Entrevista con Arnoldo Pirela, realizada por Fabrice Andréani

¿Cuáles serían, en su modo de ver, las principales características de la crisis socio-económica que padece Venezuela en la actualidad?

Venezuela luce sumergida en una crisis multidimensional sin precedentes, con niveles de pobreza y pobreza extrema aterradores (respectivamente 95% y 80% de la población), y tasas de desnutrición y mortalidad infantil y materna realmente alarmantes. Varias ONGs y expertos internacionales han caracterizado esa situación como una “emergencia humanitaria compleja” tan pronto como en 2016. Desde el 2014, se contabiliza una pérdida de alrededor de 90% del PIB, en un contexto de hiperinflación continua y de destrucción casi total del aparato productivo, incluida la industria petrolera –que solía generar la inmensa mayoría de las divisas en el país–, así como de las infraestructura y servicios básicos de agua, electricidad, gas, transporte e incluso gasolina. El sistema de salud pública depende casi integralmente de la ayuda humanitaria internacional –y a falta de ella de la compra de medicamentos e insumos por los propios pacientes. En menos de seis años, unos cinco millones de individuos se han desparramado entre los países vecinos y el resto del mundo, muchos de ellos en condiciones ultra-precarias.

Para los que se quedan en el país, el salario mínimo vigente apenas llega a unos dólares mensuales, la abrumadora mayoría de los trabajadores ganan menos de diez dólares al mes y los ejecutivos apenas cincuenta, mientras la canasta básica familiar se ubica en unos 500 dólares mensuales. Pese a las remesas de divisas que reciben de parientes y amigos desde el exterior, los habitantes son crecientemente empujados a dedicarse a la informalidad, cuando no a la ilegalidad –en una economía en la que ya en 2014 se estimaba que un 60% de la población activa ocupaba empleos informales.

La sociedad se encuentra cada vez más dominada por los grupos mejor enchufados (como se dice coloquialmente) en el alto gobierno y los altos mandos de las fuerzas armadas, y que controlan las exportaciones de materas primas y importaciones de bienes esenciales. Esos actores civiles y militares dominantes se dedican a captar o extorsionar rentas producto de negocios ilícitos e incluso criminales, abarcando desde el contrabando de divisas y gasolina al narcotráfico, así como la extracción y venta del oro de la Amazonía y Guayana venezolanas –actividades que contaminan en su paso las principales reserves de agua dulce y de biodiversidad del país.

Los mandatos de Hugo Chávez coincidieron con una bonanza petrolera inédita, seguida por una fuerte caída de los precios poco tiempo después de la elección de Nicolás Maduro. ¿Cuál ha sido el papel del petróleo en la crisis actual?

El petróleo o las fluctuaciones de sus precios no son más responsables por esa crisis que por las precedentes. Evidentemente, como en otras partes, al no canalizar correctamente los ingresos traídos por las bonanzas petroleras, los gobernantes terminan por pasar la factura del reflujo ulterior y encarecimiento de la deuda pública a los ciudadanos más precarios. Pero el problema de fondo en Venezuela no es el mero “rentismo” o la “maldición de los recursos”, sino la relación singular que sus élites siempre tuvieron con el petróleo – llamado “excremento del Diablo” por el diplomático Juan Pablo Pérez Alfonzo, iniciador de la Organización de países exportadores de petróleo (OPEP, 1960). A lo largo de todo el siglo 20, las élites venezolanas hicieron muestra de una mentalidad de hacendados del siglo 19. Siempre se ha tratado, según el lema popularizado por el escritor Arturo Uslar Pietri, de “sembrar” los ingresos petroleros en sectores menos técnicos, e incluso sustituirlos por ingresos traídos de otras actividades, empezando por agricultura, pese a que las tierras consideradas óptimas para el cultivo representan a penas el 2% del territorio nacional.

La magnitud del dinero público derrochado –y sustraído al Tesoro nacional– bajo Chávez es producto de la exacerbación de esa cultura económica de hacendados en el marco de un proyecto de “revolución” confuso y errático, pero que nunca dejo de hacer gala de su ambición de transformación radical de la vida política, económica y social nacional, así como de la geopolítica regional y más allá. Una ambición que sirvió como justificación para acabar con los escasos mecanismos de rendición de cuentas y contraloría del erario público –en particular parlamentarios– que se habían logrado instituir a duras penas a lo largo de cuadros décadas de democracia representativa.

Cuando uno se pone a comparar las realizaciones de Chávez con las de sus predecesores, el resultado no deja lugar a dudas. Entre su fundación en 1917 y el año 1972, la industria petrolera nacional le reportaba al Estado un promedio de 2,69 dólares por cada barril exportado. Ello alcanzó para que Venezuela dejara de ser el país más pobre de la región tan temprano como en los años 1930, no obstante la ausencia de una verdadera estrategia de desarrollo. El país se urbanizó a gran velocidad, dotándose de una red de carreteras y de sistemas de educación y salud públicos modernos. Para finales de los años 1960, alrededor del 40% de la población pertenecía a las clases medias.

La crisis energética mundial de 1973-74 generó una bonanza para entonces inédita, alcanzando su punto álgido en 1981, cuando el precio promedio del barril llegó a los 29,71 dólares. Si bien algunas de las inversiones realizadas tras la nacionalización de la petrolera nacional Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) en 1976 resultaron poco acertadas (sobre todo en el sector automovilístico, que en ese momento estaba en pleno proceso de reestructuración en otras partes del mundo), otras permitieron reforzar las infraestructuras y los servicios públicos como la salud y la educación, pero también el agua corriente, la electricidad, el gas, las comunicaciones y el transporte. El país, comúnmente conocido como la “Venezuela Saudita”, se convirtió en el más rico de América latina. Su PIB per cápita era superior al de Francia, y el Concorde ofrecía vuelos regulares entre París y Caracas. Si la caída de los precios del crudo durante las dos décadas siguientes socavó las bases de lo que llegó a constituir un cuasi “Estado de bienestar”, fue en un grado inconmensurable con lo sucedido en los últimos años.

Centrándonos ahora en el periodo de los gobiernos de Chávez, el precio medio del barril fue de 56,2 dólares entre 1999 y 2012. Sin embargo, pese a los anuncios e inauguraciones televisivas casi diarias del presidente, resulta cuesta arriba poner en su haber una sola obra significativa. El paisaje lleva por todas partes las cicatrices de una lista interminable de proyectos inconclusos: desde puentes de autopistas y líneas de ferrocarril hasta improbables fábricas de electrónica chinas o de armamento ruso, y incluyendo las centrales eléctricas que, cruelmente, hacen falta hoy.

Paradójicamente, si Venezuela mantiene alguna presencia positiva en la esfera internacional, se lo debe a dos programas de educación de alto nivel creados en los años 1970 bajo el presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, enemigo histórico de la “revolución Bolivariana”[note]Blanco principal del fallido golpe de Estado que hizo famoso a Chávez en 1992, CAP había regresado al poder en 1989 prometiendo la vuelta a la “Gran Venezuela” de los años setenta, pero tomó medidas de austeridad que provocaron las llamadas protestas del Caracazo, violentamente reprimidas.[/note]. Se trata, por una parte, de las becas de estudio en el exterior de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, que han promovido la integración de profesionales en Estados Unidos y Europa; y por la otra, del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, que ha formado directores apreciados en todo el mundo y sigue siendo un modelo reconocido de enseñanza de la música clásica en las clases populares.

Mientras Chávez solía vanagloriarse regularmente de que Venezuela posee las reservas petroleras más grandes del mundo, el país casi no produce petróleo hoy en día. O sea, hablando de derroche, los gobiernos chavistas llegaron al extremo de matar a su propia gallina de huevos dorados. ¿Cómo se explica semejante fracaso?

En los rangos de la amplia coalición electa en 1998, que reúne a militares y civiles nacionalistas de muy diversas tendencias –desde el centro-derecha hasta la izquierda radical–, el “control del grifo petrolero” es considerado una prioridad absoluta, como si diera acceso a un poder ilimitado. Para algunos, se trata de “triunfar donde Cuba fracasó”. Pero para aquel entonces PDVSA, a pesar de ser una empresa de derecho público, había adquirido cierto grado de autonomía, estableciéndose como una de las empresas petroleras más competitivas del mundo –hasta el punto de que la izquierda solía calificarla como un “Estado dentro del Estado”. El desprecio de Chávez por los procedimientos consuetudinarios de nombramiento y ascenso de empleados y directivos, equiparando constantemente “meritocracia” y “oligarquía”, propulsa a PDVSA en el centro de una aguda crisis política en 2002-2003, marcada por un golpe de Estado fallido contra Chávez y una huelga petrolera de tres meses. Chávez despide entonces a 20.000 huelguistas, un golpe del que la empresa nunca se recuperaría.


A partir de ahí, el gobierno pone a PDVSA al servicio un “socialismo del siglo XXI” que quedaría en gran medida sin definir, pero que ha ido normalizando en todo caso la cultura de la subvención indiscriminada a toda una serie de bienes y servicios – alimentos y medicinas, pero también divisas y gasolina, y sin importar el nivel de ingresos de los consumidores–, generando una escasez continua de varios productos esenciales, así como la caída en picada de la productividad nacional y la proliferación de mercados negros. Por el control de cambios instaurado en 2003, en teoría para evitar la fuga de capitales, PDVSA se ve obligada a vender sus divisas a mitad de precio al Estado ; éste las asignaría de manera descontrolada, con el efecto exactamente contrario al esperado.

Además, como Chávez decreta una serie de nacionalizaciones a partir de 2007 (empresas mixtas petroleras, telecomunicaciones, electricidad, siderurgia, gran distribución, agro-industria, etc.), el principal activo nacional que es PDVSA empieza a jugar tres papeles a la vez: el de casa matriz de un sinnúmero de sucursales creadas en sectores a veces muy distantes (como la venta de alimentos), el de prestamista de última instancia en el país, y el de garantía –o hipoteca– de préstamos contraídos en el exterior. De hecho, mientras la producción de las demás empresas estatales ya se está estancando –en el mejor de los casos– PDVSA se descuida de la producción el petróleo.

Además, al mismo tiempo el gobierno logra echar mano de la “reserva excedentaria” del Banco Central, precisamente previstas para el caso de una caída del mercado petrolero (unos 7.000 millones de dólares entre 2004 y 2006). Y peor aún, a partir de 2007, esa sed insaciable de dinero fresco lo lleva a vender petróleo a futuro, pagado por adelantado con préstamos de China, una gigantesca operación de endeudamiento por un valor que llegaría a más de 50.000 millones de dólares (aproximadamente un tercio de la deuda pública actual).

En definitiva, y al igual que los apagones nacionales y el racionamiento del agua corriente, para finales de la década de 2000, aumentan las explosiones en refinerías y oleoductos por falta de mantenimiento. Por ello, no es de extrañar que la producción de crudo, tras estancarse globalmente bajo Chávez (entre 2,5 y 3 millones de barriles diarios), se redujera casi por dos tercios entre 2014 y 2019, es decir antes de las primeras sanciones petroleras del gobierno de Donald Trump.

No obstante la retórica socialista, ya bajo Chávez la economía se caracterizaba por una porosidad importante entre los sectores público y privado. Maduro, tras aferrarse por años a la idea de “preservar el legado” -negando hasta la existencia de una crisis o la necesidad de renegociar la deuda-, emprendió un giro tildado de “neoliberal” por sectores del mismo chavismo y las izquierdas, liberando los tipos de cambio e incluso poniendo sobre la mesa el tema de la privatización de las empresas públicas. ¿Cómo puede interpretarse este viraje?

Si bien Chávez no inventó el “híperpresidencialismo” ni el clientelismo criollo, los llevó a niveles paroxísticos al movilizar el corazón mismo del Estado: el ejército. En el proceso, construyó una suerte de partido-Estado paralelo a las instituciones preexistentes, emancipado de todo control judicial y parlamentario. De hecho, todos los grandes presupuestos públicos y demás fondos creados ad hoc fueron manejados de manera discrecional por Chávez, con su Ministro de Economía y Planificación Jorge Giordani. Esto fue un caldo de cultivo para una corrupción desenfrenada en la medida en que la “lealtad” se volvió el principal criterio para la gestión de los recursos humanos; lo que llevó a la aprobación de “proyectos” improvisados por los primeros vividores, tanto nacionales como extranjeros, que se enchufaban con las autoridades para llevarse los mejores “guisos” en los sectores donde se le ocurría al gobierno invertir. Chávez llegó a confiar el Tesoro nacional a su antiguo guardaespaldas… antes de sustituirlo por su enfermera personal.

Aparte del mastodonte PDVSA con sus innumerables sucursales, las empresas públicas y las asociaciones público-privadas implementadas han servido como vehículos privilegiados para drenar el dinero público hacia los jerarquas del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus socios en el mundo empresarial. Entre los numerosos mecanismos de corrupción asociados al clientelismo gubernamental, la llamada boliburguesía (por “burguesía bolivariana”) que se formó bajo Chávez acumuló unas fortunas gigantescas por vía de la captación especulativa de los petrodólares asignados a las empresas en el marco del control de cambio: se compraban aquellas divisas al Estado a tasas oficiales muy preferenciales y se revendían en el mercado negro con márgenes de más del 100%[note]Un grupo de economistas (y ex-ministros) chavistas ha estimado que más de la mitad del billón (un millón de millones) de petrodólares recaudados por el Estado entre 2003 y 2013 han sido desviados de esta manera.[/note].

Ni siquiera los programas sociales se salvaron de esas prácticas de enriquecimiento exprés. Entre cuantiosos casos, destaca que apenas en marzo de 1999, cuando se asignó personal militar a tareas de medicina básica y obras viales en algunos barrios populares, se señaló la “desaparición” de decenas de millones de dólares –en efectivo. Otro ejemplo significativo es el de las “empresas de producción social” (EPS), una figura jurídica que el gobierno impuso a las subcontratistas de PDVSA a partir de 2006[note]La figura de las EPS fue creada después del fracaso del experimento de las “cooperativas”, financiadas durante los años anteriores por vía de préstamos públicos que en su mayoría nunca fueron cancelados.[/note], y que actuó como un verdadero multiplicador de la corrupción: además de las rutinarias comisiones ocultas, por ley las EPS tenían que financiar un nuevo “fondo social” de PDVSA, pero los gestores de éste solían contratar esas mismas EPS para llevar a cabo sus actividades…

Sin duda, las misiones en salud, alimentación y educación básica, lanzadas en 2003 con el apoyo de Cuba (en vísperas de un referéndum en el que Chávez se jugaba su permanencia al mando del país), contribuyeron a la reducción inicial de la pobreza en pleno auge de los precios del petróleo. Pero nunca han sido integradas con los ministerios que les correspondían, y los servicios de médicos y educadores fueron muy costosamente facturados por el Estado cubano -que se quedaba con una plusvalía considerable.




Ciudad Caribia, « ciudad socialista » de la Gran Misión Vivienda.

En 2011-2012, la última campaña presidencial de Chávez -para entonces literalmente moribundo- fue un punto de no retorno para la hacienda pública, en particular con el lanzamiento de la llamada Gran Misión Vivienda; un programa de construcción masiva de viviendas gratuitas y totalmente equipadas, llevado a cabo con empresas de países con gobiernos afines. Viviendas construidas pasando por alto casi todas las normas urbanísticas vigentes –licitaciones, planos, materiales, transportes, desechos, etc.–, que resultan a la vez poco duraderas y hasta un 50% más caras que en el resto de la región. Al dejar el gobierno en 2014, Giordani recordaría, en una carta abierta en la que acusaría a Maduro de no haber ajustado las cuentas públicas a tiempo, que el endeudamiento generado por esa campaña era tan “esencial” electoralmente como “extremo” al respecto de los equilibrios económicos.

A finales de 2018 y mediados de 2019, bajo sucesivos ciclos de protestas sociales y sanciones de la administración Trump –sobre la refinanciación de la deuda en dólares (finales de 2017), la exportación de petróleo a Estados Unidos (2019-2020) y la importación de gasolina y diésel estadounidense (2020)–, entonces Maduro optó por legalizar y extender el dominio del “capitalismo salvaje”: liberó los tipos de cambio y los precios, e incluso “celebró” en la televisión nacional la dolarización de facto de la economía. Si bien esto fomentó el florecimiento de negocios de bienes secundarios o de lujo destinados a una minoría ultra-privilegiada, no cabe duda de que gran parte del capital invertido e eventualmente repatriado no podía colocarse o permanecer en Estados Unidos o Europa debido a los vínculos reales o sospechados de sus propietarios con la clase dirigente.

En todo caso, privado de ingresos petroleros, el gobierno se refugia en el negocio del oro extraído del Arco Minero del Orinoco[note]Una vasta zona minera que cubre el 12% del territorio, inaugurada oficialmente en 2016 mediante un decreto estatal excepcional, y que contiene una gran cantidad de minerales preciosos (oro, diamantes, bauxita, cobalto, coltán…).[/note], con el apoyo de grupos armados, entre otros el ELN colombiano y facciones disidentes de las FARC, y que vende a países como Turquía, Qatar e Irán. Finalmente, navegando en los intersticios de la geopolítica mundial, Maduro hizo aprobar un de facto decreto llamado “Ley antibloqueo” que abre el paso para una masiva –e inconstitucional– privatización de la industria petrolera, así como del resto de la estructura productiva en manos del Estado. Queda por ver quiénes serían los posibles compradores de estos activos, muy devaluados y muy arriesgados; cuál es el precio que se pagaría, si es que se concretizan las operaciones; cuánto estarían dispuestos a invertir para reactivar la producción, en particular la petrolera; y cómo piensan recuperar su inversión. No sabemos si serán apuestas llamadas “de alto riesgo”[note]Y que forman parte de las carteras de fondos mutuos que los bancos proponen a los inversionistas.[/note] y/o si serán testaferros de Maduro, del alto mando militar y de otros jerarcas del PSUV, en un masivo blanqueo de capitales “mal habidos” durante las dos últimas décadas.

Para profundizar el tema:

  • Arnoldo Pirela. “Siete claves para comprender a Venezuela y un vistazo al futuro: mitos y avatares de la economía”. Cuadernos del CENDES [en línea], n°100/36, 2019.
  • Arnoldo Pirela. “Geopolítica petrolera y autoritarismo en América Latina y el Caribe: el caso de Venezuela”. Caravelle [en línea], n°115, 2020.

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