Entrevista con Yoletty Bracho,
realizada por Mathilde Allain

La revolución bolivariana iniciada por Hugo Chávez en 1999 pretendía transformar el Estado venezolano. Usted se ha interesado en su puesta en práctica dentro de los barrios, así como en las transformaciones de la relación entre los habitantes de los barrios y las administraciones públicas. ¿Cómo se concretiza el «poder popular» en Venezuela y qué significa «transformar el Estado» en este contexto?

Si bien es cierto que la categoría «poder popular» es propia del lenguaje militante, en el contexto venezolano también tiene un significado administrativo. El término «poder popular» ha sido utilizado por los gobiernos chavistas (desde 1999 hasta la actualidad) para nombrar sus programas de acción pública participativa. Originalmente, estos programas tenían como objetivo materializar la revolución bolivariana en los barrios dándoles acceso a bienes y servicios públicos como el agua, la electricidad, las carreteras, la educación y la salud. Dichos programas fueron construidos a través de los llamados mecanismos participativos o de co-construcción de la acción pública, reuniendo así tanto beneficiarios como funcionarios.

Para poner en práctica las políticas participativas, las administraciones públicas fueron integrando en sus filas un personal que fuere capaz de actuar como intermediario entre las instituciones y las poblaciones de los barrios. Por lo tanto, se reclutaron militantes de las distintas corrientes tanto partidistas como organizacionales de la izquierda venezolana, quienes de por sí ya tenían vínculos políticos y sociales estrechos con los barrios. Estos empiezan entonces a trabajar dentro del Estado tanto por convicción como por aprovechar la oferta de trabajo ofrecida por los gobiernos chavistas. El objetivo de los militantes es doble: lograr que los recursos públicos lleguen a los barrios populares, y sentar un precedente para que cuando ellos ya no estén, los intercambios entre barrios y administraciones públicas continúen. Este objetivo es lo que ellos llamaron “transformar el Estado desde dentro”. Hoy en día podemos decir que los militantes tuvieron un éxito bastante relativo en su proyecto.

Usted menciona varias corrientes dentro de la izquierda venezolana, lo que va un poco en contra de la impresión que se tiene desde afuera de una izquierda unida en torno al proyecto revolucionario bolivariano. ¿Cuáles son las diferentes componentes que conforman esta izquierda?

La impresión de que existe una izquierda venezolana monolítica es principalmente el resultado de los esfuerzos que las fuerzas políticas chavistas hicieron en ese sentido. No obstante, es posible identificar de manera esquemática dos categorías principales que conforman el complejo espacio de las izquierdas en Venezuela: las partidistas y las organizacionales.

Por izquierdas partidistas me refiero a las organizadas en partidos políticos. En este sentido, es fundamental destacar el rol estructurante que tuvo Hugo Chávez con la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 2006 y del «Gran Polo Patriótico» (GPP – antes Polo Patriótico) en 2012. Estas estructuras sirvieron para homogeneizar las izquierdas partidistas, ya sea a través de la fusión de múltiples formaciones políticas en un solo partido (el PSUV), o a través de la construcción de coaliciones electorales (el GPP) en apoyo de los candidatos del PSUV. Se trata, pues, de un trabajo de aglutinamiento de las fuerzas de izquierda operado por el chavismo para producir una unidad con fines electorales, y que a su vez que busca reducir (y a veces eliminar) la pluralidad e impedir las críticas al chavismo.

Por su parte, las izquierdas organizacionales están conformadas por las estructuras que en Venezuela se denominan «organizaciones populares». Históricamente, las organizaciones populares han participado junto a otras fuerzas de izquierda en diversas luchas como la defensa de los derechos humanos, el derecho a la vivienda y la lucha contra el servicio militar forzoso. Posteriormente, las organizaciones populares se convirtieron en unos de los principales interlocutores del gobierno chavista para la implementación de los programas de acción pública participativa. Por ejemplo, a la hora de crear centros de salud de terreno (Misión Barrio Adentro) en los barrios de Caracas, los portavoces de las organizaciones populares actuaron como intermediarios entre sus barrios y las administraciones públicas, estableciendo una relación cercana entre el gobierno chavista y las organizaciones populares. Dicho vínculo tuvo fuertes consecuencias sobre los márgenes de autonomía de las organizaciones populares, muchas de entre las cuales en algún momento se revindicaron chavistas. Sin embargo, en la historia más reciente hemos vistos fuertes rupturas entre las organizaciones y las figuras del chavismo gubernamental.

Usted realizó un amplio trabajo de campo en Venezuela como parte de su investigación. ¿Podría describirnos alguno de los barrios en los que hizo sus observaciones, así como las transformaciones experimentadas por algunas de las personas con quien pudo compartir?

Mi trabajo de campo tuvo lugar principalmente en dos barrios de Caracas, el 23 de enero y La Vega. En el caso de La Vega, se trata de un territorio muy grande y complejo situado al oeste de Caracas y construido sobre una colina, como muchos de los barrios de la ciudad. Dentro de La Vega, hice mis investigaciones en el sector Las Casitas que se encuentra en lo alto de la colina, a 15 km del centro histórico de la ciudad. Allí vive la familia que yo llamo Maldonado, y que estuvo detrás de las movilizaciones por el acceso a la vivienda y a los servicios públicos que animaron el barrio en los años 70 y 80.

A medida que se desarrollaban dichas movilizaciones, los miembros de la familia Maldonado fueron adquiriendo conocimientos sobre cómo interpelar y cómo dialogar con los poderes públicos, conocimientos que se dieron a la tarea de reactivar cuando llegaron al poder los gobiernos chavistas. Así, en la década del 2000, los Maldonado se convirtieron en los principales interlocutores de las administraciones públicas para la implementación de programas de acción pública participativa en el sector de Las Casitas. Gracias a su trabajo de intermediación, su sector del barrio obtuvo la instalación de un centro de acceso gratuito a internet (Infocentro), un supermercado de productos subvencionados (Mercal) y la reparación de la cancha de básquet para organizar actividades para los jóvenes.

Cantos a la Cruz de Mayo y a San Juán

Este ejemplo muestra que la circulación de recursos entre los barrios y las administraciones públicas fue posible gracias al vínculo entre los actores como la familia Maldonado, capaces de transmitirle a las administraciones las necesidades y la voz de sus barrios; con los militantes empleados por las administraciones, quienes estaban en capacidad de escuchar las peticiones populares gracias a sus vínculos históricos con los barrios. Sin embargo, es importante señalar que estos ejemplos están circunscritos tanto en el espacio como en el tiempo, y que las políticas participativas de los gobiernos chavistas no lograron construir cambios duraderos en las estructuras desiguales y excluyentes que ocasionan las carencias vividas y sufridas por las clases populares del país.

¿Las nuevas relaciones entre las administraciones y los administrados que se observan desde los años 2000 reconfiguran de alguna manera la relación entre los habitantes de los barrios con la geografía de la ciudad y con la política en general?

La historia de los barrios venezolanos es la historia de una tensión que va desde las alianzas hasta los enfrentamientos con el Estado. En la década del 2000, la implementación de políticas participativas por parte de los gobiernos chavistas parece cambiar la situación (circunstancialmente), transformando al Estado en un posible aliado. Una de las expresiones más visibles de estas transformaciones es el acceso a la ciudad que ganan en aquel momento las clases populares. En efecto, cuando la vida cotidiana de las clases populares no se limita solamente a las economías y sociabilidades internas de los barrios, sino que tiene la posibilidad de extenderse hasta llegar a los lugares donde se desarrollan las sociabilidades políticas y económicas dominantes (es decir, en el centro de la ciudad); esto abre la puerta a que dichas poblaciones construyan nuevas alianzas las cuales tienen el potencial de transformarse en bienes simbólicos y materiales que hacen su camino de vuelta hacia los barrios.

Yoletty Bracho – Casas de ladrillo de un barrio de Caracas – Todos los derechos reservados.

Sin embargo, observando la coyuntura de finales de 2020, es evidente que hay una ruptura entre el Estado y las clases populares. En este contexto, la movilidad geográfica y social de las clases populares está totalmente cuestionada como consecuencia de la crisis económica y política. Dicha falta de movilidad restringe las economías internas y los horizontes sociales de los barrios, lo que, sumado a la represión del disenso, tiene fuertes consecuencias sobre las capacidades de las clases populares para organizarse y expresar su descontento.

En su investigación usted también se interesó en los militantes que trabajaron para el Estado dentro de las administraciones venezolanas, observando cómo esta dinámica transformaba tanto su militantismo como las estructuras del Estado como tal. ¿Quiénes son estas personas que acompañaron la revolución dentro de las instituciones?

Mi trabajo de investigación me permitió identificar varios perfiles de militantes que han trabajado como intermediarios de la acción pública participativa. El primer perfil es el de los militantes venidos de los barrios. Se trata de militantes que lograron una cierta forma de ascensión social que viene dada ya sea por su trabajo barrial o por sus estudios, y que les permitió integrarse a organizaciones con objetivos nacionales y/o globales. El segundo perfil reúne a militantes de la clase media intelectual que, a pesar de no venir de los barrios, construyen vínculos con ellos y con las organizaciones barriales por diversas vías. Estos militantes suelen darle seguimiento al camino político abierto por sus padres (muchos de los cuales fueron militantes de las izquierdas tanto latinoamericanas como venezolana), al mismo tiempo que exploraron los caminos del militantismo universitario.

Finalmente, el último grupo es el de los militantes internacionalistas, compuesto por jóvenes que vinieron de diferentes países europeos (Francia, España) y latinoamericanos (principalmente Argentina) para apoyar a la revolución bolivariana. Los distintos perfiles mencionados estuvieron en posición de trabajar juntos en el diseño y la implementación de distintos programas de acción pública participativa de los gobiernos chavistas, estando sin embargo en la mayoría de los casos sometidos a condiciones de empleo precarias. De hecho, hay un importante contraste entre las altas responsabilidades políticas que les fueron dadas, y los contratos a corto plazo y con pocos beneficios laborales a través de los cuales eran empleados. Dichas condiciones de trabajo tendieron inevitablemente a reducir sus capacidades para verdaderamente “transformar el Estado”.

Si el objetivo de transformar el Estado se enfrentó a fuertes limitaciones administrativas, económicas y políticas, ¿qué queda hoy en día de la participación?

Aunque las políticas participativas no fueron inventadas por los gobiernos chavistas, es innegable que las mismas recibieron un nuevo impulso en la década de los 2000. Lo que queda en la actualidad es lo que llamamos en ciencias políticas un repertorio de acción estatal que ha recibido el reconocimiento de diversos actores políticos, lo que nos puede llevar a pensar que las políticas participativas seguirán existiendo en Venezuela a largo plazo sin importar quien gobierne. Sin embargo, el contenido y el significado de estas políticas pueden variar. La idea de “transformar el Estado desde dentro” que algunos actores promovieron durante los primeros años del siglo XXI le dio un sentido político “popular” fuerte y un cierto carácter de universalidad a las políticas participativas de los gobiernos chavistas. Estas perspectivas están mucho menos presentes a finales de la década del 2000 y principios de 2010. Más recientemente, la participación promovida por el gobierno de Nicolás Maduro evacua los cuestionamientos políticos y democráticos bajo el pretexto de la gestión de la crisis, y se conforma con la distribución de pírricas raciones de alimentos a las poblaciones necesitadas.

En la actualidad, son sobre todo las ONG quienes tienen un papel central en lo que concierne tanto la organización de la solidaridad como la estructuración de las reivindicaciones en términos de derechos humanos de las clases populares. Para realizar dichas tareas, las ONG internacionales se apoyan a diario en sus homólogas venezolanas y juntas construyen la labor de gestión de crisis desde un enfoque humanitario. Frente a esta nueva configuración de las políticas de la solidaridad surgen dos tipos de clivajes: un primer clivaje político, que opone a las asociaciones civiles y a las organizaciones populares a la hora de establecer relaciones con las ONG nacionales e internacionales; un segundo clivaje social, que implica la distinción entre los actores que son o no capaces de captar los recursos de las ONG dado su manejo (o falta de manejo) de los códigos necesarios para dirigirse ellas.

En resumen, la acción humanitaria es hoy en día un componente estructural de la vida cotidiana en Venezuela. Sin embargo, la solidaridad construida en torno al ámbito humanitario puede conducir a un cierto distanciamiento de la política. Es decir, dada la neutralidad reivindicada desde el ámbito humanitario como condición necesaria para actuar de manera eficaz dentro de contextos que se definen como polarizados (como el venezolano); sus métodos y acciones pueden conducir a un distanciamiento de los llamados “beneficiarios” de una comprensión política (y por lo tanto clivada) de la vida cotidiana. Dicho distanciamiento pudiera poner en riesgo el rol de ciudadanos que los llamados “beneficiaros” deben jugar, y el cual es esencial para la definición de un posible futuro democrático para el país.

Nos gustaría hacerle una última pregunta sobre las prácticas y métodos de las ciencias sociales para trabajar en contextos políticamente polarizados. ¿Cómo logró usted realizar su trabajo de campo en medio del contexto polarizado venezolano? ¿Y cómo logra usted hoy en día hacer el vínculo entre sus reflexiones plasmadas en el trabajo de escritura de su tesis doctoral, y el análisis mas coyuntural de la degradación política y social que sigue avanzando en el país?

Entre mi trabajo de campo realizado durante los años 2014-2015 y los acontecimientos más recientes de 2021, ha sido necesario establecer una distancia. En ese sentido, es indispensable asumir que mi trabajo de escritura se hace a partir de datos que tienen una temporalidad propia y que tienen sentido en un momento determinado. Ellos proporcionan informaciones sobre el presente, pero no pueden explicar la totalidad de la situación actual. La distancia analítica entre mi investigación y la situación actual venezolana se hace evidente en la redacción de mi tesis que comencé escribir conjugando los verbos en tiempo presente, cuando ahora los conjugo en tiempo pasado. Dicho de otra forma, soy consciente de que estoy tratando con dinámicas que en parte pertenecen al pasado, y que debo dar cuenta de esta temporalidad.

Respecto a mi posicionamiento como investigadora frente a mi objeto de estudio y mi campo de investigación, yo sigo reivindicando mi compromiso personal con lo que ocurre en Venezuela y persisto en la práctica del método etnográfico que me lleva a construir relaciones de cercanía con los actores del campo. Esta cercanía me permite mantener un alto grado de sensibilidad y de vínculo con mi campo, sin necesariamente sacrificar la distancia física, afectiva y temporal necesaria para el proceso de objetivación. Sin embargo, la evolución de mis propias posiciones políticas y científicas me han llevado a estar en desacuerdo con interlocutores con quien antes fui muy cercana. De hecho, nuestras trayectorias políticas pueden acabar distanciándonos al punto de tener opiniones completamente divergentes sobre lo que ocurre en Venezuela. Y aunque esta realidad me cuestiona, pienso que es gracias a la claridad de mis convicciones tanto políticas como científicas que puedo hoy en día posicionarme frente a los debates sobre Venezuela. Sobre todo cuando se trata de dar cuenta de la dramática evolución de la situación del país.

En este contexto, es evidente que la binariedad que algún día estructuró los debates tanto políticos como científicos sobre Venezuela, y a la cual yo también pude participar, es hoy más que nunca un sinsentido. Por lo tanto, me parece que en la actualidad es imprescindible cuestionar los clivajes desde los que se ha pensado el país para integrar en el análisis las nuevas dinámicas que estructuran la vida de los venezolanos: nuevas fronteras sociales y políticas resultantes de las experiencias migratorias, nuevas expresiones de clivajes de clase dentro de una sociedad altamente precarizada, producción, recepción y contestación de la violencia del Estado, entre muchas otras. Personalmente, como investigadora pero también como migrante, siento la necesidad de reflexionar sobre estas experiencias y de construir nuevas reivindicaciones políticas y científicas que permitan superar los límites de un análisis binario y reductor de la experiencia venezolana, y por tanto de mi propia experiencia.

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