir de notas periodísticas?

¿Cómo mitigar los sesgos?

Para la búsqueda de casos, se usó un proceso de consulta de los medios a partir de 4 grupos de palabras clave: el primer grupo se refería al tipo de incidente; el segundo se relacionaba con el puesto de la víctima; el tercero con la entidad federativa; el último se refería al año.

Así, en el primer grupo, se hicieron búsquedas a partir de términos como “asesinato”, “atentado”, “secuestro”, “amenaza”. En el segundo grupo, se usaron palabras como “alcalde”, “presidente municipal”, “regidor”, “síndico”, “edil”, “diputado”, “candidato”, “servidor público”, “político”, así como variaciones como “exfuncionario” o “exalcalde”. El tercer y cuarto grupo de palabras clave correspondieron a los 32 estados de la República y, en esta etapa del proyecto, a los años 2020 y 2021.

Una vez localizado un caso susceptible de integrarse a la base de datos, se registraba la información disponible sobre qué, cómo y cuándo pasó. Además, se agregaron datos sobre el perfil, tanto de la víctima, como de aquél o aquellos a quienes se atribuye la responsabilidad.

A menudo, se localizaban notas con poca información sobre la incidencia, apenas algunos detalles. Dado que, desde su diseño, la base de datos buscaba extraer la mayor cantidad posible de datos relativos a la incidencia, se expandía la búsqueda de un caso identificado, utilizando el nombre de la víctima u otros detalles que se conocen el incidente.

Una vez colectados los datos relativos al incidente y al perfil de la víctima, se alimentaron las variables complementarias que provenían de otras fuentes. Estas variables se dividen en tres grupos: las relativas a la víctima, las relativas al municipio o localidad donde ocurrió el suceso, las relativas al contexto electoral. Por ejemplo, mientras las notas de prensa regularmente incluían la filiación partidista de las víctimas, la información histórica de presidentes municipales del Servicio Nacional de Información Municipal nos permitió establecer si la víctima pertenecía al partido en el poder o si militaba en la oposición. Además, se buscó registrar parte de la trayectoria partidista de la víctima, para determinar si había pertenecido a más de un partido y, en caso de las y los candidatos, si estaban apoyados por una coalición.

Respecto a las variables relativas al municipio, a partir de bases de datos de instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se distinguían los municipios rurales de los urbanos y aquellos con mayores tasas de homicidio y extorsión. Respecto al contexto electoral, se registraron históricos de resultados electorales y participación. Esta recolección de información permite ubicar el suceso en un espectro más amplio que el incidente en sí.

Luego, si como hemos dicho, los datos extraídos de la prensa pueden tener importantes sesgos, ¿por qué deberíamos seguir trabajando con una base de datos construida a partir de notas periodísticas? Es cierto que cualquier registro alrededor de la violencia, ya sea proveniente de fuentes oficiales, de los medios u otras fuentes, resultará incompleto y ambiguo.6Lawrence Freedman, The Future of War, NY: Public Affairs, 2017.

Sin embargo, parte de estas limitaciones pueden atemperarse echando mano de otras fuentes que fortalezcan los datos. Además, advertir los posibles sesgos nos ayuda a ser más cautelosos al momento de interpretar los datos y obtener conclusiones desde aquí. Por ello, la siguiente sección explora los patrones de violencia política-electoral del ciclo 2020-2021 que pueden extraerse de la base de datos de Noria-MXAC, teniendo en cuenta la riqueza de los datos, pero resaltando también aquello que este abordaje no nos revela.

Lecciones y puntos ciegos en el análisis de la violencia política-electoral 2020-2021

El ciclo electoral 2020-2021 fue considerado el más grande de la historia por el notable crecimiento de votantes y los 21 mil cargos de elección popular que estuvieron en juego.

Eso sí, ¿qué sabemos de la violencia política-electoral que acompañó estas competencias?

De acuerdo con la Base de Datos de Noria-MXAC sobre violencia política electoral 2021, desde septiembre de 2020, cuando inició el periodo electoral, y el 6 de junio, día de la elección se registraron 258 incidentes de violencia en contra de políticos y políticas. De esa suma, 55% fueron atentados (142 casos), es decir, amenazas, balaceras o ataques a políticos que no concluyeron en el homicidio de la persona atacada, mientras que 39.1% de las incidencias fueron asesinatos (101 casos).

Es importante considerar que 58% de las víctimas de incidentes de violencia son precandidatos, aspirantes o candidatos a uno de los puestos de elección popular. Por una parte, esto muestra que las candidaturas, en tanto procesos de reacomodo del poder político, se convierten en espacios de interés que se buscan gestionar con violencia. Por otra parte, llama la atención cómo, durante un ciclo electoral, las prácticas violentas no se limitan a las candidaturas, sino que también tocan a funcionarios y exfuncionarios.

Sin embargo, el asesinato, como práctica más visible de violencia, no tendría que obscurecer las otras formas que abundan y que suponen un ambiente amenazante para candidatos y otros políticos locales. De hecho, uno de los elementos centrales en la comprensión de este fenómeno tiene que ver con la amplia disposición de armas de fuego en manos de actores potencialmente violentos. De acuerdo con los datos colectados, en 61.6% de las incidencias intervino un arma de fuego. Además, están las amenazas, los secuestros y otras formas de violencia en las cuales la línea entre un atentado y un homicidio se puede cruzar de manera relativamente fácil.

Las incidencias de violencia política electoral ocurren, sobre todo, durante las épocas de campaña y precampaña (Figura 3). De hecho, tal como muestra la figura 4, entre marzo y junio de 2021 ocurrieron 67% de las incidencias de violencia. Durante este periodo se registra un mayor número de víctimas que en las etapas más tempranas del ciclo electoral. Este patrón se replica en casi todas las entidades federativas, con excepciones como el caso de Hidalgo, en el que la gran mayoría de las incidencias ocurrieron entre septiembre y noviembre del 2020, es decir, al inicio del ciclo electoral.

Aunque a partir de estos datos es complicado establecer una explicación acerca del ritmo de incidencias, convendría relacionarlos con otras variables del contexto electoral – por ejemplo, el nivel de competencia que se presentaba en la elección – para determinar si las contiendas más ‘cerradas’ podrían ser más susceptibles a incidencias de violencia o bien si los candidatos punteros resultan particularmente vulnerables. Para ello, como hemos establecido antes, la base de datos de incidencias debe complementarse con datos que no siempre están disponibles. En el ejemplo evocado, esta hipótesis podría probarse a través de encuestas de intención de voto con representación municipal, vinculadas con los datos de incidencia de violencia que se han colectado en nuestra base de datos.

Respecto a la distribución geográfica de estos incidentes, llama la atención su concentración en el centro y occidente del país, además de la costa del Golfo de México. En contraste, los incidentes en el norte parecen menos frecuentes. Por ejemplo, en los seis estados fronterizos, se registraron solo 24 de las 258 incidencias (9.3%). Aunque esto puede explicarse por un subregistro de casos, conviene reparar en que los espacios fronterizos del norte, que suelen vincularse a patrones de violencia cotidianos atribuidos al tráfico de drogas, no parecen ser espacios en los que la violencia política-electoral haya ocurrido con más frecuencia. Una vez más, convendría preguntarse en qué medida la distribución geográfica de las incidencias de violencia política-electoral está más relacionada con tensiones políticas, competencias partidistas, conformación de redes clientelares, influencia de cacicazgos locales y patrones de acuerdos político-criminales, entre otros factores, que con la naturaleza de mercados ilegales o la presencia de ‘cárteles de la droga’.

El argumento de que el país era pacífico “antes” se sostiene principalmente en la ausencia de datos para confirmarlo o criticarlo.

Para salir de las profecías autorrealizadas, es urgente producir mejores datos acerca de estos fenómenos de violencia en México.

De hecho, analizando las incidencias por entidad federativa, es posible notar que 48% de las incidencias registradas se concentran en cinco entidades federativas: Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Michoacán.

Luego, Veracruz concentró 15.9% de los incidentes registrados, siendo también la entidad con más casos de violencia en el país. De éstos, 41.5% fueron asesinatos y 53.7% atentados. En los casos de Oaxaca y Puebla, se registra una menor proporción de asesinatos contra atentados. Es decir, tal parece que los episodios de violencia son numerosos, pero menos letales que en entidades como Chiapas, Jalisco, Guanajuato o Sonora, por mencionar algunos.

Este listado revela, por lo menos, dos rasgos clave de la violencia política. Primero, se confirma que las incidencias de violencia no necesariamente coinciden con las llamadas “rutas de narcotráfico” o “las plazas” más relevantes. Probablemente los casos de Veracruz, Guerrero y Michoacán podrían explicarse desde esa narrativa – un punto al que volveremos más adelante -, pero Oaxaca y Puebla, en cambio, no caben en esta explicación. En segundo lugar, las entidades en las que se registran más incidencias tienen una larga historia de violencia política-electoral, que precede la llamada “guerra contra el narco” y la violencia que se le atribuye. Como botón de muestra, conviene revisar el análisis que para Noria-MXAC ofrece Hélène Combes sobre la violencia perpetrada contra los militantes del PRD a principios de los años 1990, así como los informes históricos que publicaremos a lo largo del año en nuestra website.

Los análisis evocados muestran claramente que la violencia de hoy viene de antes y que la idea que se impone según la cual “el país está peor que antes” se debería discutir seriamente a partir de la historiografía disponible, así como de una limitante estructural que hemos mencionado a lo largo de nuestros trabajos: existen pocos -o ningún- datos estadísticos fiables relativos a la violencia política-electoral en México antes de los años 1990.

Por ende, el argumento de que el país era pacífico “antes” se sostiene principalmente en la ausencia de datos para confirmarlo o criticarlo. Para salir de las profecías autorrealizadas, es urgente producir mejores datos acerca de estos fenómenos de violencia en México.

¿Qué sabemos de las víctimas de la violencia política-electoral?

La cuestión del género

De acuerdo con los datos que hemos colectado, la gran mayoría de las víctimas de violencia política-electoral son hombres (76%), mientras que 20.9% son mujeres.

A primera vista, podemos deducir que el patrón de violencia durante el ciclo electoral replica el de la violencia que se experimenta al margen de los puestos políticos, pues los hombres son víctimas más frecuentes, pues en 8 de cada 10 defunciones por homicidio, la víctima es un hombre (INEGI, 2019). Sin embargo, esta conclusión podría pasar por alto rasgos particulares de la violencia contra las mujeres que deben analizarse con mayor detalle y que no necesariamente llegarían a los medios de comunicación y, por ende, a la base de datos en discusión.

Por ejemplo, una de las formas más contundentes de violencia política contra las mujeres radica en cerrarles los espacios políticos en los que pueden participar. El resultado de estas prácticas de violencia estructural es claro: las mujeres ni siquiera aspiran a postularse como candidatas. Ya se ha documentado que, dado que los partidos políticos continúan siendo estructuras patriarcales, medidas como el establecimiento de cuotas de paridad no necesariamente han conseguido equilibrar el acceso de las mujeres a las posiciones políticas, haciendo de ésta una asignatura pendiente, más allá de la cuestión de la violencia.7Daniela Cerva Cerna, ‘Participación política y violencia de género en México’, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Vol. 59, No. 222, p. 117-139, 2014.

Una de las formas más contundentes de violencia política contra las mujeres radica en cerrarles los espacios políticos en los que pueden participar. El resultado de estas prácticas de violencia estructural es claro: las mujeres ni siquiera aspiran a postularse como candidatas.

Por otra parte, aunque la elección de 2021 fue la primera que arrojó 10 de 32 congresos estatales con mayoría de mujeres, conviene mirar con más atención los procesos de violencia política a los que las mujeres que acceden a esta arena suelen exponerse. Por ejemplo, funcionarias de la Secretaría de las Mujeres en Oaxaca, en entrevista con María Teresa Martínez Trujillo, argumentaron que en ciertos municipios regidos por usos y costumbres las mujeres han logrado tener acceso y voz en las asambleas comunitarias.8Entrevista realizada por María Teresa Martínez Trujillo, 3 de junio de 2021.

Sin embargo, al momento de votar (o ser votadas) o participar en la toma de decisiones, son expulsadas de la sesión. Además, las amenazas que reciben las candidatas, lo mismo en municipios rurales que urbanos, pueden no sólo dirigirse a ellas, sino a sus familiares (hijos, padres, hermanos), utilizando así su rol de madres o cuidadoras – mandatos de género, desde luego – como un aspecto para vulnerarlas.

Ahora bien, las funcionarias entrevistadas para el caso de Oaxaca estiman que aquellas se involucran en el campo político muestran, progresivamente, una mayor consciencia y propensión a reportar las prácticas del juego político que entrañan violencia contra de las mujeres. Si esta observación se confirma en el resto de las entidades a lo largo del tiempo, es probable que en el futuro se observe un incremento en los registros de violencia política-electoral perpetrada contra las mujeres, así como más solicitudes de protección.

De ser el caso, una vez más, información más detallada y completa permitirá distinguir entre lo que puede calificarse como un incremento de violencia y lo que puede significar un mayor número de reportes y atención sobre un problema que suele minimizarse. En todo caso, la violencia política por razones de género requiere análisis más amplios y precisos.

La escala local: máxima vulnerabilidad

El perfil político de las víctimas, detallado en la figura 7, revela que la violencia política-electoral es un fenómeno que se concentra en el nivel local.

De hecho, sólo 3.5% de las incidencias suceden contra funcionarios federales – diputados y exdiputados -. Los precandidatos y candidatos a alcalde son los que más sufrieron incidencias. Además, a este patrón de victimización se suman otros servidores públicos en funciones, líderes políticos, candidatos a síndicos y regidores, o candidatos a diputados locales.

En este contexto, llama la atención que 54.8% de las incidencias registradas en la base de datos ocurren alrededor de la figura del alcalde o la alcaldesa (figura 8). Más allá de candidatos y precandidatos a las alcaldías, los alcaldes en funciones, exalcaldes y excandidatos a alcaldes también fueron víctimas de violencia política-electoral.

Esto permite afirmar que más allá de la figura personal, la alcaldía y las funciones asociadas a ésta parecen ser el epicentro de las prácticas de violencia política-electoral. Esto hace eco con el análisis de los mecanismos de protección a candidatos elaborado por Ana Velasco para Noria-MXAC. De acuerdo con el estudio, en México, los mecanismos para atemperar la violencia en contra de figuras políticas durante el ciclo electoral han estado concentradas en los candidatos, lo cual ha implicado diversas limitantes detalladas por la autora.

Más allá de la figura personal, la alcaldía y las funciones asociadas a ésta parecen ser el epicentro de las prácticas de violencia política-electoral.

Por ende, la solución tiene que pasar por un acercamiento al papel del municipio en la protección de los comicios.

En contraste, la revisión del caso italiano que ofrece Ana Velasco permite mostrar que, en aquel país, más que proteger candidatos, las medidas para disminuir la violencia electoral se enfocan hacia la disolución administrativa de municipios afectados por la colusión entre las élites políticas y la mafia. Entonces, más que asignar temporalmente escoltas a quienes están alrededor de las alcaldías, estas medidas buscan neutralizar el acceso de grupos violentos a las administraciones públicas a nivel local.

Por otra parte, nuestra base de datos revela que 39% de las víctimas de violencia ya habían sufrido alguna forma de violencia anteriormente. Esto sugiere que, por un lado, la tendencia de violencia que experimentaron en este proceso electoral es parte de un historial sobre el que conviene ofrecer análisis más detallado. Además, apunta a que quienes participan del juego político, especialmente los candidatos, lo hacen sabiendo, por experiencia propia, que supone un riesgo de ser víctimas de violencia y, a pesar de ello, continúan en esa senda.

Una investigación cualitativa – que se publicará próximamente en nuestra página – complementará estas intuiciones e indagará las motivaciones y condiciones para que un candidato o candidata acepte permanecer en el juego político a pesar de jugarse la vida.

La filiación partidista

Respecto a la filiación partidista de las víctimas, los datos muestran que 54.1% de ellas pertenecía a una de las tres principales fuerzas del país: Morena, el PRI y el PAN (Figura 9).

En un contexto de alianzas políticas antes inimaginables, conviene explorar en qué medida la construcción de estos acuerdos pudo estar asociada a los incidentes de violencia. De acuerdo con los datos recopilados a partir de la cobertura mediática, 15% de las víctimas formaba parte de una alianza partidista. Si bien la proporción no es mayoritaria, abre la posibilidad a discutir en qué medida las coaliciones pueden dar origen a ciertas violencias, bajo determinadas condiciones.

La violencia política podría resultar de la resistencia de quienes ejercen el poder local ante la llegada de un mayor pluralismo político. Sin embargo, esos escenarios se tienen que someter a prueba a partir de una recolección más amplia de datos que, muchas veces, trascienden los registros estadísticos.

Por ejemplo, si la violencia es resultado de tensiones interpartidistas al momento de formar las alianzas, esto mostraría que los acuerdos alcanzados desde las dirigencias nacionales para consolidar un frente opositor no necesariamente se replica con sutileza a nivel local. Para explorar esa posibilidad, un análisis más detallado supondría caracterizar la manera en que los partidos locales establecieron las coaliciones mandatadas desde las sedes nacionales. Por otra parte, en ciertos casos es posible que la construcción de una alianza incrementara el riesgo de perder el poder y, desde ahí, la violencia registrada podría leerse en el marco de esta confrontación. Desde luego, los datos disponibles no alcanzan más que para sugerir estas dos pistas de análisis para el futuro.

Si bien Morena registra la mayor proporción de incidencias (22.9%), los datos revelan que 74% de las víctimas pertenecían a un partido de oposición, mientras que 26% formaba parte del partido en el poder. Esta proporción se replica en cada entidad federativa, excepto en Chiapas. Lo anterior, conduce la mirada hacia la resistencia de las figuras instaladas en el poder al momento de abrir espacio a sus oponentes o la forma de reaccionar a una posibilidad de pérdida del poder local.

Sabemos que 12% de las víctimas habían pertenecido a otro partido en el pasado. Eso debería llevarnos a la pregunta siguiente: ¿en qué condiciones ocurrió ese cambio de partido y qué tanto pudo haber influido en los patrones de violencia? La respuesta queda abierta.

En este sentido, pareciera que se repite uno de los hallazgos del ya citado estudio de Combes: la violencia política podría resultar de la resistencia de quienes ejercen el poder local ante la llegada de un mayor pluralismo político. Sin embargo, esos escenarios se tienen que someter a prueba a partir de una recolección más amplia de datos que, muchas veces, trascienden los registros estadísticos.

Ahora bien, la filiación de las víctimas, a pesar de lo informativa que puede resultar, dice poco o nada de las tensiones intrapartidistas. Es decir, de los conflictos que sostienen diferentes grupos al interior de un mismo partido político. Este aspecto es relevante porque no hay razones para pensar que los partidos políticos gozan de una cohesión interna, especialmente en tiempos tan convulsos, y más aún a nivel local. Así, la trayectoria de políticos y candidatos al interior de sus partidos, así como las dinámicas internas de éstos son otro aspecto que conviene investigar sistemáticamente y con otros recursos metodológicos.

Por ahora, sabemos que 12% de las víctimas habían pertenecido a otro partido en el pasado. Eso debería llevarnos a la pregunta siguiente: ¿en qué condiciones ocurrió ese cambio de partido y qué tanto pudo haber influido en los patrones de violencia? La respuesta queda abierta.

De los presuntos responsables

Uno de los aspectos más importantes alrededor de los incidentes de violencia política-electoral es la identidad de los perpetradores.

Como ya se ha mencionado, la falta de fuentes judiciales para la obtención de datos hace que los recolectados sean en calidad de presuntos responsables, pues no se cuenta con sentencias que acrediten tal responsabilidad de manera clara. Por otra parte, al revisar lo que la base de datos arroja sobre los presuntos responsables no se debe perder de vista que esto proviene de la cobertura mediática.

Así, aquellos a quienes se atribuyen los actos de violencia son evocados por los reporteros quienes, a su vez, pueden parafrasear a las autoridades, a testigos de los hechos, o versiones del suceso que le sirven como fuente de información. Por ende, estos datos no están exentos de los sesgos asociados al tipo de fuentes que los reporteros puedan movilizar y que quedan consignados en sus notas y registrados en la base de datos.

Una revisión cautelosa nos permite no sólo disminuir el énfasis que se suele poner en un actor tan genérico como ‘el crimen organizado’, sino abrir una serie de preguntas sobre lo que sabemos de los presuntos responsables y lo que permanece en el punto ciego de los datos.

Sin embargo, y con lo anterior en mente, vale la pena analizar quiénes son, de acuerdo con la cobertura noticiosa nacional y local, los perpetradores de la violencia.

Grandes titulares de prensa como “el narco vota” o “el partido del crimen organizado” resultaron frecuentes durante este ciclo electoral. A partir de estos encabezados, es fácil deducir que los responsables de la violencia política-electoral registrada pertenecen al ‘crimen organizado’ y, en ese sentido, establecer que estos incidentes de violencia se insertan en un contexto más amplio de “guerra contra el narcotráfico”. Sin embargo, una revisión más cautelosa nos permitirá no sólo disminuir el énfasis que se suele poner en un actor tan genérico como ‘el crimen organizado’, sino abrir una serie de preguntas sobre lo que sabemos de los presuntos responsables y lo que permanece en el punto ciego de los datos.

Tal como se muestra en la figura 11, 43.8% de los incidentes se asocian a un grupo armado, hombres armados o comandos armados como responsables de estos actos violentos. Enseguida, compartiendo niveles semejantes, están aquellos casos donde el responsable es desconocido (16.7%) y los atribuidos al crimen organizado, el narco o a los sicarios (15.9%), en la tercera mención.

¿De qué hablamos cuando hablamos de «hombres armados»?

Si reparamos en la primera etiqueta, notaremos que la noción de “hombres armados” dice poco o nada de quiénes son los responsables materiales e intelectuales de esta violencia.

Por una parte, es cierto que vuelve a llamar la atención sobre la disponibilidad de armas de fuego, sin embargo, su condición genérica abre más preguntas que las certezas que da: ¿cuántos son? Aunque estén en la misma categoría en los datos colectados, ¿son equiparables un grupo de 3 hombres armados que uno de 10 o 20?; ¿quiénes son? ¿son autónomos o trabajan para alguien? De ser el caso, ¿para quién? ¿cuál es su propósito? ¿quién da la orden de usar la violencia? ¿por qué actúan en grupo y no en forma individual? ¿qué tan organizados están? ¿son grupos longevos o de reciente creación? ¿tienen otras actividades como grupo, además del ejercicio de la violencia? ¿de dónde proviene su saber hacer violento y al servicio de quiénes lo ponen?

En todo caso, este hallazgo nos permite subrayar que, cuando hablamos de grupos armados como perpetradores de la violencia política-electoral del ciclo 2020-2021, abonamos a la idea de que en México hay una variedad amplia de actores violentos que, bajo ciertas condiciones, pueden ejercer ese “saber hacer”. De hecho, se ha documentado que lo mismo caciques y otros líderes locales, que empresarios o industriales tienen a su servicio grupos de “hombres armados” que ejercen mecanismos de protección para estos actores.9Martínez-Trujillo, M. T., Bussinessmen and Protection Patterns in Dangerous Contexts: Putting the Case of Guadalajara, Mexico into Perspective, Tesis doctoral, CERI-Sciences Po, Paris, 2019.

Siendo el caso, la pregunta que convendría formularnos es: ¿bajo qué condiciones estos actores podrían utilizar sus recursos violentos dirigiéndolos al juego político? ¿Es el resultado de una elección una amenaza que estos líderes locales deben gestionar a través de sus protectores violentos? Entonces, una búsqueda más completa debería tirar de este hilo para trazar algunas explicaciones que, seguramente, pasarán de largo de narrativas como “el narco vota para controlar la plaza”, lo que sea que eso signifique.

Ahora bien, como hemos mencionado, gracias a estos datos sabemos que en 16.7% de los casos colectados en esta base de datos el perpetrador de la violencia es desconocido. Esto supone que en las notas de prensa no se hace mención de los presuntos responsables o se establece explícitamente que no se tiene noción de si fue uno o varios agresores, y con qué características. Se trata de un dato relevante, no sólo por ser la segunda proporción más alta en el listado de presuntos responsables, sino porque, en un contexto de alta impunidad, esta proporción nos muestra que una agresión -incluso homicidio- que ocurre en un lapso en el que toda la atención está puesta en campañas, mensajes y candidatos, puede ocurrir sin que haya pistas de quiénes fueron responsables.

Por otra parte, conviene poner atención en la figura del “crimen organizado”, el narco y los sicarios. Primero, los datos muestran que la narrativa según la cual la violencia política-electoral ocurre porque los cárteles buscan infiltrar la arena política, más que una certeza, se abre como una posibilidad que amerita una amplia discusión.

Tal como muestra la figura 12, las incidencias que se atribuyen al crimen organizado se concentran en zonas como Guerrero, Michoacán, Guanajuato y el Estado de México, las cuales suelen considerarse como zonas de conflicto entre distintos cárteles. Sin embargo, en estas mismas zonas – y otras – abundan los incidentes atribuidos a grupos y hombres armados, ampliando la categoría y llevándonos a cuestionar: ¿cómo se sabe que una agresión o un homicidio es obra del crimen organizado o de un grupo de hombres armados? Es decir, se trata de conducir la discusión hacia la forma en la que se clasifica la violencia como “propia del narco«.10Fernando Escalante, El crimen como realidad y representación, El Colegio de México, 2012.

La noción de “hombres armados” dice poco o nada de quiénes son los responsables materiales e intelectuales de esta violencia.

Tal como ocurre con los homicidios dolosos registrados en México, distinguir cuáles son atribuibles al crimen organizado y cuáles son resultado de otras dinámicas violentas supone un reto mayúsculo. Sin embargo, se ha simplificado este proceso clasificando como “del narco” cualquier incidente que cumpla con ciertas características: el tipo y calibre de arma utilizada; si hay signos de tortura o daño físico; si aparecen mensajes o mantas de algún grupo al que se atribuye lo sucedido; e incluso, si el hallazgo ocurre en un espacio territorial en el que se supone que hay un conflicto entre cárteles.

Es decir, a partir de una serie de atributos se declara que un acto violento es “obra del narco”, como si éste tuviera una forma de morir o matar que le es propia. Entonces, a partir de un modus operandi se deduce un responsable o, por lo menos, se apunta a una entidad que se define como culpable. Aunque estas deducciones pueden descansar en algunos récords históricos o caracterizaciones inspiradas en estudios criminológicos bien documentados (por ejemplo, los que se han hecho alrededor de las mafias), lo cierto es que en tanto no medien investigaciones judiciales serias, esta clasificación puede representar un proceso arbitrario y un tanto artificial.

Una de las implicaciones de clasificar los incidentes de violencia política-electoral como “cosa del crimen organizado” es que, ante la opinión pública, se den por caso cerrado. Como se ha documentado ampliamente, la violencia atribuida al crimen organizado suele estar acompañada de narrativas como “se matan entre ellos” o “por algo los mataron” (Martínez-Trujillo, 2019; Blazquez, 2017; Escalante, 2012; Mendoza, 2008). Así, esa violencia es “de los otros”, de los que habitan un mundo ajeno para las y los ciudadanos. Si fue el narco, parece que no hace falta saber más: “en algo andaban”, que entre líneas dice “lo merecían”.

A partir de una serie de atributos se declara que un acto violento es “obra del narco”, como si éste tuviera una forma de morir o matar que le es propia. Entonces, a partir de un modus operandi se deduce un responsable o, por lo menos, se apunta a una entidad que se define como culpable.

El problema es que esos “otros”, esta vez, aspiraban a ser nuestros representantes en los poderes ejecutivos y legislativos locales. El problema es que “por algo los mataron” no es una explicación, ni mucho menos una prueba. El problema es que “el narco” es una entelequia que desdibuja a uno (o varios) responsables intelectuales y materiales y, con ellos, sus motivaciones e incentivos.

El problema es que “fue el narco”, aunque parece suficiente como sentencia social, no es una sentencia jurídica, y termina por quitarle la responsabilidad al Estado de asumir la implementación de medidas para prevenir esta violencia o procesarla judicialmente en caso de que ocurra. Por si fuera poco, al decir “fue el narco”, se exculpan masivamente a otros actores políticos – funcionarios públicos o líderes locales- que pueden estar directamente involucrados en estos actos de violencia política-electoral.

Finalmente, los datos que hemos colectado en torno a los presuntos responsables permiten notar el rol de otros actores que no están precisamente consignados en el imaginario al mundo de lo ilegal: opositores políticos, pobladores, comuneros, miembros del círculo cercano de la víctima e, incluso, agentes del Estado. Aunque aparecen pocos casos registrados bajo ese criterio, señalan cómo, en el juego político, actores legales pueden optar por mecanismos violentos para gestionar tensiones o confrontaciones, rasgo que se confirma de manera contundente con los numerosos relatos que se colectan al hacer trabajo de campo en zonas violentas del país.

Entonces, la línea que divide lo legal y lo ilegal se desdibuja nuevamente, apuntalando la idea de que, también en el fenómeno de la violencia política-electoral, más que de actores ilegales, observamos una intrincada configuración de actores (potencialmente) violentos que utilizan esas herramientas en el juego político.

¿Qué pasó en Veracruz?

El mayor número de incidencias registradas en la base de datos Noria-MXAC 2021 se localizan en Veracruz, convirtiendo a la entidad en la más violenta del pasado ciclo electoral. En total, se registraron 41 incidencias de violencia política-electoral. Entre ellas, 53.7% fueron atentados, mientras que 41.5% fueron homicidios.

Tal como ocurre a nivel nacional, la figura del alcalde es la que concentra el mayor nivel de vulnerabilidad. Sin embargo, éste es más de 20 puntos porcentuales superior, pues mientras que a nivel nacional el 54.8% de las incidencias ocurren alrededor de la figura del alcalde, en Veracruz esta proporción alcanza el 75.6%. Tal como muestra la figura 14, 34.2% de las incidencias ocurrieron en contra de candidatos a alcaldes, 19.5% a precandidatos o aspirantes a este mismo puesto, 14.63% a exalcaldes y 7.32% a alcaldes en funciones.

En el caso de la filiación partidista, cabe resaltar que 26.8% de las víctimas eran militantes del PAN. Llama la atención que, a pesar de que el blanquiazul gobierna 66 de los 212 municipios de la entidad, sus candidatos y militantes fueron víctimas de violencia especialmente en aquellos municipios en los que eran oposición. Morena, quien ganó 16 municipios en la elección de 2017, se ubicó en el segundo lugar de victimización, dado que 19.5% de los incidentes de violencia política-electoral ocurrieron en contra de sus militantes.

La tendencia de violencia en contra de quienes aspiran a ganar el poder, en comparación con quienes buscan refrendarlo, se muestra superior, lo cual es consistente a lo largo del territorio, tal como ilustra el mapa en el que se localizan las incidencias clasificadas según la pertenencia partidista de las víctimas.

A partir de los datos relativos a pertenencias partidistas y la primacía de las víctimas de partidos de oposición, se tendrá que explorar con minucia en qué medida la competencia inter e intra partidista es un factor relevante para explicar la violencia político-electoral que se vive en la entidad.

Así, una vez que los resultados de la elección celebrada el 6 de junio sean oficiales, convendrá analizar si los municipios en los que hubo incidentes de violencia, especialmente homicidios, fueron muy competidos, si el partido en el poder se refrendó, o se observó alternancia. Además, revisar con detalle el contexto de campaña y sus actores relevantes, es decir, los factores que no necesariamente consigna la prensa cuando reporta una incidencia de violencia. Esto permitiría afinar las explicaciones y los análisis detrás de los casos que contamos o los patrones que medimos, tanto en Veracruz como en cualquier otra entidad de interés.

Esta vía de análisis se alimenta cuando reparamos en aquellos a los que las notas de prensa recopiladas señalan como presuntos responsables. En Veracruz, en 70.7% de los casos el acto de violencia se le atribuye a un “grupo armado”. No aparecen etiquetas como “comando armado”, presentes en el análisis nacional. Esto abre la pregunta sobre la pertenencia de ciertos conceptos a un lenguaje regionalizado o localizado, a diferencia de términos que viajan con fluidez por el vocabulario mexicano. En todo caso, “grupo armado” sigue resultando una figura vaga en el afán de responderse quién violenta a los políticos locales.

En Veracruz se ha comenzado a esclarecer un caso que nos muestra algunas de las dinámicas que pueden estar detrás de los “grupos armados”. El asesinato de René Tovar, candidato por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones unos días antes de la jornada electoral, entró a los registros como perpetrado por un grupo de hombres armados que lo atacó en su casa. El candidato, quién resultó el más votado, falleció camino al hospital, dejando el puesto a su suplente y quien fuera su coordinador de campaña. Con el paso de los días, la Fiscalía de Veracruz (FGE) detuvo al alcalde sustituto electo por su presunta participación en el homicidio de su compañero de partido.

Aunque la investigación no está concluida, y por esa razón cualquier especulación podría atentar contra el derecho de un inculpado a la presunción de inocencia, el caso ilustra que, al menos en el terreno de las investigaciones, detrás de los “grupos armados” puede haber personajes de la política local que dirimen sus conflictos o materializan sus aspiraciones políticas por la vía de la violencia, incluyendo el asesinato.

Si bien la violencia electoral en Veracruz se ha buscado explicar a partir de la presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), apenas 12.2% de los casos son atribuidos al crimen organizado, al narco o a sicarios, mientras que en 9.8% de los casos el perpetrador es desconocido.

El caso, entonces, abre una serie de preguntas fundamentales: ¿En qué condiciones un político local tiene entre sus recursos un grupo armado dispuesto a perpetrar un homicidio? ¿en qué medida la violencia, como un recurso disponible para ciertos políticos locales, condiciona el juego político? ¿cuál es la relación que guardan la violencia política-electoral y la violencia que se vive más allá de los procesos electorales?

Si bien la violencia electoral en Veracruz se ha buscado explicar a partir de la presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), apenas 12.2% de los casos son atribuidos al crimen organizado, al narco o a sicarios, mientras que en 9.8% de los casos el perpetrador es desconocido. Los datos parecen dibujar una línea que conduce más a las tensiones políticas entre actores locales. Esto no descarta la posibilidad de que la presencia de este cartel y otros grupos criminales esté detrás o sea un catalizador, al menos en parte, de esta violencia, sino que apunta hacia su estudio no sólo como un fenómeno criminal movido por la búsqueda de rentas, sino hacia el análisis de configuraciones político-criminales. Desde luego, se trata de un acercamiento más complejo, pero probablemente más pertinente.

Una vez caracterizada, al menos de manera general, la violencia político-electoral que atestiguaron los veracruzanos durante este ciclo electoral queda por preguntarse qué tipo de efectos tiene en la vida democrática de los municipios y localidades afectadas. ¿Los patrones de violencia inhiben la participación de los ciudadanos en las urnas? ¿en qué medida el ritual de votación, como ejercicio emblemático de la democracia, se altera?

Aunque la información recopilada en la Base de Datos 2021 que analizamos no permite establecer pistas sobre las implicaciones de la violencia en el devenir de la elección, gracias a los datos provistos por la autoridad electoral podemos al menos explorar posibles efectos en los niveles de participación.

¿Cuál es el efecto de la violencia en la participación electoral?

Tal como se muestra en la figura 19, el nivel de participación ciudadana registrada en Veracruz en 2021 fue considerablemente mayor que en otras elecciones intermedias (60.06%), alcanzando casi los niveles registrados en elecciones que concurren con las presidenciales. Además, el porcentaje de participación está por arriba del promedio nacional (52.6%). Esto sugiere que, a pesar de ser la entidad con el mayor número de incidencias de violencia registradas, no se constata un efecto negativo respecto a la participación.

Ahora bien, convendría profundizar el análisis considerando no sólo los distintos tipos de violencia, sino observando los efectos en participación y otros rasgos de la democracia a nivel local. Por ejemplo, ¿la violencia durante la campaña inhibió la organización de asambleas, mítines o eventos públicos? ¿Persuadió a posibles votantes de apoyar explícitamente a algún candidato? ¿Obstaculizó la participación de algún sector en particular?

El caso de Veracruz abre diversas pistas de análisis y propone preguntas que nos conducen más allá de contar casos e incidentes violentos. Además, nos indica la importancia de analizar las dinámicas de violencia electoral y política a nivel estatal, construyendo una estrategia que nos permita entender mejor para atender mejor. Finalmente, este caso refrenda que el análisis desde lo local amerita un trabajo de largo plazo, que se complemente con intervenciones en campo de mediana y larga duración. De otro modo, los datos coleccionados no serán suficientes para adelantar explicaciones satisfactorias.

Los claroscuros de una jornada electoral ‘pacífica

Tras 9 meses de campaña, y dado el contexto de violencia antes discutido, las expectativas de una jornada electoral violenta parecían justificadas.

Así, cuando la autoridad electoral confirmó que se habían instalado adecuadamente 99.98% de las casillas – siendo principalmente Michoacán, Oaxaca y Tlaxcala las entidades donde no se pudieron instalar en su totalidad – y que la gran mayoría de los funcionarios de casilla capacitados desempeñaron su función en condiciones óptimas, recuperamos el aliento, calificando la del 6 de junio como una jornada electoral pacífica.

Sin embargo, un conjunto de incidentes de violencia registrados ese día nos conducen a matizar ese adjetivo y a discutir cómo “instalar casillas” no necesariamente supone dejar atrás a la violencia y sus efectos.

Como parte del proyecto de construcción de la Base de Datos de Noria-MXAC sobre violencia política y electoral, se registraron los incidentes de violencia de los que dio cuenta la prensa local y nacional durante la jornada electoral. Este componente de la Base de Datos contiene 135 incidencias, las cuales provienen del trabajo de reporteros y corresponsales desplegados en las localidades, pero también de reportes emitidos por las autoridades electorales y las gubernamentales, y recuperados por la prensa.

Un conjunto de incidentes de violencia registrados ese día nos conducen a matizar ese adjetivo y a discutir cómo “instalar casillas” no necesariamente supone dejar atrás a la violencia y sus efectos.

Si consideramos que en esta jornada estaban en juego 19,915 cargos locales (entre ellos 15 gubernaturas y 1,923 alcaldes) y 500 cargos federales, 135 incidencias de violencia política-electoral no parecen una cantidad importante.  Sin embargo, tal como lo muestra la figura 20, se registraron una serie de incidencias que, claramente, buscaban estorbar el proceso electoral, dirigiendo los actos de violencia a las casillas, sus funcionarios o los votantes.

En más de una veintena de casos, hubo robo, quema o destrucción de boletas electorales. A pesar de ello, en esos sitios, las casillas siguieron funcionando y no se interrumpió la elección. Incluso, en una casilla en la que estos actos incluyeron una balacera. Entonces, cuando se moviliza la proporción de casillas instaladas como medida de la normalidad de la elección, se pasa por alto que en ocasiones esto ocurrió en un contexto violento.

Además, los reportes recuperados dan cuenta de actos de intimidación de votantes (18.2% de las incidencias), las cuales se hicieron a través de agresiones, balaceras y la portación de armas de fuego. Los datos no alcanzan a mostrar qué efectos pudieron tener estas formas de amedrentar a los electores, por ejemplo, si eso inhibió la participación o terminó por favorecer a cierto candidato o candidata. Una vez más, un análisis detallado a nivel local, que vaya más allá del conteo de los casos, nos daría una mejor comprensión del impacto de la violencia en la vida democrática de las localidades.

Luego, en 15.2% de las incidencias reportadas el día de la elección se trató de suspensión definitiva de votación, debido a agresiones y robo o destrucción de boletas. En 13.6% de los casos, se registró la intimidación a los funcionarios de casilla, a través de bloqueos de casillas, agresiones e incluso amenazas de muerte. Además, se registraron una decena de ataques a casillas, que implicaron la destrucción o vandalización y bloqueo de las instalaciones, así como la instalación de artefactos inofensivos que simulaban ser explosivos.

Finalmente, hubo una decena de casos en los que las casillas no se instalaron o se habilitaron de manera tardía, ya sea por las condiciones de seguridad anticipada o por la confrontación violenta entre militantes de los partidos políticos. Por ejemplo, en Apatzingán, Michoacán hubo casillas no instaladas debido a que los pobladores pedían la celebración de elecciones bajo el esquema de usos y costumbres, mientras que en Jerez, Zacatecas, no se instalaron algunas casillas debido, según la prensa, a problemas de seguridad relacionados al crimen organizado.

Aunado a la violencia que buscaba obstruir la votación, se registraron casos de intimidación a políticos locales y militantes (11.1% de las incidencias registradas) que incluyeron daños a su patrimonio, balaceras y otras agresiones. Desde luego, no debe pasarse por alto el caso de los militantes asesinados en Pueblo Nuevo, Chiapas.

¿Quiénes son los presuntos responsables de las incidencias de violencia política-electoral ocurridos el día de las elecciones?

Los grupos o comandos armados aparecen nuevamente como presuntos responsables (42.5% de los incidentes registrados). Una vez más, la disponibilidad y el uso de armas de fuego se muestra como un rasgo central en los actos que buscan obstaculizar el devenir de la elección. En 18.2% de los casos, el supuesto perpetrador permanece desconocido y en 13.6% de los casos se habla de un grupo de encapuchados.

Apenas en 3% de los casos registrados se atribuye la responsabilidad a la categoría del crimen organizado, incluso por debajo de los casos atribuidos a un individuo encapuchado. Llama la atención el caso de las “camionetas sospechosas” que, de acuerdo con la prensa, buscaban intimidar a los votantes. En este caso, parece que una reputación violenta y lo que los pobladores saben y conocen de los posibles actores violentos son suficientes como formas de amedrentamiento a funcionarios de casilla y votantes.

En este recuento, también aparecen figuras como pobladores, militantes, miembros de comunidades, un grupo sindical y agentes municipales, dando cuenta de actores que no solemos clasificar como violentos y que, sin embargo, participaron de estas prácticas. Así, una vez más se hace evidente la necesidad de realizar análisis más detallados sobre estos casos.

La recolección y análisis de los datos ofrecida abre múltiples posibilidades para la comprensión de un tema en el que contar casos resulta insuficiente. En esta primera revisión hemos intentado explorar algunos caminos para ampliar la discusión alrededor de este tema, pero, sobre todo, para establecer una serie de preguntas relevantes, carentes de respuesta sencilla y que, como sociedad, nunca debimos dejar de plantearnos.


Este trabajo es parte del Proyecto Elecciones y Violencia del Programa Noria para México y América Central

El trabajo sobre los datos de violencia está coordinado por María Teresa Martínez Trujillo

La producción de los datos fue realizada por Sebastián Fajardo Turner, María Teresa Martínez Trujillo y Alicia Landín Quirós

El Proyecto Elecciones y Violencia está coordinado por Romain Le Cour Grandmaison

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