Este proyecto es producido por el Programa Noria para México y América Central.

Lanzamiento : 1 de junio del 2021

Rationale

El 6 de junio del 2021 se celebraron las elecciones más grandes de la historia de México. Los números son abrumadores: se renovaron 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1,063 diputados estatales, además de 1,926 ayuntamientos y juntas municipales en 30 entidades; un total de 21,368 cargos en los tres niveles de gobierno.

Quitando el foco de los retos logísticos que representaron los comicios, este proyecto busca documentar una cuestión central de la democracia mexicana: la creciente violencia ejercida contra mujeres y hombres candidatos y funcionarios públicos en contextos electorales.

Salir de la explicación de “fue el narco”

Entre 2006 y 2019, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) registró 158 asesinatos de presidentes municipales en México. Por otra parte, el Justice in Mexico Program calcula que desde 2002 fueron asesinados 264 políticos locales (alcaldes, ex-alcaldes, suplentes y candidatos). De estos, 98 fallecieron entre 2015 y 2019, siendo las elecciones del 2018 las ‘más violentas de la historia’ (145 personas relacionadas con el proceso electoral asesinadas).

Si revisamos la literatura, las explicaciones a estas dinámicas parten de un amplia serie de preguntas: ¿Quién asesina los candidatos? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué impacto tiene en la vida política local? En cambio, las respuestas, tanto por parte de las autoridades como de la academia y la expertiz, se centran en una hipótesis recurrente: la responsabilidad de la violencia se imputa casi automáticamente al crimen organizado. Así, la gran mayoría de los estudios asocia la violencia electoral contemporánea con “el narco”.

Por ende, la violencia se explica a partir una lectura en términos de incentivos y apetitos criminales. El narco estaría buscando: el control de rutas de trasiego o puntos de producción de drogas; el control territorial para extorsionar presupuestos públicos o imponer cobro de cuotas a diversas actividades legales e ilegales; y, finalmente, capturar el Estado e imponer reglas de control social a los ciudadanos.

Re-politizar nuestro análisis

Aunque las organizaciones criminales seguramente tienen una responsabilidad en el uso de la coerción, la presunción de que ‘el narco’ o ‘el crimen organizado’ son la única explicación de la violencia electoral no es satisfactoria.

En nuestro trabajo mostramos como en México la violencia es un recurso político central, usado y compartido por una variedad de actores públicos y privados, lícitos e ilícitos. Partiendo de esta premisa, tenemos que cuestionar lo que solemos ver como argumentos racionales acerca del crimen y la política.

Primero, tienden a olvidar o minimizar el papel que juegan las autoridades políticas, las fuerzas públicas y diversos actores privados (empresarios, caciques, figuras de autoridad de facto, patrones informales, y muchos más) en la violencia electoral, a través de la colaboración – activa o pasiva – o de la protección de actores violentos. Existe evidencia clara acerca del peso ocupado por las redes político-criminales en actos de represión, amenazas, y asesinatos de candidatos en México.

El segundo aspecto crucial yace en la geografía política de la violencia electoral: en su inmensa mayoría, afecta a cargos municipales o locales. Por otra parte, y quizás sea aún más importante, los territorios más afectados por este tipo de violencias no son únicamente las regiones que presentan la mayor «actividad» o «presencia» criminal en el país, en el sentido en que lo entienden los argumentos de ‘fue el narco’. De hecho, Oaxaca, Puebla o Veracruz forman parte de las entidades con mayor violencia electoral, a pesar de no ser «tierras de cárteles».

Por ende, resulta imprescindible producir un conocimiento local matizado que nos ofrezca un panorama más complejo de un fenómeno preocupante que no se puede resumir bajo la oposición entre «crimen» y «política».

El objetivo de este proyecto Noria es precisamente de producir nuevas explicaciones y ejes de reflexión acerca de la economía política de la violencia electoral en México.

Preguntas y objetivos

A la luz de estas lagunas, nuestro proyecto sigue 5 preguntas de investigación y ejes de trabajo.

-1- ¿Cómo evolucionaron las prácticas de violencia electoral (y política) en los últimos años, y quién la ejerce?

Recordando que la violencia en contextos electorales no es un fenómeno inédito o reciente en el país (entre 1988 y 1992 han sido asesinados, desparecidos, violentados y arrestados miles de militantes del recién creado Partido de la Revolución Democrática [PRD], por ejemplo), identificaremos las modalidades contemporáneas de la violencia electoral (presiones, amenazas, violencia física).

Buscamos desentrañar las dinámicas y los actores que yacen detrás de la violencia, siendo atentos a: pleitos locales; conflictos partidistas o personales; cambios de etiquetas partidistas; el papel de los empresarios y de las maquinarias políticas estatales; el rol de caciques, autoridades locales e intereses privados: el papel de las fuerzas públicas armadas, así como de grupos violentos, asociados o no al narcotráfico.

-2- ¿Cómo identificar mejor las causas de la violencia y los actores involucrados?

Varios estudios muestran que los estados con mayor violencia electoral no son los de mayor incidencia homicida. En este caso como en muchos otros en México, la atención académica y mediática tiende a enfocarse en las manifestaciones más espectaculares de violencia, así como a usar las tasas de homicidios como único estándar de medición.

Esto contribuye a crear una visión distorsionada de lo que sucede en el país. Así, veremos que la violencia electoral tiene tanto que ver con la forma, historia y práctica del poder a nivel local, que con la presencia o no del “crimen organizado” (aunque Michoacán y Guerrero, por ejemplo, que combinan todos los factores antes mencionados, serán de máxima importancia para estudiar las relaciones entre crimen y violencia electoral).

Nuestro proyecto cuestionará estas realidades desde lo local, con la atención puesta en el estudio de las dinámicas de coerción, sin presumir de una explicación simple. Aquí es donde nuestra metodología, fundada en trabajo de campo, entrevistas, y acceso directo a los actores locales (candidatos, personal político, empresarios, miembros de grupos armados y criminales) resulta fundamental.

-3- ¿Quiénes son las poblaciones más vulnerables y dónde se encuentran?

Estaremos atentos a diversos personajes de la vida pública que no necesariamente son los presidentes municipales: regidores, secretarios de seguridad pública, diputados, candidatos, periodistas, activistas, así como diferentes ciudadanos «normales» (la familia de los candidatos, por ejemplo).

Luego, y a pesar de que las campañas electorales representan los momentos más críticos en términos de violencia, analizaremos las dinámicas que afectan, físicamente o no, los cargos públicos más allá de los comisios: lo que sucede después de las elecciones; lo que sucede con los ex-candidatos o ex-alcaldes cuando salen de su puesto, entre otras dinámicas.

Finalmente, resulta crucial ser atentos a criterios cruzados de geografía, edad, género, etnicidad y perfil social. No es lo mismo ser una candidata mujer, indígena en una zona rural de Oaxaca, que un empresario aguacatero en Michoacán, o un candidato en una urbe de millones de habitantes.

A partir de estos ejes, buscaremos cruzar dinámicas y variables para identificar y mapear los factores y los perfiles de vulnerabilidad (incluso cruzándolos con temas de militancia ambiental, por ejemplo). Esto será parte del trabajo cuantitativo que realizaremos en el marco de este proyecto.

-4- ¿Cómo medir mejor la violencia electoral?

La mayoría de los datos producidos sobre violencia electoral toma la etiqueta partidista de los candidatos como una variable infalible. Al contrario, el trabajo de campo revela estrategias constantes de arreglos partidistas: los candidatos pueden cambiar de colores en función de las oportunidades, sobretodo al nivel municipal. Así, la misma persona, puede competir con el PRI, luego con el PRD, el PAN o MORENA.

Por otra parte, es frecuente observar la construcción de dinastías familiares locales, donde las hijas, hijos, sobrinos, esposas y esposos asumen un papel políticos después de sus ancianos. En estos casos, resulta fundamental ser atentos al apellido aún más que al partido.

Luego, no cabe duda de que los intereses políticos y criminales se cruzan en múltiples puntos. Las competencias electorales, y las economías ilícitas, por ejemplo, pueden dar lugar a conflictos – violentos – para el acceso al poder que van más allá de las etiquetas partidistas: revisaremos entonces la mayor vulnerabilidad de ciertos partidos, lo cruzaremos con dinámicas locales, tratando de entender mejor en qué medida la etiqueta partidista es relevante para analizar la violencia.

-5- ¿Qué mecanismos de protección existen para candidatos en México?

La violencia electoral representa una amenaza directa a la vida democrática del país: no es posible que miles de elecciones locales sean a vida o muerte.

Documentaremos cuales son los mecanismos públicos de protección a funcionarios, candidatos y exalcaldes que existen en México, y buscaremos analizar su eficacia, a la luz de las preguntas mencionabas arriba.

Trabajaremos con las relevantes autoridades federales y estatales para documentar este tema, cruzaremos los datos con las experiencias relatadas por los actores locales, y presentaremos datos provenientes de casos internacionales.

Nuestros informes

Informe n°1 – Por María Teresa Martínez Trujillo y Sebastián Fajardo Turner

Los datos de la violencia polítical-electoral en México, 2020-2021. ¿ Qué nos dicen? ¿ Qué nos esconden?

Descubra nuestros datos originales

Lea el informe completo

Informe n°2 – Por Ana Velasco

Si las elecciones son a vida o muerte… ¿Cómo proteger candidatos en México?

Lea el resumen ejecutivo

Lea el informe completo

Metodología y plusvalía: datos y trabajo de campo

Siguiendo la expertiz de Noria, este proyecto descansa en un elenco de métodos mixtos: combinará técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa, con un amplio trabajo de entrevistas, observaciones de campo y trabajo de archivo.

Es importante destacar que la metodología mixta no resulta de incursionar en unas y otras técnicas, sino en establecer un diálogo constante en los procesos de diseño-análisis entre la tradición cuantitativa y la cualitativa.

A la par de la metodología mixta, este proyecto ofrece un acercamiento excepcional a los actores clave para entender la violencia electoral en México: candidatos y presidentes municipales en ejercicio, así como actores del tejido político y económico local y, finalmente, actores violentos.

Estos accesos se fundan en más de 10 años de experiencia de trabajo en México, incluso en algunas de la zonas más expuestas a la violencia electoral.

Así, este proyecto ofrece una oportunidad inédita de documentar, a partir de las poblaciones afectadas e involucradas, los matices de la violencia electoral en el país.

Equipo del proyecto

Coordinación del proyecto: Romain Le Cour Grandmaison

Oficial de proyecto: María Teresa Martínez Trujillo

Analista Data: Sebastián Fajardo Turner

Investigadora: Ana Velasco Ugalde

Asistente de proyecto: Alicia Landín Quirós

Traducciones y Edición:
– Paul Kersey
– Ana Inés Fernández
– Isabel Álvarez-Echandi
– Terra Traducciones

Ilustraciones y Web-diseño:
– Verónica Martínez Trujillo
– Valentin Bigel
– Romain Lamy

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