Entrevista con Keymer Ávila,
realizada por Fabrice Andréani
¿Cómo se puede resumir el estado actual de las relaciones entre las fuerzas de seguridad del Estado y la población venezolana, en particular las clases populares?
En Venezuela los cuerpos de seguridad del Estado desde su nacimiento venían signados por su militarización, instrumentalización político-partidista, así como por sus excesos contra las clases populares. La lógica bélica que se impuso para hacer frente a las guerrillas de izquierda entre los años sesenta y setenta1, causando miles de casos de violaciones a los derechos humanos, se trasladará en las décadas siguientes a las prácticas cotidianas de los organismos de seguridad. La represión contra las protestas populares de febrero de 1989, conocidas como el Caracazo, contra reformas de inspiración neoliberal, fue un punto de quiebre, provocando entre 500 y 3000 muertos según las ONG locales e internacionales.
El siglo XXI en Venezuela venía acompañado de la promesa de una ruptura radical con un sistema político deslegitimado, excluyente y que criminalizaba a las clases populares. Y si bien en materia policial hubo algunos avances normativos y discursivos, en realidad la violencia y letalidad de los cuerpos de seguridad durante la última década se ha venido incrementando de manera considerable, especialmente a partir del año 2013, con grandes saltos en los años 2015, 2016 y 2018. Período que también presenta un grave deterioro de las condiciones económicas y sociales del país y una pérdida de legitimidad del gobierno, cuya principal respuesta al retroceso general de los derechos ciudadanos ha sido la violencia institucional.
El gráfico más arriba da cuenta del crecimiento notable del número de personas fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado entre los años 2010 y 2018, que es el período en el que se cuenta con la información oficial mejor sistematizada y continua. De 23.688 casos registrados durante esos 8 años, el 69% ocurrió entre 2016 y 2018, mientras la tasa de muertes por cada cien mil habitantes en esas situaciones incrementó en un 622%, pasando de 2,3 en 2010 a 16,6 en 2018. Un registro superior que la tasa (general) de homicidios de la mayoría de los países del mundo (6,1).
Además, durante el mismo periodo y como queda ilustrado en el siguiente gráfico, el porcentaje que ocupan esos casos dentro del total de homicidios, que ya en sí es altísimo (entre 50 y 70 por cada cien mil habitantes según estimaciones), se disparó igualmente, pasando de un 4 a 33% en el mismo periodo. Hoy en día, uno de cada tres homicidios es producto de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado.
Para tener una idea de las dimensiones, hay que tener en cuenta que estos casos ocupan entre 8 y 9% de los homicidios en Estados Unidos, y apenas un 7% en Brasil. Durante 2017 Venezuela tuvo más fallecidos por estas causas (4.998) que este país vecino (4.670), que tiene siete veces su población.
Con base en el seguimiento que hacemos de casos, encuestas de victimización tanto oficiales como independientes, la abundante investigación empírica existente, así como a los testimonios de familiares y vecinos de las víctimas, se evidencia que se trata de hombres jóvenes de barrios o sectores populares, pobres y racializados – morenos. Estas muertes tratan de legitimarse posteriormente en el discurso gubernamental difundido en los medios de comunicación, presentándolos como delincuentes “muertos por enfrentamientos con la policía”. Sin embargo, cuando estudiamos en detalle estos casos podemos observar cómo los supuestos enfrentamientos son realmente casos minoritarios, y hasta excepcionales.
Además de los numerosos relatos de testigos oculares, el registro oficial del saldo de esos “enfrentamientos” revela una situación sumamente problemática tanto desde el punto de vista del conocimiento académico como de los estándares internacionales en cuanto al manejo estatal de la fuerza letal. Mientras se estima generalmente que éste es abusivo y desproporcionado cuando la muerte de civiles son diez veces superior que aquellas sufridas por los agentes del Estado, aquí mueren noventa y cuatro civiles por cada policía. Esos mismos datos públicos registran igualmente unos promedios de dieciséis muertos por cada herido, y de cinco decesos por cada detenido. En suma, todos los elementos disponibles dejan claros indicios de un uso excesivo de la fuerza letal así como de la existencia de ejecuciones extrajudiciales en la mayoría de esos eventos.
En sus inicios, el chavismo atrajo a varios actores particularmente críticos hacia la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado, en particular en los barrios populares. ¿No hubo intentos significativos de reformar la policía desde aquel entonces?
En Venezuela desde su independencia no existía una visión nacional y de una política unificada para las policías. Entre sus características se encontraba su desregulación operativa, militarización y deslegitimación recurrente. Por otro lado, las policías estaban atomizadas a lo largo del país y muchas de ellas, locales y regionales, estaban concebidas como pequeños ejércitos privados del gobernante de turno, respondiendo a intereses político-partidistas. Además, entre los vacíos jurídicos y la dispersión normativa en la materia, la heterogeneidad, las asimetrías y la ausencia de coordinación entre los distintos cuerpos de policía eran la regla, así como la precariedad laboral y social de los funcionarios. El abordaje de toda esta complejidad fue lo que asumió el Estado en el año 2006, en el contexto del año de la reelección presidencial de Hugo Chávez –poco después de unos casos de secuestros y asesinatos que conmovieron a la opinión pública nacional, en los que estaban implicados funcionarios policiales. Al crear la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL), el gobierno canalizó de manera inteligente y acertada las demandas securitarias que había posicionado la oposición en la agenda pública.
Durante tres años, la CONAREPOL fue un espacio plural e interinstitucional, tanto técnico como académico, que trabajó en la formulación de un modelo policial basado en el respeto de los derechos humanos, la profesionalización de los funcionarios y el carácter civil del servicio. Cumplió con tres tareas fundamentales: elaboró un diagnóstico general de la situación de los cuerpos policiales en el ámbito nacional, regional y municipal; diseñó un modelo policial adecuado a las condiciones sociales, culturales y políticas del país; sugirió recomendaciones inmediatas en procura de la efectividad del servicio policial y un mayor control de la gestión policial. Todo ello basado en una gran consulta nacional y estudios sistemáticos, lo que aportó no solamente una base de conocimiento real, basado en investigación, datos y evidencia empírica, sino que además logró legitimar todo el proceso, sentando un precedente importante en la elaboración de las políticas públicas en el país.
De la CONAREPOL surge la Ley del Servicio de Policía, que tiene entre sus objetivos sentar las bases de un modelo policial civil, preventivo, profesional y respetuoso de los derechos humanos. Así como homogenizar los diversos cuerpos de policía y la creación de un cuerpo de policía nacional. Hasta ese momento era la Guardia Nacional –componente de las Fuerza Armada Nacional- que desde 1937 ejercía de facto labores de policía nacional, en muchas ocasiones sus ex funcionarios comandaban a las policías locales y regionales.
Pese a sus impactos positivos en materia legislativa y en el diseño de políticas públicas, el modelo ideal propuesto por la CONAREPOL no se implementó en las prácticas institucionales cotidianas. Lo que ha llevado a cabo el poder político en el terreno, de manera paralela, es más bien una contra-reforma, pero que se oculta detrás del “nuevo modelo” y de este bloque normativo que no se aplica. Ambos han servido para ser exhibidos en momentos de crisis de la policía, para maquillarla y relegitimarla política, social y mediáticamente. Su uso meramente declarativo invisibiliza practicas rutinarias de la policía que terminan siendo cada vez más peligrosas y dañinas.
Una de las muestras más claras de ese proceso paradójico es la hipertrofia policial, el crecimiento acelerado y desmedido de esta institución. En vez de una evolución razonada de ese servicio público con base a evaluaciones regulares, la CONAREPOL sirvió como pretexto, en sentido contrario de sus propias recomendaciones, para un incremento considerable del número de policías en los tres niveles político-administrativos. Así, se pasó de un total de 114.463 funcionarios policiales en 2006 a más de 175.000 para inicios de 2017 (un crecimiento de un 53% del pie de fuerza policial), y de una tasa de encuadramiento policial de 429 pasó a 557 policías por cien mil habitantes (207 puntos por encima del estándar internacional). Esto es a todas luces un indicador más del Estado de Policía que se ha venido construyendo en el país.
Para llegar a esas cifras no se cumplen con estándares mínimos de selección, ni capacitación, y posteriormente se hace cuesta arriba llevar una supervisión y control eficiente sobre esos miles de jóvenes armados, que son sacados a la calle después de un tiempo de formación que resulta insuficiente. Estos funcionarios terminan haciendo su voluntad en la calle sin ningún tipo de límite legal o institucional2. Esto puede dar indicios también para hacer evaluaciones respecto a las verdaderas funcionalidades de la policía en Venezuela. Las actuales tasas de homicidio y las cada vez más numerosas muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado han sido algunas de las posibles consecuencias de este incremento abrupto del número de policías en el país3.
Otra dimensión que no debe perderse de vista es la profundización de la militarización de la vida política y social del país. Si bien la militarización de las policías y de la seguridad ciudadana es una tradición de vieja data, durante las dos últimas décadas, destaca el hecho que de los últimos 15 ministros de Interior 12 han sido militares. Sin embargo, la dinámica de la militarización no sólo se reduce al ejercicio de los militares en determinadas áreas, también abarca la cultura, prácticas y lógicas bélicas internalizadas y llevadas a cabo por los funcionarios públicos en general. Esto se expresa, por ejemplo, en operativos policiales militarizados y diversas intervenciones espasmódicas que se han hecho durante años, entre las más recientes destacan las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) de 2015 y el actual protagonismo de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, que son la antítesis del modelo policial propuesto por la CONAREPOL, plasmado en el bloque normativo que rige esta materia.
¿Esta violencia institucional cómo se distribuye socialmente?
El tema de la represión y el uso excesivo de la fuerza letal en Venezuela se suele instrumentalizar de manera partidista, y los medios de comunicación tradicionales -con sus intereses corporativos y prejuicios de clase y de raza- suelen alimentar la confusión sobre una situación que ya es sumamente grave, amalgamando entre sí todas las víctimas de la violencia de Estado. Las cifras de miles de muertes que señalé en mi primera respuesta son de jóvenes de los sectores populares masacrados bajo la excusa de la “seguridad ciudadana”, no se trata de disidentes políticos ni del contexto de manifestaciones. Esto no significa que en Venezuela la represión contra las manifestaciones no sea brutal, pero la violencia institucional de carácter letal no se expresa en estos contextos de manera tan masiva como la que se aplica de manera sistemática, permanente y cotidiana contra los jóvenes de los sectores populares.
Además, cuando los pobres son los que protestan la represión es mayor que cuando son estudiantes universitarias o jóvenes de las capas medias, como se pudo comprobar en las protestas de finales de enero de 2019 con un saldo de aproximadamente unas 60 personas fallecidas en menos de dos semanas. De alguna manera, la masacre por goteo que se lleva contra los pobres desde hace tiempo y que se incrementó aceleradamente durante los últimos años ha servido como globo de ensayo para aplicar luego esta violencia institucional hacia sectores con mayores capitales sociales, políticos y mediáticos. Un ejemplo muy concreto que hemos estudiado: la tolerancia y apoyo hacia los operativos policiales militarizados, de carácter letal, contra los barrios marginales por parte de las clases más incluidas entre los años 2015 y 2016, se volvió en su contra durante las protestas de 2017.
Sin embargo, de manera general, para las capas medias y altas de la sociedad que se atrevan a disentir, el gobierno les tiene otras modalidades menos letales, pero también violatorias de sus derechos civiles, tales como detenciones arbitrarias, procesamientos en jurisdicción militar, torturas, allanamientos ilegales, destrozos y asaltos contra sus bienes. Esto último es una clara manifestación de lo que Achille Mbembe denomina “guerra de infraestructuras”4, donde los funcionarios también realizan actos predatorios y de pillaje, se llevan como botín de guerra objetos pertenecientes a las víctimas que tienen algún valor: electrónicos, joyas, dinero, ropa, incluso alimentos. Es de advertir que este pillaje institucional también se le aplica a los pobres, la diferencia es que la clase media, durante esos allanamientos, no tiene una pérdida total de sus viviendas, ni tampoco resultados fatales.
Y luego esa misma lógica de abuso institucional, de operación militar, es adaptada para opositores con mayor poder de reclamo social e impacto mediático como diputados o alcaldes. Solo durante 2018, según el seguimiento que hemos hecho para Provea, las detenciones por razones políticas incrementaron un 574% respecto al promedio de casos registrados durante la última década. Cabe también señalar que desde el año 2015 hasta la fecha, ya suman al menos cinco casos de presos políticos muertos bajo custodia.
Además, en un contexto en el cual ya se banalizaron las formas de criminalización de la oposición – entre inhabilitaciones, detenciones por protestas o complots (supuestos o verdaderos), y también exilios forzados –, el gobierno considera a las críticas internas, disidencias o desafiliaciones, de sus cuadros políticos como actos graves de traición que se pagan con la cárcel o el destierro; siendo los ejemplos más emblemáticos las detenciones de los ex Ministros de Defensa de Chávez (desde 2008) y de Interior y Justicia de Maduro (desde 2018), así como el exilio de la ex-Fiscal General y la ex-Defensora del Pueblo (en agosto 2017).
Por otra parte, desde una perspectiva más amplia de lo policial, el gobierno tiene diversos mecanismos disciplinarios y de contención de carácter masivo, destinados principalmente a los más humildes, los más conocidos son el “carnet de la patria”, con el cuál se puede tener acceso a bienes y servicios, y las cajas “CLAP” (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) que traen carbohidratos y aceite vegetal a precios subsidiados, que en un contexto de desabastecimiento, escasez, hiperinflación y devaluación de la moneda, resulta de gran valor. Ambas son eficientes herramientas de control político, social y policial. En las protestas ocurridas en sectores populares durante los primeros meses de 2019, estos dispositivos mostraron su eficacia para la delación, extorsión y aplicación del terror en las comunidades más humildes, deteriorando severamente el tejido social, así como las lógicas mínimas de solidaridad y fraternidad que deben existir entre los vecinos.
¿En qué medida esa desigualdad en el terreno se desdobla en el espacio mediático?
Un aspecto importante es el tratamiento diferenciado que se le da a la muerte de los miles de jóvenes en el contexto de los operativos policiales ordinarios en los barrios o sectores populares respecto a las decenas que fallecen en el marco de manifestaciones. En ambos casos son víctimas del Estado, ambas muertes son políticas, pero sin duda todo está permeado por prejuicios de clase, de raza e incluso político-partidistas.
En el primer caso, se trata de masacres por goteo, muertes diarias que no ocupan los espacios más privilegiados de los medios de comunicación, ni los discursos de los partidos políticos, ni las ONG o instituciones internacionales en materia de derechos humanos. Son muertes sin rostros, sin nombres, sin espacios para que sus familiares se expresen, sin redes de solidaridad social ni política. Al fallecido se le termina adjudicando la etiqueta de “delincuente” para justificar posteriormente su asesinato. Pero el mensaje político es claro: el Estado puede matar a los pobres sin ningún tipo de consecuencia. Esto luego lo puede administrar a conveniencia en momentos de crisis y extender esta lógica a otros sectores sociales.
En contraste, las muertes en contexto de manifestaciones suelen ser más esporádicas, más selectivas, usualmente se trata de jóvenes estudiantes de las capas medias o trabajadores, vinculados de alguna u otra forma a un espacio con mínimas capacidades de respuesta en términos organizativos, aunque sea de manera incipiente. Estas muertes posteriormente son instrumentalizadas políticamente por alguno de los bandos en disputa y adquieren gran notoriedad, ocupan los titulares en los medios de comunicación, las ONG les brindan su apoyo, son priorizadas por las transnacionales que velan por los derechos humanos, y la víctima adquiere un estatus de mártir-héroe. Esto sin duda afecta las respuestas de tipo institucional ante estos eventos, así como los costos políticos reales o percibidos de la violencia institucional.
Para profundizar el tema:
- Keymer Ávila, “¿Qué pasó con la reforma policial en Venezuela? Preguntas y respuestas básicas sobre el proceso en su etapa púber”, Friedrich Ebert Stiftung (FES), 2019.
- Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina. Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela. CIDE/LAV/FIP/IUJ/FBSP, 2019.
- Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Derecho a la Libertad Personal. Informe Anual 2018, PROVEA, 2019.
Notes
- [Nota del editor] Estas guerrillas, surgidas del Partido comunista (PCV) y demás fuerzas de izquierdas y apoyadas por Cuba, planteaban acabar con la dominación de los partidos social-democrata (AD) y social-cristiano (COPEI), que se alternaban en el poder desde la re-instauración de la democracia en 1958. ↩︎
- Si bien la tasa de impunidad general pudo ser estimada en un 90% –pese a tasas de encarcelamiento elevadas para delitos menores y a muestras puntuales de “eficiencia” tratándose de víctimas de sectores privilegiados–, la de policías y militares es sin duda aún más importante. ↩︎
- Esta hipertrofia policial favorece el fraccionamiento de las fuerzas de seguridad, con distintos feudos o facciones y agendas autónomas de todo tipo, llevando incluso a enfrentamientos. En 2016, un 19% de los policías asesinados (27% en el Área Metropolitana de Caracas) eran víctimas de otros policías. ↩︎
- A. Mbembé, “Necropolitics”, Public Culture, 2003, n°15, pp. 11-40. ↩︎