Matar candidatos en México. El PRD en los años 90.

Introducción

El proceso electoral de 2018 fue calificado como el más violento de la historia de México. Conforme al registro de la organización Estrategia Electoral, “entre el 8 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018 − fechas de inicio y conclusión del proceso electoral federal −, fueron asesinadas al menos 145 personas que estaban relacionadas con los procesos electorales o eran actores políticos de sus localidades”.¹ El sociólogo Arturo Álvarez Mendoza llega a una cifra cercana al contar 140 fallecidos.²

En ese momento, los analistas políticos parecen haber descubierto una nueva cara de la violencia en el país: la violencia electoral. Sin embargo, si volteamos hacia la historia política mexicana, los episodios de 2018 se insertan en una larga cronología que resuena y detona, sobre todo, durante los periodos electorales. En este texto quiero mostrar cómo la violencia que se vivió hace 30 años, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), y que tuvo como principal blanco a militantes del recién creado Partido de la Revolución Democrática (PRD), permite trazar una serie de continuidades y rupturas con la violencia electoral que atestiguamos en 2018.

Matar opositores, en ‘silencio’

 “¿Militantes asesinados? Es un invento del PRD”, me dijo un académico cuando documentaba los primeros años de este partido. Como parte de mi doctorado, quise analizar el impacto de la represión sobre la construcción partidista, un tema casi inexplorado entonces.

Estábamos en la segunda mitad de los años 90, en plena transición democrática y hablar de violencia en espacios académicos, en contraste con lo que ocurre hoy, era un tema prácticamente vetado. Los politólogos veían los cambios políticos desde lo nacional. O para ser más precisa, desde la Ciudad de México. Así, los asesinatos que ocurrían en Guerrero o Michoacán eran una realidad lejana geográfica y socialmente, asociada, históricamente, a la llamada ‘Guerra Sucia’ de la década de los 70, y no a la apertura política de los 90.

En los años 90, los asesinatos que ocurrían en Guerrero o Michoacán eran una realidad lejana geográfica y socialmente. Hablar de esta violencia en espacios académicos era prácticamente vetado.

Esas reacciones me llevaron a construir la metodología más rigurosa posible para estudiar tal fenómeno. Elaboré una base de datos de homicidios, cruzando varias fuentes y seleccionando únicamente los casos claramente documentados : un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); los archivos de la revista Proceso, que entonces era de las pocas en dar amplia cobertura al tema; y un conjunto de informes de la Fundación Ovando y Gil, la cual se dedicaba a apoyar a los huérfanos de los militantes asesinados.³

La base de datos que he construido contiene el registro de 265 militantes del PRD asesinados entre 1989 y 1994.⁴ Los homicidios de perredistas se concentran en cuatro estados, en los que se registran el 77% del total de los casos: Michoacán (27%), Guerrero (25%), Oaxaca (15%) y Puebla (10%). Llama la atención que 30 años más tarde estos mismos estados “presentan mayor incidencia de asesinatos de figuras políticas”.⁵. Sin embargo, la colección de casos que consigné en aquella base no sólo muestra rasgos interesantes a nivel geográfico. Revela que la violencia estalla durante los periodos electorales locales, y no así en los federales, lo cual es consistente con la observación de Álvarez Mendoza en los años 2010. Esto demuestra la importancia del calendario electoral de 2018 para que los contextos locales salgan finalmente a la luz nacional.

Registramos 265 militantes del PRD asesinados entre 1989 y 1994.

El 64% fue asesinado en contexto electoral.

Entre 1989 y 1994, el 64% de los militantes de mi muestra son asesinados durante el contexto electoral: 10% durante la campaña y 54% en contextos post-electorales, los cuales fueron numerosos en estos años.⁶ Este relato es ilustrativo de la repartición temporal de la violencia durante el ciclo electoral, el cual es importante estudiar en su conjunto:⁷

“El municipio de Tixtla [Guerrero], a media hora por la carretera de la capital del estado, se creó (…) un comité perredista, cuyo dirigente era Guillermo García Tiledano. (…) El 27 de noviembre de 1989 fue el primero en caer a balazos, unos días antes de las elecciones locales (…). Surgió la indignación y el cierre de filas. Llegaron también las elecciones y hubo fraude. (…) La población de Tixtla decidió tomar la presidencia municipal, instalar un plantón y nombrar a sus propios comisarios en cada comunidad. Nadie imaginaba que tal acción costaría tres muertos más”.⁸

En el contexto de una transición democrática llevada desde la escala nacional, la violencia está claramente vinculada con las resistencias del aparato local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en estas entidades, ante la construcción del PRD y la llegada del pluralismo electoral. Así, aunque ya desde entonces se intentaba mezclar los homicidios con “el hampa organizada”⁹, es claro que eran el resultado de las tensiones políticas de la época.

Sin embargo, la violencia que estudiamos rebasa el mero ciclo electoral. El 6% de los perredistas de la muestra fueron asesinados por formar parte del equipo municipal del partido. El 22% fueron ultimados mientras desarrollaban actividades rutinarias del PRD, o son identificados como perredistas por el asesino en el momento mismo del homicidio. Por ejemplo, en el caso de Tixtla antes aludido, tras matar a un militante del PRD a la salida de una reunión del partido, “los agresores caminaron por el pueblo gritando su impunidad [y] que podían matar a cuantos perredistas desearan, ya que estaban protegidos por el PRI”.¹⁰

Por otra parte, durante este periodo, la violencia se dirigía principalmente hacia los hombres, lo cual se puede explicar también por la escasa participación de las mujeres en la vida política de la época. Esto puede explicar su baja mortalidad (3% de los casos registrados son mujeres). No obstante, aún con la feminización contemporánea de la política local, en 2018 el 86% de los muertos seguían siendo hombres. ¹¹

Los homicidios de perredistas se concentran en cuatro estados, en los que se registran el 77% del total de los casos: Michoacán (27%), Guerrero (25%), Oaxaca (15%) y Puebla (10%).

Luego, en el periodo estudiado, el 55% de los muertos son militantes activos del PRD; el 5% eran candidatos en el momento de su muerte; el 15% funcionarios del partido; el 15% representantes populares; y el 5% familiares. Ahora bien, el 33% de los homicidios ocurrieron fuera de una actividad militante. Esto abre la posibilidad de que la militancia fuera un rasgo fortuito y no determinante de la victimización. No obstante, el contexto – retratado por relatos circunstanciados presentados delante de la CNDH- permite establecer una causalidad entre la filiación partidista y el homicidio.

¿Causalidad entre filiación partidista y el homicidio?

Por las historias partidistas tanto del PRI y su sistema semi-corporativista, como del PRD – que se forma desde lo local, apoyándose en organizaciones sociales –¹², los conflictos se extienden a organizaciones sociales o profesionales afines.

Así, en el municipio de Chichihualco (Guerrero), se entremezcla el conflicto post-electoral en la elección municipal de 1990 con un pleito en la mesa directiva de la Unión Ganadera. El saldo fue de dos muertos. Luego, “La violencia regresó a Chichihualco cuatro años después (…) bajo el mismo signo, fraude electoral, protesta de la población, se desalojó el palacio municipal”.¹³. Esta vez se entremezcló un conflicto entre transportistas (de la Unión de taxistas democráticos, “movimiento taxista del PRD”) y los taxistas piratas vinculados al PRI. En este segundo episodio fueron asesinados 6 militantes más.

Resulta notorio que los repertorios de acción reprimidos varían en función del espacio político local. En Guerrero y Oaxaca había más muertos en manifestaciones y marchas que en Michoacán.

Sin embargo, en la mayoría de los casos de la muestra, el vínculo temporal entre el homicidio y las actividades militantes es directo. El 13% ocurrió durante o al salir de una reunión del partido; el 9% en su ejercicio como representante popular; el 8% en el escenario de la ocupación de una presidencia municipal; el 9% durante una marcha; el 6% durante un plantón. En estos contextos, ciertas formas de acción, ciertos “repertorios”, para retomar el concepto del historiador Charles Tilly, son más reprimidos que otros. Es el caso de las ocupaciones, y en particular de los llamados “municipios paralelos”. En efecto, en 1989, 23 municipios de Michoacán (sobre 113) y 20 de Guerrero (sobre 75) fueron tomados después de sospechas de fraudes. En estos casos, la administración municipal fue asumida por un equipo municipal del PRD «paralelo» que ocupó las instalaciones durante semanas e incluso meses.¹⁴

Luego, resulta notorio que los repertorios de acción reprimidos varían en función del espacio político local. En Guerrero y Oaxaca había más muertos en manifestaciones y marchas que en Michoacán. Esta entidad concentra los muertos de representantes populares (el 75% de los casos). En Guerrero, las muertes suceden sobretodo fuera de una actividad partidista, pero el contexto de violencia crónica en el estado, como en los dos municipios citados, permite vincularlas a las tensiones que trajo consigo el pluralismo político.

¿Quién mataba los militantes?

Los datos colectados brindan cierta información acerca de algunos de los (presuntos) perpetradores de los crímenes. A pesar de que son datos que deben manejarse con cautela, debido a que no provienen de investigaciones judiciales, resulta interesante examinar el perfil de los asesinos.

En el 20% de los casos los victimarios son identificados como «pistoleros»; el 27% como policías; el 31% como militantes del PRI. Solo en el 19% de los casos no se identifica el «perfil» de los perpetradores.

Estos son identificados por las personas cercanas a las víctimas, que muchas veces son testigos presenciales del homicidio. En el 20% de los casos los victimarios son identificados como «pistoleros»; el 27% como policías; el 31% como militantes del PRI. S en el 19% de los casos no se identifica el «perfil» de los perpetradores. Luego, estas cifras fluctúan dependiendo de los estados. La policía estatal parece estar más involucrada en los casos registrados en Guerrero; los militantes del PRI en los que se registran en Michoacán; y finalmente los pistoleros, en Oaxaca.

También pudimos observar cierta variación en los modus operandi de los asesinatos. En el caso de Guerrero, los asesinos van en grupo (de 2 a 4 individuos) y en el 43% de los casos matan a varias personas el mismo día (como sucede en el caso Chichihualco ya mencionado). Además, en el 7% de los casos, la persona fue torturada y en el 2% el cadáver fue mutilado. Aunque es posible argüir que las personas cercanas a las víctimas pueden tener incentivos para señalar cómo perpetradores a sus enemigos políticos, esta posibilidad no debilita el argumento que pretendo establecer. Sean quién sean los victimarios, las descripciones detalladas de las agresiones son elocuentes acerca del carácter político – y politizado – de la violencia de aquellos años.

Finalmente, el recorrido por los la década de los noventa muestra ciertas continuidades y rupturas con las elecciones del 2018. Primero, la relevancia estadística de la violencia electoral. Segundo, su repartición geográfica: los estados afectados son, en gran medida, los mismos, lo cual nos debe llevar a cuestionar las narrativas y cronologías acercar de las recomposiciones político-criminales en estos territorios. Sin embargo, parece haber cambiado el momento de alto riesgo para los candidatos. Pasó de ser la fase post-electoral, al periodo de las pre-candidaturas y campañas electorales. Es decir, pasamos de los procesos de transición y acomodo de nuevos equipos de trabajo, a los periodos de selección de candidatos.¹⁵

Finalmente, en 2018 la violencia afectó mayoritariamente a los partidos que representan la oposición política, como era el caso del PRD en los 90. Eso sí, analizando la información disponible en los fondos de Informaciones políticas y sociales del Archivo General de la Nación (IPS, AGN) desde los años 1940, vemos que la violencia electoral en ciertos estados – como Guerrero, Oaxaca y Puebla – es continua. Por otra parte, en esas épocas afectaba a los mismos priistas (o sus disidentes), en particular durante el proceso de selección de candidaturas. Esto debería llevarnos a cuestionar con más atención la forma en que los conflictos y dinámicas intra-partidistas pueden ser parte de la explicación a la violencia contemporánea.

Conclusión

Si el menosprecio frente a la violencia electoral por parte de los analistas en los años noventa se puede explicar por cuestiones vinculadas con el contexto nacional, también se puede leer a partir de los marcos analíticos que se aplicaban a escala internacional.

Se analizaban los procesos políticos en términos de «transiciones democráticas» – una tradición que sigue alimentando una parte de la investigación actual -, lo cual tendía a invisibilizar los temas de política local y violencia electoral. Los trabajos actuales sobre la integridad electoral cambiaron esta perspectiva para poner la violencia en el centro de la atención pública, lo cual también explica el interés de los analistas y de las ONGs al respecto.

El reto sigue siendo de poder analizar, de manera rigurosa, la violencia político-electoral desde la Revolución. Cruzar fuentes diversas para poder hacer una radiografía desde lo local. Tal rigor científico nos permitiría cuestionar tanto la cronología de la violencia en los procesos electorales, cómo la atribución sistemática de la violencia actual al  narcotráfico – lo cual sucede con casi cualquier tipo de violencia social. Aquí, la mirada histórica nos muestra que la violencia de hoy, en muchos casos, se incierta en una larga trayectoria local que no podemos dejar de lado.

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Notes

1. Animal Político, 6 de mayo de 2019. ↩︎
2. Alvarado Mendoza, Arturo. “Violencia política y electoral en las elecciones de 2018”, Alteridades, 29, 2019. ↩︎
3. El nombre de la fundación proviene de Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heraldez, los colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas que fueron ejecutados en Michoacán, durante la campaña electoral de 1988. ↩︎
4. Combes Hélène, ‘Gestion des manifestations dans le Mexique des années 1990’, in Olivier Fillieule, Donatella della Porta, Police et manifestants: Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Paris: Presses de Sciences Po, 2006; Combes, Hélène. Faire parti: Trajectoires de gauche au Mexique. Paris: Karthala, 2011; Schatz, Sara,  Murder and Politics in Mexico. Political Killings in the Partido de la Revolucion Democratica and its Consequences, New York  : Springer-Verlag, 2011. ↩︎
5. Animal político, art. cit. ↩︎
6. Eisenstadt Todd, Courting Democracy in Mexico: Party Strategies and Electoral Institutions, Cambridge : Cambridge University Press, 2004. ↩︎
7. Norris, Pippa. Why Electoral Integrity Matters. New York: Cambridge University Press, 2014. ↩︎
8. Fundación Ovando y Gil, p.11. ↩︎
9. La Jornada, 7 de julio de 1988 ↩︎
10. Fundación Ovando y Gil, p.12. ↩︎
11. Álvarez Mendoza, p. 67. ↩︎
12. Combes 2011. ↩︎
13. Comité PRD Local. ↩︎
14. Rámirez Sevilla (Luis), Dibujo de sol con nubes : una aproximación a los límites y potencialidades del PRD en un municipio de Michoacán, Zámora, El Colegio de Michoacán, 1997. ↩︎
15. Álvarez Mendoza, 2019. ↩︎