Haga clic aqu\u00ed para regresar al Proyecto ‘Elecciones y Violencia en M\u00e9xico’<\/a><\/p>\n\n\n\n La transici\u00f3n a la democracia en M\u00e9xico ha sido un proceso marcado por la pluralidad y la alternancia, pero tambi\u00e9n por episodios de violencia. Con m\u00faltiples expresiones y diferente intensidad a lo largo del tiempo y el territorio, la violencia pol\u00edtico-electoral ha puesto en duda la capacidad de las autoridades de garantizar unas elecciones seguras para los ciudadanos, tanto al ejercer su voto como en su derecho a ser votados.<\/p>\n\n\n\n A pesar de la amplia cobertura que se da en los \u00faltimos a\u00f1os a la violencia electoral, la preocupaci\u00f3n por parte de las autoridades p\u00fablicas no es reciente. Esto se refleja, por ejemplo, en el art\u00edculo 216 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos: \u201cLa salvaguarda y cuidado de las boletas electorales son considerados como un asunto de seguridad nacional\u201d.1<\/a><\/sup> As\u00ed, la ley prev\u00e9 medidas de seguridad espec\u00edficas para todo el proceso electoral, desde la impresi\u00f3n de boletas hasta la previsi\u00f3n de solicitar auxilio a polic\u00edas de todos los niveles de gobierno – o incluso de las fuerzas armadas – para garantizar el orden p\u00fablico durante la jornada. Sobretodo, lo que se desprende es la construcci\u00f3n de la protecci\u00f3n del voto como un asunto estrat\u00e9gico, entendido incluso como una posible amenaza a la estabilidad y seguridad del Estado.<\/p>\n\n\n\n Lo que no aparece en este texto de ley es, \u00bfqu\u00e9 prev\u00e9 el Estado para proteger a los candidatos de la violencia ejercida contra ellos durante las campa\u00f1as? \u00bfQu\u00e9 mecanismos se han creado en la historia reciente? \u00bfQu\u00e9 revelan los protocolos que se han implementado acerca de la percepci\u00f3n de las amenazas y su gesti\u00f3n? En pocas palabras: \u00bfC\u00f3mo hacer que las elecciones locales, que son las m\u00e1s violentas, no sean un juego a vida o muerte para las y los candidatos?<\/p>\n\n\n\n En este texto, se analizar\u00e1n los mecanismos formales que ha implementado el Estado mexicano para identificar, prevenir, atender y sancionar las violencias en contextos electorales. El objetivo es, primero, recapitular los esfuerzos institucionales emprendidos a lo largo de las \u00faltimas d\u00e9cadas. Esto nos permite matizar la impresi\u00f3n de que no existen esfuerzos gubernamentales para atemperar el problema o bien, que son de reciente concepci\u00f3n. Luego, a partir de esta revisi\u00f3n, analizaremos los aciertos de la pol\u00edtica p\u00fablica de atenci\u00f3n al fen\u00f3meno, as\u00ed como sus principales limitantes. <\/p>\n\n\n\n \u00bfQu\u00e9 prev\u00e9 el Estado para proteger a los candidatos de la violencia ejercida contra ellos durante las campa\u00f1as? \u00bfQu\u00e9 mecanismos se han creado en la historia reciente? \u00bfQu\u00e9 revelan los protocolos que se han implementado acerca de la percepci\u00f3n de las amenazas y su gesti\u00f3n? \u00bfC\u00f3mo hacer que las elecciones locales no sean un juego a vida o muerte para las y los candidatos?<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n La exploraci\u00f3n de los mecanismos formales implementados tambi\u00e9n es \u00fatil para verter luz sobre las constantes tensiones que existen al interior de las autoridades federales, y entre \u00e9stas y las locales, en lo complejo que es el reparto de responsabilidades; el espacio de discrecionalidad que deja la normativa para dise\u00f1ar e implementar los mecanismos de protecci\u00f3n. Finalmente, contrastamos el planteamiento que se hace el Estado mexicano, con experiencias internacionales, en este caso en Italia.<\/p>\n\n\n\n Lo que buscamos, entonces, es no solo revisar la normativa, sino entender a partir de ella c\u00f3mo ha evolucionado la atenci\u00f3n gubernamental a un fen\u00f3meno cada vez m\u00e1s preocupante para la vida democr\u00e1tica nacional.<\/p>\n\n\n\n Hist\u00f3ricamente, el mecanismo para la protecci\u00f3n de candidatos en M\u00e9xico est\u00e1 vinculado a la transici\u00f3n democr\u00e1tica.2<\/a><\/sup> En 1990 fue creado el Instituto Federal Electoral (IFE) como organismo aut\u00f3nomo encargado de organizar y garantizar la imparcialidad del proceso electoral. El C\u00f3digo Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE), su normativa base, incluy\u00f3 una previsi\u00f3n sobre la protecci\u00f3n de los candidatos a la Presidencia de la Rep\u00fablica. As\u00ed, el art\u00edculo 183 planteaba que el presidente del Consejo General (del IFE) podr\u00eda solicitar a \u201clas autoridades competentes\u201d los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requirieran.3<\/a><\/sup> Su antecesor, el C\u00f3digo Federal Electoral de 1987, no inclu\u00eda esa previsi\u00f3n.4<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n Lo que buscamos no es solo revisar la normativa, sino entender a partir de ella c\u00f3mo ha evolucionado la atenci\u00f3n gubernamental a un fen\u00f3meno cada vez m\u00e1s preocupante para la vida democr\u00e1tica nacional.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Sin embargo, es de notar la ambig\u00fcedad de la redacci\u00f3n tanto en la adjudicaci\u00f3n de responsabilidades, como en la definici\u00f3n de un proceso y su efectividad. Para empezar, la obligaci\u00f3n de asistencia o intermediaci\u00f3n de las autoridades electorales solamente se activar\u00eda a petici\u00f3n expresa de la candidata o el candidato, pero no se detallaba bajo qu\u00e9 supuestos de vulnerabilidad era posible hacerlo, ni el c\u00f3mo. No se describe si las autoridades encargadas de proveer la protecci\u00f3n evaluaban antes la pertinencia de la solicitud \u2013 quienes adem\u00e1s absorber\u00edan el costo de tal proceso -, ni cu\u00e1les eran los \u201cmedios de seguridad personal\u201d que se ofrecer\u00edan. Tampoco se se\u00f1alaba qui\u00e9nes eran las autoridades competentes, es decir, si la solicitud se hac\u00eda directamente a instituciones de seguridad, como la polic\u00eda o las Fuerzas Armadas, o si hab\u00eda un intermediario. Es importante tener en cuenta estos huecos desde la normativa inicial, pues ser\u00e1n los ejes que nos permitan notar c\u00f3mo evolucion\u00f3 el mecanismo y c\u00f3mo ha sido interpretado seg\u00fan algunos cambios de gobierno o coyunturas espec\u00edficas.<\/p>\n\n\n\n La redacci\u00f3n del mecanismo base en el COFIPE adquiri\u00f3 cierta claridad en las elecciones presidenciales de 1994, las primeras que organiz\u00f3 el IFE. Tal y como hab\u00eda ocurrido en la pr\u00e1ctica al menos desde 1988, el organismo con la responsabilidad de proteger a los ciudadanos que aspiraban a la Presidencia, y que as\u00ed lo solicitaran, fue el Estado Mayor Presidencial (EMP).5<\/a><\/sup> Esto supuso la asignaci\u00f3n de una escolta que trabajaba en coordinaci\u00f3n con el equipo del candidato y las autoridades locales durante la campa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n El hecho de que el EMP ya brindara este tipo de protecci\u00f3n a candidatos presidenciales antes de la creaci\u00f3n del IFE sugiere que el art\u00edculo 183 del COFIPE absorbi\u00f3 e institucionaliz\u00f3 una pr\u00e1ctica que ya exist\u00eda, dot\u00e1ndola de un car\u00e1cter democr\u00e1tico, al servicio de cualquier aspirante, independientemente de su partido.6<\/a><\/sup> El siguiente ajuste en la especificidad del mecanismo de protecci\u00f3n se dio en 2006 con la incorporaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n (SEGOB) como intermediaria entre los candidatos, el IFE, y el EMP. En enero de ese a\u00f1o se public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (DOF) un acuerdo de apoyo \u201cen materia de seguridad a los candidatos presidenciales de los diferentes partidos pol\u00edticos durante el proceso electoral del 2006.\u201d7<\/a><\/sup> Dicho acuerdo estableci\u00f3 que la SEGOB ser\u00eda la instancia encargada de recibir la solicitud del presidente del Consejo del IFE y hacerla del conocimiento del EMP, y que cualquier imprevisto pasar\u00eda tambi\u00e9n por sus manos.<\/p>\n\n\n\n El objetivo, seg\u00fan el documento, era contribuir \u201ca dar seguridad y confianza\u201d al proceso electoral, \u201cmanteniendo en el pa\u00eds un estado de gobernabilidad.\u201d Este acuerdo es relevante por dos motivos:<\/p>\n\n\n\n Luego, el proceso federal electoral de 2008-2009, en el que se renov\u00f3 la C\u00e1mara de Diputados, ampli\u00f3 la cobertura del mecanismo para estos candidatos. En enero de 2009, el IFE present\u00f3 un acuerdo con los partidos pol\u00edticos en el que se inclu\u00eda, por primera vez, la previsi\u00f3n de proteger a las y los candidatos para Diputaciones federales.8<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n En enero de 2009, el IFE present\u00f3 un acuerdo con los partidos pol\u00edticos en el que se inclu\u00eda, por primera vez, la previsi\u00f3n de proteger a las y los candidatos para Diputaciones federales.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Un a\u00f1o antes se hab\u00eda expedido una nueva versi\u00f3n del COFIPE que modificaba la redacci\u00f3n de la previsi\u00f3n sobre protecci\u00f3n a candidatos:<\/p>\n\n\n\n \u201cEl presidente del Consejo General podr\u00e1 solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran<\/em>, as\u00ed como a los candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, desde el momento en que, de acuerdo con los mecanismos internos de su partido, se ostenten con tal car\u00e1cter.\u201d9<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n Por su parte, el acuerdo establece que la solicitud de protecci\u00f3n puede ser \u201ca las autoridades federales, estatales y municipales competentes\u201d. 10<\/a><\/sup> Es decir, el EMP no es el encargado de brindar seguridad en estos casos y el nivel local es considerado por el mecanismo por primera vez. Cabe resaltar que el contexto en el que ocurren estos ajustes es el inicio de la llamada \u201cGuerra contra el narco\u201d y que ya se hab\u00eda registrado un incremento de incidentes de violencia pol\u00edtica-electoral. As\u00ed, en estados con alta incidencia de violencia como Guerrero, Oaxaca, Puebla y Michoac\u00e1n, de tan solo 2 casos de asesinatos en 2007, se registraron 14 casos en 2008.11<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n A pesar de los ajustes que se fueron haciendo al mecanismo en la pr\u00e1ctica, a\u00fan quedaba un margen significativo de mejora. Por ejemplo, incluir candidatos a diputaciones federales pod\u00eda abrir la puerta a ampliar la protecci\u00f3n a candidatos a senadur\u00edas en las pr\u00f3ximas elecciones y, quiz\u00e1s, a otros cargos con alta visibilidad pol\u00edtica, como los gobernadores. Tampoco era claro c\u00f3mo se defin\u00eda la responsabilidad de protecci\u00f3n para los candidatos a diputaciones federales, sobretodo, la posibilidad de la participaci\u00f3n de las autoridades locales o estatales en este proceso.<\/p>\n\n\n\n Aunque en una primera lectura la ambig\u00fcedad del mecanismo puede parecer una falla, vale la pena revisar sus implicaciones. De inicio, es necesario se\u00f1alar que las autoridades electorales no tienen entre sus responsabilidades brindar seguridad. Su trabajo, no menor, es que el proceso, particularmente la jornada electoral, ocurra sin contratiempos. En la realizaci\u00f3n de ese objetivo, es posible que se encuentren con problemas de seguridad, log\u00edsticos o de afectaci\u00f3n y por ello soliciten el apoyo de las instituciones con esas facultades. As\u00ed queda indicado en su normativa.<\/p>\n\n\n\n Es necesario recordar que las autoridades electorales no tienen entre sus responsabilidades brindar seguridad. Su trabajo es que el proceso, particularmente la jornada electoral, ocurra sin contratiempos.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Sin embargo, el establecimiento de un proceso m\u00e1s espec\u00edfico de seguridad no solo rebasa su esfera de competencias, sino que puede contribuir a obstaculizar su trabajo, como nos lo han comentado funcionarios p\u00fablicos entrevistados para este informe. En otras palabras, no es que desconozcan las condiciones de inseguridad, al contrario, deben conocerlas perfectamente para llevar a cabo su labor, pero su obligaci\u00f3n no es resolverlas, sino evitar que afecten al proceso. Por ejemplo, autoridades electorales del estado de Guerrero, una entidad con fuerte presencia del crimen organizado, nos compartieron que no siguen los mapas de riesgo para decidir si instalan o no una casilla, porque si lo hicieran probablemente muchas quedar\u00edan sin instalar. Lo que hacen es establecer di\u00e1logos y negociaciones dentro de las comunidades y con las instituciones locales o federales responsables de la seguridad en la zona. Esto puede incluir a las fuerzas armadas para garantizar la instalaci\u00f3n de la casilla, la protecci\u00f3n de las urnas y del transporte de boletas. Tambi\u00e9n podemos suponer que las negociaciones a nivel local pueden incluir a varias autoridades de facto, <\/em>como caciques y otras figuras de poder que garanticen el buen orden de la jornada electoral.<\/p>\n\n\n\n Resulta importante analizar estas cuestiones. Por motivos hist\u00f3ricos, pero tambi\u00e9n de reputaci\u00f3n internacional, el Estado mexicano es sumamente celoso del proceso electoral. Desde principios de los a\u00f1os 2000, la medida de \u00e9xito y buena calidad del ejercicio democr\u00e1tico del voto yace principalmente en la instalaci\u00f3n del 100% de las casillas en el pa\u00eds, de la prevenci\u00f3n del fraude, y del conteo efectivo de los votos. Por decirlo de otra manera, y esto tiene seguramente que ver con el escrutinio que ejercen organismos e instituciones internacionales \u2013 OEA, OCDE, por ejemplo \u2013 lo que importa es la log\u00edstica. No necesariamente cu\u00e1ntos candidatos son amenazados, heridos o pierden la vida en el proceso electoral.<\/p>\n\n\n\n Conforme las condiciones de inseguridad empeoraron en varias regiones del pa\u00eds a partir del 2006, se abri\u00f3 una nueva disyuntiva para las autoridades involucradas en el mecanismo de protecci\u00f3n. Para el IFE, la labor de blindaje del proceso electoral se complic\u00f3 al tiempo de que se convert\u00edan en un actor con informaci\u00f3n clave sobre las condiciones en el terreno, as\u00ed como un organismo responsable de enviar equipos a trabajar en zonas de alto riesgo. Por su parte, mientras el Gobierno Federal implementaba la \u201cguerra contra las drogas\u201d, se mov\u00eda en una delgada l\u00ednea pol\u00edtica e institucional. Buscaba mantenerse al margen de las contiendas, al mismo que deb\u00eda asegurarse de que ocurrieran en paz para no poner en riesgo la imagen de estabilidad democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n Desde principios de los 2000, la medida de \u00e9xito y buena calidad del ejercicio democr\u00e1tico del voto yace principalmente en la instalaci\u00f3n del 100% de las casillas en el pa\u00eds, de la prevenci\u00f3n del fraude, y del conteo efectivo de los votos.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Mientras tanto, las autoridades locales ten\u00edan una bomba de tiempo en las manos, al no contar con protocolos de protecci\u00f3n para sus candidatos. La pregunta segu\u00eda siendo la responsabilidad de extender la protecci\u00f3n a los niveles municipales que estaban cada m\u00e1s expuestos a din\u00e1micas de violencia electoral o pre-electoral, sin aparecer en el mapa federal de preocupaci\u00f3n institucional cuando llegaron las elecciones de junio de 2012, a pesar de las se\u00f1ales muy preocupantes que aparecieron durante todo el sexenio de Felipe Calder\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n \u201cDebemos reconocer que, si bien no es un fen\u00f3meno generalizado, se han registrado hechos de inseguridad p\u00fablica e intentos de injerencia del crimen organizado en algunas elecciones.”12<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n A inicios de 2012 y con las elecciones presidenciales en la puerta, el entonces secretario de Gobernaci\u00f3n Alejandro Poir\u00e9 reconoci\u00f3, con cierto eufemismo, la dif\u00edcil coyuntura que enfrentaba el proceso electoral. Esto ven\u00eda de lejos, con un sinf\u00edn de episodios de violencia registrados a lo largo del sexenio que estaba por concluir.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed, unos d\u00edas antes de las elecciones locales de 2010 en Tamaulipas, el candidato a gobernador del PRI hab\u00eda sido asesinado.13<\/a><\/sup> Al a\u00f1o siguiente, en las elecciones de Michoac\u00e1n, un grupo de la delincuencia organizada, los Caballeros Templarios, presion\u00f3 a la ciudadan\u00eda a votar por el PRI, un partido que no hab\u00eda sido favorecido en las \u00faltimas elecciones del estado.14<\/a><\/sup> La intimidaci\u00f3n, que tambi\u00e9n se aplic\u00f3 de forma muy violenta a los candidatos y a aparatos partidistas, funcion\u00f3. El PRI triunf\u00f3 en Michoac\u00e1n y logr\u00f3 el regreso a la gubernatura de la mano del grupo criminal, como quedar\u00eda ampliamente documentado unos a\u00f1os despu\u00e9s.15<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n Bajo el escrutinio que ejercen organismos e instituciones internacionales \u2013 OEA, OCDE, por ejemplo, lo que importa es la log\u00edstica. No necesariamente cu\u00e1ntos candidatos son amenazados, heridos o pierden la vida en el proceso electoral.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Por ende, la declaraci\u00f3n del entonces Secretario Poir\u00e9, en un momento en el que el debate p\u00fablico estaba monopolizado por la violencia y el narcotr\u00e1fico, ilustra el nivel de alerta de las instituciones vinculadas con las elecciones. La expectativa de las autoridades electorales era que el proceso de juio de 2012, el m\u00e1s grande hasta ese momento, ser\u00eda altamente violento.16<\/a><\/sup> Se disputar\u00edan: la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Congreso de la Uni\u00f3n completo (500 diputados y 128 senadores), 6 gubernaturas, la jefatura de gobierno del Distrito Federal, 579 diputaciones locales, 876 ayuntamientos, 16 jefaturas delegacionales y 20 juntas municipales, para un total de 2 mil 127 cargos de elecci\u00f3n popular. Sin embargo, los pron\u00f3sticos de violencia no se cumplieron y el n\u00famero de v\u00edctimas fue considerado bajo, con tres asesinatos: dos candidatos a alcalde y uno a diputado local.17<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n Nuestro objetivo es revisar cu\u00e1les fueron los mecanismos implementados por las autoridades federales durante las elecciones de 2012, y si podr\u00edan haber contribuido a atemperar el n\u00famero de incidentes.<\/p>\n\n\n\n Las acciones del Gobierno Federal comenzaron varios meses antes de la declaraci\u00f3n de Poir\u00e9, con Francisco Blake Mora a\u00fan al frente de la SEGOB. Desde inicios de 2011, el entonces secretario firm\u00f3 varios convenios espec\u00edficos con estados que tendr\u00edan elecciones ese a\u00f1o: Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, el Estado de M\u00e9xico e Hidalgo.18<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n Los convenios consist\u00edan en acuerdos de coordinaci\u00f3n entre las distintas instituciones de seguridad en cada entidad, incluyendo la participaci\u00f3n de las fuerzas federales para proteger los comicios. Esto sugiere que m\u00e1s que un protocolo nacional uniforme, hasta ese momento exist\u00eda un acercamiento entidad por entidad que descansaba en un trabajo directo con autoridades locales.<\/p>\n\n\n\n A inicios de 2012 y con las elecciones presidenciales en la puerta, el entonces secretario de Gobernaci\u00f3n reconoci\u00f3 con cierto eufemismo ‘la dif\u00edcil coyuntura’ que enfrentaba el proceso electoral. Esto ven\u00eda de lejos, con un sinf\u00edn de episodios de violencia registrados a lo largo del sexenio que estaba por concluir.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Esta tendencia es particularmente obvia en el caso de Michoac\u00e1n que, como ya se adelant\u00f3, tambi\u00e9n tuvo elecciones ese a\u00f1o. Dos meses y medio antes de la jornada, en agosto del 2011, el Secretario Blake y el gobernador Leonel Godoy Rangel \u2013 del PRD – firmaron un convenio que inclu\u00eda un protocolo de coordinaci\u00f3n de seguridad, la previsi\u00f3n de asignar una escolta a los candidatos que lo solicitaran y, novedad, la instalaci\u00f3n de una mesa de negociaci\u00f3n y distensi\u00f3n para prever y resolver conflictos entre candidatos y partidos pol\u00edticos mediante el di\u00e1logo. Este mecanismo puede indicar nuevamente la voluntad de atender el fen\u00f3meno como uno de gobernabilidad y no solo de seguridad. Tambi\u00e9n denota que los gobiernos Federal y estatal consideraban que las tensiones pol\u00edticas existentes \u2013 particularmente fuertes en Michoac\u00e1n en esa \u00e9poca – pudieran convertirse en episodios violentos durante el proceso electoral, m\u00e1s all\u00e1 de las amenazas del crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, a pesar de los esfuerzos implementados a partir de la firma del acuerdo, la violencia que caracteriz\u00f3 las elecciones de noviembre 2011 en Michoac\u00e1n deja entrever al menos dos limitantes de la estrategia coordinada por la SEGOB.<\/p>\n\n\n\n Un primer punto d\u00e9bil que mostr\u00f3 la estrategia de Michoac\u00e1n asom\u00f3 tras el asesinato del alcalde de La Piedad el 2 de noviembre del 2011, nueve d\u00edas antes de la elecci\u00f3n. Este hecho puso de manifiesto que no solo los candidatos eran vulnerables, sino tambi\u00e9n los mandatarios en turno. Cuestionado por la prensa sobre la seguridad de los alcaldes, el secretario Blake afirm\u00f3 que la Federaci\u00f3n no pod\u00eda otorgar protecci\u00f3n adicional a los presidentes municipales porque la SEGOB ya ten\u00eda implementado protocolos de seguridad para estos funcionarios, aunque no precis\u00f3 cu\u00e1ndo hab\u00eda ocurrido.19<\/a><\/sup> En realidad, esta laguna en la protecci\u00f3n no es particular del caso michoacano, sino que es propia del dise\u00f1o del mecanismo de base que contemplaba \u00fanicamente a candidatos.<\/p>\n\n\n\n La segunda limitante del mecanismo result\u00f3 evidente debido a otra tragedia. Dos d\u00edas antes de las elecciones en Michoac\u00e1n, el 11 de noviembre, el secretario Blake falleci\u00f3 en un accidente de helic\u00f3ptero. La ausencia s\u00fabita del coordinador de la mesa de distensi\u00f3n pol\u00edtica colaps\u00f3 este mecanismo en un momento cr\u00edtico.20<\/a><\/sup> Esta situaci\u00f3n subraya la falta de institucionalizaci\u00f3n de estos mecanismos cuya efectividad yace m\u00e1s en la voluntad de los funcionarios y la coyuntura, que en el seguimiento de lineamientos bien definidos.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de las elecciones en Michoac\u00e1n, y en contexto de violencia particularmente complicado, la SEGOB inici\u00f3 un nuevo ciclo de colaboraci\u00f3n con el IFE para la elaboraci\u00f3n de un convenio de cooperaci\u00f3n. Este fue firmado el 18 diciembre de 2011 por el nuevo Secretario de Gobernaci\u00f3n, Alejandro Poir\u00e9.21<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n El nuevo convenio planteaba novedades cruciales. Para las elecciones presidenciales de julio 2012, la Secretar\u00eda coordinar\u00eda la oferta de protecci\u00f3n a los candidatos a puestos de elecci\u00f3n popular que lo solicitaran y no s\u00f3lo a los aspirantes a la Presidencia de la Rep\u00fablica y diputaciones federales, como se hab\u00eda hecho hasta ese momento. El IFE se encargar\u00eda de establecer mecanismos de comunicaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n con las instituciones de seguridad a trav\u00e9s de sus juntas locales. El acuerdo fue la antesala de un esfuerzo de coordinaci\u00f3n de amplio calado entre instituciones del Gobierno Federal, primero, y con autoridades estatales y municipales, luego. Es importante observar que el fen\u00f3meno se abord\u00f3 como un asunto de pol\u00edtica p\u00fablica transversal, dentro del cual SEGOB, eso s\u00ed, representaba el interlocutor indispensable para conciliar las esferas electorales con las tareas de seguridad p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n Los convenios de 2011\/2012 consist\u00edan en acuerdos de coordinaci\u00f3n entre las distintas instituciones de seguridad en cada entidad, incluyendo la participaci\u00f3n de las fuerzas federales para proteger los comicios. <\/p> Esto sugiere que m\u00e1s que un protocolo nacional uniforme, hasta ese momento exist\u00eda un acercamiento entidad por entidad que descansaba en un trabajo directo con autoridades locales.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n De manera puntual, SEGOB desarroll\u00f3 cuatro mecanismos espec\u00edficos para atender las violencias en el proceso electoral. El primero fue una labor de ubicaci\u00f3n de secciones electorales con riesgo de violencia y potencial de afectaci\u00f3n para la instalaci\u00f3n y funcionamiento de las casillas. Seg\u00fan los funcionarios entrevistados, este mecanismo supon\u00eda un esfuerzo de cooperaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n entre autoridades locales y el Gobierno Federal, y con ello, la construcci\u00f3n de un canal de confianza.<\/p>\n\n\n\n El segundo mecanismo fue un protocolo para la protecci\u00f3n a candidatos. \u00c9ste consisti\u00f3 en la asignaci\u00f3n de un conjunto de agentes del estado que obraron como escolta, proceso que reca\u00eda generalmente en la Polic\u00eda Federal. La asignaci\u00f3n era coordinada por una \u201cMesa de Seguridad\u201d en la que estaba presente SEGOB y las instituciones de seguridad del gobierno estatal. Si bien cualquier candidato o candidata pod\u00eda solicitar la protecci\u00f3n, era labor de la mesa valorar qui\u00e9n la recibir\u00eda, pues no todos los casos supon\u00edan el mismo nivel de riesgo.<\/p>\n\n\n\n Para ello, los integrantes de la mesa se serv\u00edan de informaci\u00f3n de inteligencia y otros datos abiertos que les permit\u00edan evaluar el riesgo aludido por la o el peticionario. En un contexto de recursos limitados y de desconfianza cr\u00f3nica entre autoridades federales y locales, es dif\u00edcil que la asignaci\u00f3n tuviera una vocaci\u00f3n universalista. En el caso que nos interesa, esto se acentuaba, por ejemplo, por la posibilidad de que la escolta fuera asignada a un candidato que tuviera v\u00ednculos con el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n El tercero fue la instalaci\u00f3n de la Mesa de Distenci\u00f3n Pol\u00edtica y de di\u00e1logo con los partidos pol\u00edticos y con el IFE. Como se mencion\u00f3, este mecanismo ya hab\u00eda sido probado anteriormente. En todo caso, los funcionarios que hemos entrevistado estiman que esto permiti\u00f3 gestionar diversas tensiones entre los partidos pol\u00edticos para las elecciones del 2012. Adem\u00e1s, el mecanismo refrenda que la amenaza percibida entonces no s\u00f3lo parec\u00eda atribuirse a grupos criminales, sino tambi\u00e9n a otros actores pol\u00edticos con acceso a medios violentos.<\/p>\n\n\n\n Como r\u00e9plicas de la mesa de seguridad a nivel nacional, el cuarto mecanismo descans\u00f3 en la instalaci\u00f3n de las mesas de coordinaci\u00f3n con entidades federativas. De ellas, hay al menos dos puntos importantes de an\u00e1lisis. El primero es la selectividad, pues no se instalaron en cada entidad, sino \u00fanicamente en aquellas con mayor \u00edndice de episodios de violencia pol\u00edtica. Esto obedece a un punto clave del fen\u00f3meno que es la varianza del nivel de violencia que existe a nivel regional, por ejemplo, con respecto a la diversidad de autores que pueden ser perpetradores o a la intensidad con la que se manifiestan casos de violencia en las diferentes entidades.<\/p>\n\n\n\n En M\u00e9xico observamos la falta de institucionalizaci\u00f3n de los mecanismos cuya efectividad yace m\u00e1s en la voluntad de los funcionarios y la coyuntura, que en el seguimiento de lineamientos institucionales bien definidos.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Ex autoridades entrevistadas aludieron los ejemplos de Campeche, como entidad donde no hubo demanda de estos mecanismos, dado que el contexto no parec\u00eda poner en riesgo a los candidatos; el de Oaxaca, donde los episodios de violencia requer\u00edan m\u00e1s di\u00e1logo pol\u00edtico, pues no estaban necesariamente relacionados con crimen organizado, sino con otra variedad de conflictos locales; y, Michoac\u00e1n, como el caso en el que el problema eran los grupos del crimen organizado. Entonces, parec\u00eda que este cuarto mecanismo requer\u00eda no s\u00f3lo un trabajo conjunto con las autoridades locales, sino una comprensi\u00f3n vasta de la situaci\u00f3n en distintos rincones del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n El segundo factor relevante es el peso de la sinergia, esta vez entre autoridades Federales y locales. Si este tipo de coordinaci\u00f3n es generalmente complicada, cobra m\u00e1s importancia en un contexto de mutua desconfianza, como el que se viv\u00eda entonces (y tal vez ahora). Por un lado, el Gobierno Federal, especialmente el presidente Felipe Calder\u00f3n, se\u00f1alaba de manera reiterada que ciertas autoridades locales estaban vinculadas con el crimen organizado. Por otra parte, varios gobiernos locales de oposici\u00f3n cuestionaban abiertamente la legitimidad del presidente, desde la elecci\u00f3n de 2006. Esas tensiones complicaban a\u00fan m\u00e1s las labores de coordinaci\u00f3n.22<\/a><\/sup> \u00c9ste habr\u00eda sido el caso de Guerrero, donde las autoridades entrevistadas manifestaron haber tenido serias dificultades para cooperar en las mesas.<\/p>\n\n\n\n Los entrevistados tambi\u00e9n admitieron que el bajo n\u00famero de incidentes, atribuible seg\u00fan su perspectiva a los mecanismos establecidos, pudo haber sido, sobretodo, resultado de las capacidades de di\u00e1logo interpersonal que exist\u00edan entre los equipos de trabajo de aqu\u00e9l entonces. Seg\u00fan su an\u00e1lisis a posteriori<\/em>, consideran que quienes coordinaban los esfuerzos desde SEGOB y el IFE ten\u00edan amplia experiencia previa en temas de seguridad y electorales. Esto no s\u00f3lo implicaba conocimientos en ambos terrenos, sino trayectorias compartidas que anteced\u00edan al encargo que ocupaban. Esto facilit\u00f3, seg\u00fan su relato, que en ese momento se lograra una sinergia in\u00e9dita que permiti\u00f3 navegar la cooperaci\u00f3n, sin intervenir uno en el mandato del otro, invadir sus funciones o cederle prerrogativas indebidamente.<\/p>\n\n\n\n Elecciones 2012: el acuerdo fue la antesala de un esfuerzo de coordinaci\u00f3n de amplio calado entre instituciones del Gobierno Federal, primero, y con autoridades estatales y municipales, luego.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n A pesar de la val\u00eda que estas relaciones pudieron haber tenido para lograr un proceso electoral con menos violencia de la esperada, se debe resaltar que, una vez m\u00e1s, la eficiencia de los mecanismos no se asocia necesariamente a protocolos institucionales establecidos, sino a la capacidad interpersonal de negociar, trabajar en conjunto y llevar a cabo una tarea precisa y definida.<\/p>\n\n\n\n De hecho, conviene subrayar que, a pesar del aparente \u00e9xito de los mecanismos implementados en 2012, ni se establecieron medidas para proteger a quienes segu\u00edan bajo riesgo despu\u00e9s de la elecci\u00f3n, ni se dise\u00f1\u00f3 un convenio o protocolo que le diera continuidad a los mecanismos en elecciones posteriores. Esto \u00faltimo puede tener, al menos, dos lecturas. Primero, si m\u00e1s que en los mecanismos implementados, la clave est\u00e1 en la sinergia lograda entre autoridades gubernamentales y electorales, estos esfuerzos podr\u00edan no trascender el remplazo de funcionarios, una vez que las administraciones finalizan. Segundo, dado que el gobierno sucesor era de otro partido (el PRI), eso podr\u00eda dificultar la continuidad de la memoria institucional, especialmente en pol\u00edticas en las que intervienen un gran n\u00famero actores, y no todos los detalles de operaci\u00f3n cotidiana se documentan en los convenios y protocolos.<\/p>\n\n\n\n Como hab\u00eda sucedido en 2012, el proceso electoral de 2018 estuvo antecedido por el incremento de los indicadores de violencia en todo el pa\u00eds, incluyendo la violencia ejercida contra mandatarios y candidatos.<\/p>\n\n\n\n En Chihuahua, en 2013, hab\u00eda sido secuestrado y asesinado el candidato del PRI a la presidencia municipal de Guadalupe y Calvo. En 2015, en el Estado de M\u00e9xico, hab\u00eda sido asesinado en sus oficinas el candidato PRD a la diputaci\u00f3n federal de Valle de Chalco. En Guerrero, tambi\u00e9n en 2015, el candidato de la coalici\u00f3n PRI-PVEM a la alcald\u00eda de Chilapa hab\u00eda fallecido en un ataque armado durante un recorrido de campa\u00f1a.23<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n La eficiencia de los mecanismos no se asocia necesariamente a protocolos institucionales establecidos, sino a la capacidad interpersonal de negociar, trabajar en conjunto y llevar a cabo una tarea precisa y definida.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Estos episodios de violencia, entre otros , alertaban sobre un panorama complejo para las elecciones de junio del 2018. Pese a esto, no se hab\u00eda preparado para lo que ser\u00eda \u201cel proceso m\u00e1s violento de la historia del pa\u00eds\u201d, en t\u00e9rminos de candidatos asesinados, con un total de 152 muertos entre septiembre del 2017 y junio del 2018.24<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n Hacia el final de la administraci\u00f3n de Enrique Pe\u00f1a Nieto, en el marco de la elecci\u00f3n Presidencial, la SEGOB mantuvo su rol de coordinaci\u00f3n en t\u00e9rminos de brindar protecci\u00f3n a candidatos, implementando el mecanismo base, aunque esta vez su titular, Alfonso Navarrete Prida, se mostr\u00f3 sumamente cauteloso en t\u00e9rminos de comunicaci\u00f3n, abordando el tema poco y de manera general. En abril de 2018, la SEGOB present\u00f3, junto con el titular del Instituto Nacional Electoral (INE)25<\/a><\/sup> el \u201cProtocolo de Protecci\u00f3n Personal para los Candidatos a la Presidencia de la Rep\u00fablica.\u201d26<\/a><\/sup> El Secretario Navarrete afirm\u00f3 que ser\u00edan la Comisi\u00f3n Nacional de Seguridad (CNS) \u2013 entonces adscrita a SEGOB- y el EMP quienes se har\u00edan cargo de la seguridad de los candidatos presidenciales y que la solicitud de protecci\u00f3n se har\u00eda a trav\u00e9s del presidente del INE y de la propia Secretar\u00eda. En otras palabras, seg\u00fan el protocolo de 2018, la SEGOB volv\u00eda a coordinar los esfuerzos, pero a trav\u00e9s de la instancia responsable de la seguridad p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n En 2018, un aspecto notorio de la presentaci\u00f3n del protocolo, y que es constante en la comunicaci\u00f3n del Secretario Navarrete sobre las elecciones, es su insistencia en la no intervenci\u00f3n del Gobierno Federal en el proceso electoral.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n En el evento aludido el Secretario tambi\u00e9n mencion\u00f3 que no solo los candidatos presidenciales podr\u00edan solicitar protecci\u00f3n, sino tambi\u00e9n el resto de los aspirantes, con la diferencia de que la Polic\u00eda Federal y \u201cautoridades civiles\u201d se encargar\u00edan de brindarles protecci\u00f3n.27<\/a><\/sup> Esto responde a que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del INE mantuvo la redacci\u00f3n de la \u00faltima versi\u00f3n del COFIPE con respecto al mecanismo base, aunque ahora en el art\u00edculo 244 se ampl\u00eda la previsi\u00f3n a \u201clos candidatos que lo requieran, as\u00ed como a los candidatos a la Presidencia\u201d.28<\/a><\/sup> Desde luego, la noci\u00f3n de \u201cautoridades civiles\u201d llama la atenci\u00f3n, por su ambig\u00fcedad y todas las posibilidades que abre en t\u00e9rminos de cuerpos de seguridad h\u00edbridos y privados.<\/p>\n\n\n\n Un aspecto notorio de la presentaci\u00f3n del protocolo, y que es constante en la comunicaci\u00f3n posterior del Secretario Navarrete sobre las elecciones, es su insistencia en la no intervenci\u00f3n del Gobierno Federal en el proceso electoral. Si bien este mensaje tambi\u00e9n fue p\u00fablicamente abordado en 2012, el \u00e9nfasis que hace el titular de la SEGOB en 2018 merece atenci\u00f3n particular.29<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n Por una parte, a lo largo de las campa\u00f1as presidenciales, hubo dificultades de di\u00e1logo con el candidato del PAN, Ricardo Anaya, y con el de Morena, Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, quienes decidieron no adherirse al mecanismo de protecci\u00f3n.30<\/a><\/sup> Por otra parte, se debe recordar que el Gobierno Federal actuaba en un contexto particularmente adverso respecto a la opini\u00f3n p\u00fablica nacional e internacional. Diversos casos emblem\u00e1ticos de violaciones a derechos humanos – como el de Ayotzinapa en el 2014-, esc\u00e1ndalos como la fuga de prisi\u00f3n de Joaqu\u00edn \u201cEl Chapo\u201d Guzm\u00e1n y las alarmantes cifras de homicidios eran fuertes incentivos para que SEGOB se concentrara en cuidar la imagen de neutralidad del gobierno federal.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, el c\u00e1lculo pol\u00edtico de mantener distancia resulta cuestionable a la luz del n\u00famero de asesinatos que se registraron en aquellas elecciones, y eso desde el inicio de las pre-campa\u00f1as en septiembre del 2017. De hecho, un claro ejemplo de la presi\u00f3n internacional que ten\u00eda el Gobierno Federal y de la dificultad que tuvo para navegar su insistencia de neutralidad fue el intercambio de comunicaciones con la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En mayo del 2018, la CIDH hizo un enf\u00e1tico llamado al Estado mexicano para detener la creciente violencia en contra de las personas candidatas.31<\/a><\/sup> Seg\u00fan el comunicado, entre septiembre de 2017 y abril de 2018, ya se hab\u00edan registrado m\u00faltiples acciones violentas en contra de personas que ocupan y ocuparon cargos pol\u00edticos, as\u00ed como pre-candidatos, y candidatos, particularmente a nivel local.<\/p>\n\n\n\n El 14 de mayo, el titular de la SEGOB dio una conferencia de prensa en la que, m\u00e1s que responder, defendi\u00f3 la postura del Gobierno Federal: reafirm\u00f3 que la actuaci\u00f3n de la administraci\u00f3n era con estricto apego al federalismo y a la normativa, y resalt\u00f3 repetidamente el llamado al di\u00e1logo que en materias de gobernabilidad y seguridad deb\u00edan tener los partidos pol\u00edticos y los candidatos presidenciales.32<\/a><\/sup> Tambi\u00e9n lanz\u00f3 un exhorto para evitar que el debate pol\u00edtico incitara a la violencia y conden\u00f3 las agresiones contra candidatos.<\/p>\n\n\n\n Luego, el 27 de mayo de 2018, en una conferencia de prensa relacionada con el Operativo Escudo-Tit\u00e1n, el Secretario Navarrete inform\u00f3 que, hasta esa fecha, se brindaba protecci\u00f3n a 30 candidatos del nivel federal y 6 del \u00e1mbito local que lo hab\u00edan solicitado.33<\/a><\/sup> Tambi\u00e9n sostuvo que en la mayor\u00eda de los casos ya revisados por las fiscal\u00edas estatales, la violencia se deb\u00eda a disputas entre grupos de la \u201cdelincuencia organizada\u201d, de temas de \u00edndole personal y familiar, o de la propia competencia pol\u00edtica local.34<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n Si bien se\u00f1alar a la \u201cdelincuencia organizada\u201d coloca la responsabilidad de atenderla en el fuero federal, el fraseo alude sobretodo a la narrativa de: \u201cse matan entre ellos\u201d. Esto no solamente contribuye a reforzar la hip\u00f3tesis dominante de que la violencia electoral sigue un patr\u00f3n exclusivamente delincuencial, sino que permite a las autoridades deslindarse de cualquier responsabilidad en la prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n o resoluci\u00f3n de esas muertes.<\/p>\n\n\n\n A posteriori<\/em>, y conociendo los niveles de violencia que se alcanzaron durante el proceso electoral 2017-2018, parece evidente que la estrategia del Gobierno Federal fracas\u00f3. Esto resulta particularmente preocupante a nivel local, donde existe un abismo entre la comunicaci\u00f3n de SEGOB acerca de sus tareas de protecci\u00f3n y el n\u00famero de muertes, amenazas y presiones registradas.<\/p>\n\n\n\n Si bien se\u00f1alar a la \u201cdelincuencia organizada\u201d coloca la responsabilidad de atenderla en el fuero federal, el fraseo alude sobretodo a la narrativa de: \u201cse matan entre ellos\u201d.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Parte de la explicaci\u00f3n puede tener que ver con la extrema polarizaci\u00f3n pol\u00edtica que se vivi\u00f3 por el auge del partido MORENA. Tambi\u00e9n pueda encontrarse quiz\u00e1s en el art\u00edculo 244 de la ley electoral.35<\/a><\/sup> \u00c9ste no es expl\u00edcito acerca de la obligaci\u00f3n de proveer seguridad a candidatos locales y, por lo tanto, abre la puerta para que las autoridades federales se deslinden de tal responsabilidad. Esto indica que, a pesar de las experiencias anteriores que buscaron acotar la implementaci\u00f3n de un mecanismo de protecci\u00f3n, persisti\u00f3 un claro espacio de discrecionalidad e inefectividad frente a las caracter\u00edsticas locales de la violencia electoral. Por ende, el alcance del mecanismo sigue dependiendo de los incentivos, de la voluntad y de las sinergias particulares \u2013 y quiz\u00e1s interpersonales – de las autoridades en turno, todo siendo enmarcado por una visi\u00f3n \u201ctop-down\u201d de la protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Las elecciones de 2018 no solamente marcaron la llegada al poder presidencial de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador (AMLO) y un giro pol\u00edtico mayor, sino que representaron un antes y un despu\u00e9s en el tratamiento de la violencia electoral en M\u00e9xico al ser declaradas \u2013 y recordadas \u2013 como las \u201cm\u00e1s violentas de la historia del pa\u00eds\u201d.36<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n 2021: las acciones parecen indicar que en la SSPC hay claridad en cuanto a la necesidad de un entendimiento a ras de suelo de las amenazas que sufren los candidatos y, en consecuencia, de la importancia de actuar y cooperar con autoridades locales.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Quiz\u00e1s por este s\u00edmbolo y la preocupaci\u00f3n ligada a la magnitud de las elecciones de junio del 2021 \u2013 las \u201celecciones m\u00e1s grandes de la historia\u201d – el Gobierno Federal opt\u00f3 este a\u00f1o por implementar un mecanismo de protecci\u00f3n que puede evocar en parte los protocolos implementados por el gobierno panista en 2012. Sin embargo, tambi\u00e9n muestra importantes diferencias que conviene analizar.<\/p>\n\n\n\n Para las elecciones del 6 de junio del 2021, los lineamientos fueron centralizados en la \u201cEstrategia de Protecci\u00f3n en Contexto Electoral\u201d, presentada el 4 de marzo del a\u00f1o en curso por la Secretaria de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodr\u00edguez Vel\u00e1zquez. As\u00ed, esta pol\u00edtica queda encabezada y coordinada por esa instituci\u00f3n.37<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n M\u00e1s all\u00e1 del an\u00e1lisis de los datos de violencia de la elecci\u00f3n, a continuaci\u00f3n analizamos la estrategia a trav\u00e9s de tres ejes principales.<\/p>\n\n\n\n Primero, es importante detenerse en la forma en que el gobierno federal ha presentado la problem\u00e1tica de la violencia electoral en t\u00e9rminos de comunicaci\u00f3n pol\u00edtica. Durante la presentaci\u00f3n, la funcionaria se refiri\u00f3 a la existencia de una \u201ccampa\u00f1a del miedo\u201d ejercida por el \u201cpartido de la delincuencia organizada y de cuello blanco\u201d, que, resalt\u00f3, se habr\u00eda \u201cheredado\u201d.38<\/a><\/sup>Dicha campa\u00f1a ser\u00eda responsable de asesinatos y amenazas contra candidatos, cooptaci\u00f3n e imposici\u00f3n de aspirantes y financiamiento ilegal de campa\u00f1as. Cuando la Secretaria se\u00f1ala como responsable al \u201cpartido de la delincuencia organizada\u201d, contribuye a alimentar la percepci\u00f3n de que las violencias son ejercidas por un actor bien identificado \u2013 el crimen organizado – que se presume antag\u00f3nico al Estado o a intereses p\u00fablicos y, adem\u00e1s, ubica nuevamente la estrategia en el \u00e1mbito de competencia de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Luego, vale la pena detenerse en la evoluci\u00f3n institucional marcada por el gobierno federal. De hecho, el mecanismo actual presenta un atributo notablemente distinto a los anteriores: es dirigido por la SSPC y no por SEGOB. Esto tiene que ver primero con el cambio institucional implementado desde 2018 y, despu\u00e9s, como la manera en la que se concibe el problema. A inicios de sexenio, la antigua SEGOB perdi\u00f3 parte de sus facultades y recursos en temas de seguridad. Estos fueron trasladados a la SSPC y a la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (SEDENA). Recordando los argumentos aportados por ex autoridades, el dise\u00f1o y la implementaci\u00f3n del mecanismo de protecci\u00f3n sol\u00eda combinar un enfoque de seguridad p\u00fablica con un fuerte componente de gobernabilidad. En el mecanismo persiste, como un elemento muy relevante, la coordinaci\u00f3n con diferentes instituciones p\u00fablicas federales y estatales. Por ejemplo, los gobernadores, las autoridades electorales, polic\u00edas estatales y municipales, as\u00ed como las Fuerzas Armadas.<\/p>\n\n\n\n El componente de coordinaci\u00f3n aparece cuando se revisa a detalle la nueva estrategia que abarca ocho acciones: cuatro de interlocuci\u00f3n o negociaci\u00f3n, y cuatro m\u00e1s enfocadas a protecci\u00f3n. En el primer grupo se ubican el llamado a partidos pol\u00edticos y autoridades electorales a cumplir con la ley; las mesas de trabajo con partidos pol\u00edticos y autoridades locales; las consultas con gobernadores; y las evaluaciones semanales de la estrategia. En el segundo est\u00e1n: el reforzamiento de la Estrategia de Seguridad en entidades y municipios de alto riesgo; la atenci\u00f3n a aspirantes y candidatos de todos los niveles; la asistencia en el blindaje electoral con autoridades ministeriales locales; y el establecimiento de protocolos territoriales. En su conjunto, las acciones parecen indicar que en la SSPC hay claridad en cuanto a la necesidad de un entendimiento a ras de suelo de las amenazas que sufren los candidatos y, en consecuencia, de la importancia de actuar y cooperar con autoridades locales.<\/p>\n\n\n\n La lectura del 2021 se parece a la que se hizo en 2012 con la creaci\u00f3n de las \u201cMesas de Seguridad\u201d. Sin embargo, estos lineamientos no explicitan los criterios de distribuci\u00f3n de responsabilidades con las otras instituciones federales involucradas en la Estrategia: la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, la Consejer\u00eda Jur\u00eddica, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).39<\/a><\/sup> A raz\u00f3n de las violencias que mencion\u00f3 la Secretaria Rodr\u00edguez al referirse a la \u201ccampa\u00f1a del miedo\u201d, se infiere que la SSCP se concentra en atender las primeras dos, pues coinciden con las acciones descritas en el p\u00e1rrafo anterior, mientras que las otras dependencias revisar\u00edan cooptaci\u00f3n e imposici\u00f3n de funcionarios, financiamiento ilegal de campa\u00f1as y complicidad. Esto indica, y as\u00ed fue confirmado por funcionarios federales entrevistados, que el andamiaje institucional de los protocolos tiene dos niveles: el primero ser\u00eda el m\u00e1s visible, con las instituciones que se encargan de coordinar y proteger, y otro es con aquellas que hacen labores de inteligencia y asesoramiento jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con la SSPC, el mecanismo es de dise\u00f1o nacional: se tiene que implementar de forma similar en todo el pa\u00eds. Concretamente, funcionaba de la siguiente forma. Cualquier candidato, sea a nivel federal o local, pod\u00eda acercarse a las autoridades electorales y reportar una amenaza. Si contend\u00eda por un cargo federal, ten\u00eda que ir con el INE; si es un cargo local, con el instituto electoral de su entidad federativa. Otra v\u00eda para denunciar era llamando al 911. Eso s\u00ed, como ilustra la Figura 1, la denuncia, cu\u00e1l sea la v\u00eda, era canalizada por la SSPC quien funge como \u00f3rgano centralizador, primero, y luego como intermediario entre las autoridades electorales y las instituciones que brindar\u00e1n la protecci\u00f3n al candidato.<\/p>\n\n\n\n Figura 1: Solicitud de protecci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n El \u00e1rea responsable de estas tareas dentro de la SSPC era la Unidad de Pol\u00edticas y Estrategias para la Construcci\u00f3n de Paz en Estados y Regiones (UPECPE). Luego, la denuncia llegaba al centro de monitoreo de la Mesa de Estrategia Electoral Permanente (Figura 2), que depend\u00eda de la SSPC. En funci\u00f3n las 24 horas, ah\u00ed estaban representadas todas las instituciones relevantes al nivel federal, quedando bajo la coordinaci\u00f3n de la Unidad. El objetivo, seg\u00fan la Secretar\u00eda, era poder analizar las amenazas caso por caso, y asignar la protecci\u00f3n que se consideraba relevante.<\/p>\n\n\n\n Figura 2: Asignaci\u00f3n de protecci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el argumento de la SSPC, el objetivo era agilizar la respuesta que, por canales cl\u00e1sicos – v\u00eda las fiscal\u00edas o polic\u00edas locales \u2013 habr\u00edan tardado demasiado en llegar o podr\u00edan haberse perdido. Si bien la necesidad de inmediatez puede ser justificada en numerosos casos de amenazas, la decisi\u00f3n de SSPC de centralizar la respuesta absorb\u00eda quiz\u00e1s una responsabilidad que corresponde a otras instancias. Sin se\u00f1alar instituciones espec\u00edficas, en entrevistas con funcionarios federales de la actual administraci\u00f3n, se hizo referencia a estrategias de resistencia en distintas burocracias locales para no atender con celeridad las solicitudes o demandas. Esta lectura es similar a la que se hizo en 2012 con la creaci\u00f3n de la \u201cMesa de Seguridad\u201d. Se termina centralizando la respuesta de protecci\u00f3n, tanto por desconfianza institucional, como por voluntad de eficiencia, sin resolver la cuesti\u00f3n central de la coordinaci\u00f3n entre niveles de gobierno e instancias de diferentes \u00e1mbitos administrativos.<\/p>\n\n\n\n Hay adem\u00e1s dos puntos importantes. Uno es que no se dieron a conocer p\u00fablicamente y con claridad los criterios usados para calcular el nivel de riesgo electoral. La Secretaria Rodr\u00edguez present\u00f3 la clasificaci\u00f3n de los casos en tres grupos: grave, preventivo y relevante, pero no dio detalles sobre esta divisi\u00f3n.40<\/a><\/sup>Es probable que existan y no se presenten, o quiz\u00e1s no los hay y entonces se decide la asignaci\u00f3n de escoltas caso por caso. En ambos casos, podr\u00eda haber un margen de discrecionalidad en la asignaci\u00f3n de protecci\u00f3n que pone en entredicho la neutralidad del mecanismo. Hay antecedentes de la politizaci\u00f3n de la seguridad en sexenios anteriores[\/mfn]Trejo, G. y Ley, S., \u201cMunicipios bajo fuego (1995-2014)\u201d, Nexos<\/em>, 1 de febrero de 2015.[\/mfn] y el tema es adem\u00e1s preocupante considerando que en 2018, como en 2021, la mayor\u00eda de las v\u00edctimas pertenecen a partidos de oposici\u00f3n.41<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n Por otra parte, el hecho de que una autoridad federal centralice la respuesta sigue poniendo en duda el papel de las autoridades locales, en particular las municipales. M\u00e1s all\u00e1 de las cuestiones administrativas, podemos suponer que uno de los retos mayores consiste en garantizar la ausencia de colusi\u00f3n activa o pasiva entre las autoridades municipales o estatales y grupos criminales. Sin embargo, la centralizaci\u00f3n de las tareas sigue contribuyendo al estigma de incapacidad y corrupci\u00f3n de los gobiernos locales, sin aportar soluciones institucionales al respecto.<\/p>\n\n\n\n En la siguiente etapa del proceso, para dar seguimiento a la asignaci\u00f3n de protecci\u00f3n en cada caso, la Secretar\u00eda se apoyaba primordialmente en las Mesas de Construcci\u00f3n de Paz y Seguridad (ver Figura 3). Estos espacios fueron integrados desde el inicio de la administraci\u00f3n como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad P\u00fablica con el prop\u00f3sito de compartir informaci\u00f3n y coordinar acciones.42<\/a><\/sup> En este caso, se utilizan como mecanismo de vinculaci\u00f3n con las autoridades locales y le deben permitir a la SSPC dar seguimiento semanal a cada caso, as\u00ed como redirigir la responsabilidad con sus contrapartes. Esto es, para aquellos casos en los que la seguridad corre a cargo de polic\u00edas estatales que, seg\u00fan la Secretaria Rodr\u00edguez, son el 60%.43<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n Figura 3: Monitoreo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Esta apuesta de la SSPC puede representar un paso hacia la coordinaci\u00f3n inter-institucional m\u00e1s all\u00e1 del ciclo electoral. Al combinar una fuerte capacidad de centralizaci\u00f3n y toma de decisi\u00f3n con la necesidad de vincularse con las entidades para que ejerzan sus responsabilidades, se deber\u00eda repartir el cargo operativo. Esto va en el sentido del federalismo institucional. Sin embargo, hay que cuidar que no lleve a trasladar la tarea y los costos de la pol\u00edtica p\u00fablica a las entidades federativas, deslindando a la Federaci\u00f3n de parte de sus responsabilidades, sobretodo si la narrativa oficial sigue presentando la violencia electoral como manifestaci\u00f3n de las peleas del crimen organizado, un delito que, hay que recordarlo, es de fuero federal.<\/p>\n\n\n\n El tema no es menor. Atraviesa todas las \u00e9pocas que hemos analizado y tiene un eco fundamental en las tensiones que existen dentro del federalismo mexicano. Estas fueron constantes en temas de seguridad desde hace a\u00f1os. En este contexto, ser\u00eda crucial poder evaluar, tanto con las autoridades federales como federativas y locales, la efectividad del sistema de protecci\u00f3n, ahora que han concluido las elecciones con terribles niveles de violencia.<\/p>\n\n\n\n Los mecanismos revisados en este texto parten de la misma idea: ante una amenaza, una ciudadana o ciudadano que contiende por un cargo de elecci\u00f3n popular puede solicitar a las autoridades electorales su intervenci\u00f3n para que las instituciones de seguridad, v\u00eda una instituci\u00f3n coordinadora del Gobierno Federal, le asignen protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Los c\u00f3digos y leyes electorales estatales no hacen mucho por fortalecer al mecanismo base. Actualmente, 21 entidades incluyen disposiciones para la protecci\u00f3n para candidatos. De aquellas que no tienen, algunas son de las m\u00e1s violentas como Veracruz, Michoac\u00e1n, Estado de M\u00e9xico y Puebla.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n \u00c9sta fue la f\u00f3rmula b\u00e1sica que plante\u00f3 el IFE en 1990 y es la que existe hasta ahora. En algunas administraciones, el ejecutivo federal se ha dado a la tarea de dise\u00f1ar un mecanismo de implementaci\u00f3n que haga m\u00e1s eficiente y amplia su respuesta, pero no existe la obligaci\u00f3n de dar este paso ni para el Gobierno Federal, ni para los estatales y municipales.<\/p>\n\n\n\n Este \u00faltimo punto es notorio en los c\u00f3digos y leyes electorales estatales que tampoco hacen mucho por fortalecer al mecanismo base. Actualmente, 21 entidades incluyen disposiciones similares para la protecci\u00f3n para candidatos. De aquellas que no tienen, algunas son de las m\u00e1s violentas como Veracruz, Michoac\u00e1n, Estado de M\u00e9xico y Puebla. En las entidades que s\u00ed las tienen, la redacci\u00f3n de tal disposici\u00f3n es una transposici\u00f3n de la ley federal. Por citar un ejemplo, la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, en su art\u00edculo 244, prev\u00e9: \u201cEl presidente o presidenta del Consejo General podr\u00e1 solicitar a las autoridades competentes, los medios de seguridad personal para los candidatos y candidatas que lo requieran, desde el momento en que de acuerdo con los mecanismos internos de su partido pol\u00edtico se ostenten con tal car\u00e1cter.\u201d44<\/a><\/sup> Sin embargo, esto no significa que todas ellas lo asuman como un tema que deba ser atendido, pues la responsabilidad se sigue atribuyendo al Consejo General del INE, lo cual inhibe de entrada su capacidad de maniobra. Y, tal como ocurre en la redacci\u00f3n de la actual ley electoral del INE, la adjudicaci\u00f3n de responsabilidades y el proceso es ambiguo.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de revisar la implementaci\u00f3n del mecanismo desde sus or\u00edgenes quedan tres limitantes por notar<\/strong><\/p>\n\n\n\n -1- La factibilidad de acceso al mecanismo.<\/strong> De acuerdo con la explicaci\u00f3n de la SSPC, el mecanismo es, aparentemente, de f\u00e1cil acceso. El incentivo para la o el candidato al presentar una denuncia es recibir protecci\u00f3n efectiva por la v\u00eda formal. Pero la secuencia asume que existe confianza en las autoridades locales para hacer el reporte y disposici\u00f3n de parte de ellas para ejercer su responsabilidad. Esta limitante estructural ya hab\u00eda sido notada en mecanismos de a\u00f1os anteriores, cuando eran coordinados por la SEGOB.45<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n -2- La pregunta siguiente es entonces, \u00bfcu\u00e1les son las opciones de la candidata o candidato para obtener protecci\u00f3n?<\/strong> En ciertos casos de candidatos locales que hemos documentado, se busca rebasar a las autoridades locales y la cadena institucional para recurrir directamente a la ventanilla federal. Esto puede lograrse gracias a las conexiones personales, redes partidistas o a la experiencia del candidato. Estas v\u00edas alteran las condiciones de igualdad de acceso a la protecci\u00f3n pues habr\u00e1 quienes no cuenten con estos recursos. Otra posibilidad es que recurran a protecci\u00f3n informal (incluso ilegal) y habiliten a actores violentos locales como sus protectores, que busquen contratar el servicio de una empresa de seguridad privada; o que generen arreglos informales con autoridades o fuerzas p\u00fablicas de diferentes niveles presentes en su territorio. As\u00ed, el mecanismo queda inhabilitado de facto<\/em>.<\/p>\n\n\n\n -3- La temporalidad de la protecci\u00f3n para candidatos locales.<\/strong> Por ejemplo, en 2018 se registraron 11 asesinatos en el periodo de transici\u00f3n en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Michoac\u00e1n. Una vez que las campa\u00f1as terminan, tambi\u00e9n lo hace el \u00e1mbito de actuaci\u00f3n de la estrategia. Si la candidata o el candidato resulta ganador, quiz\u00e1s logre reemplazar la escolta que ten\u00eda. Si, por el contrario, resulta perdedor, es un ciudadano que queda expuesto y ya atrajo atenci\u00f3n sobre ella o \u00e9l, lo que puede entra\u00f1ar nuevas amenazas. En cualquier caso, el escenario tr\u00e1gico que se pretend\u00eda evitar, un ataque o un asesinato en contexto electoral, terminar\u00eda ocurriendo pese al esfuerzo y la inversi\u00f3n anterior de recursos, en un panorama distinto.46<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n Esta limitante se observa en todas las estrategias revisadas y es, de hecho, inherente al dise\u00f1o del mecanismo. Una soluci\u00f3n podr\u00eda ser extender la protecci\u00f3n, pero esto no resuelve el tema de fondo que es la neutralizaci\u00f3n de la amenaza. En esencia, el trabajo del mecanismo, tanto el actual como los de sexenios anteriores, es elevar temporalmente el costo para los perpetradores de acceder a su objetivo cuando la autoridad brinda protecci\u00f3n, pero no disminuye los incentivos para amenazar o atacar. Esto ocurre porque las estrategias primordialmente se enfocan en sobrellevar la amenaza para proteger el proceso electoral, y no para neutralizarla y as\u00ed disminuir las posibilidades de que se vuelva a presentar.<\/p>\n\n\n\n Finalmente, queda por resaltar la falta de institucionalidad del mecanismo. Como se describi\u00f3, el denominador com\u00fan de las estrategias de 2012 y 2021 es el espacio de discrecionalidad con el que operan y que ambas se apoyan en el liderazgo particular de funcionarios p\u00fablicos y, por supuesto, del apoyo de la administraci\u00f3n en turno. Es decir, fueron decisiones ejecutivas. Pero es ah\u00ed donde recae su principal debilidad. No hay seguimiento cuando ocurre un cambio de administraci\u00f3n y el \u00fanico protocolo en el que se puede trazar continuidad es el de protecci\u00f3n a candidatos a la Presidencia de la Rep\u00fablica, pues no ha dependido de la voluntad pol\u00edtica de la administraci\u00f3n en turno.<\/p>\n\n\n\n El objetivo es, entonces, lograr una pol\u00edtica p\u00fablica que no dependa de esta variable. Una v\u00eda seguramente esinstitucionalizar los mecanismos de protecci\u00f3n a partir de los aciertos y experiencias que ya se tienen. Es uno de los retos mayores de aqu\u00ed a las elecciones presidenciales del 2024, para que \u00e9stas no se conviertan, una vez m\u00e1s, en \u201clos comicios m\u00e1s violentos de la historia mexicana\u201d.<\/p>\n\n\n\n Un tema relevante para entender la respuesta institucional e identificar las oportunidades de mejor\u00eda es revisar aquella de otros pa\u00edses. El caso italiano es interesante por la relevancia de la problem\u00e1tica de violencia ejercida en contra de candidatos o funcionarios p\u00fablicos a lo largo de las \u00faltimas d\u00e9cadas, y la articulaci\u00f3n entre estos hechos y diferentes organizaciones delictivas \u2013 las diferentes mafias, <\/em>por usar un t\u00e9rmino gen\u00e9rico que integra por ejemplo la Cosa Nostra siciliana, la Ndrangheta calabresa o la Camorra napolitana.<\/p>\n\n\n\n El caso italiano es interesante por la relevancia de la problem\u00e1tica de violencia ejercida en contra de candidatos o funcionarios p\u00fablicos a lo largo de las \u00faltimas d\u00e9cadas, y la articulaci\u00f3n entre estos hechos y diferentes organizaciones delictivas.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Luego, el caso italiano es de particular inter\u00e9s por el nivel de documentaci\u00f3n e investigaci\u00f3n que se la ha dado al tema, tanto por parte del Estado \u2013 particularmente a trav\u00e9s de la justicia anti-mafia -, como de la academia y la sociedad civil. Por si fuera poco, los avances que han logrado en la reducci\u00f3n de la violencia son otra buena raz\u00f3n para voltear a ver este caso con cierto detenimiento.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s all\u00e1 de un ejercicio de contraste \u2013 pues los contextos mexicanos e italianos son, sin la menor duda, muy diferentes – nos interesa ubicar referencias de pol\u00edtica p\u00fablica que aporten lecciones de aquello que funciona o no, y bajo qu\u00e9 condiciones. Es decir, responder a las preguntas de c\u00f3mo se plantean otros Estados la amenaza electoral y cu\u00e1les son los mecanismos formales que implementan.<\/p>\n\n\n\n En Italia, como sucede en M\u00e9xico, las redes mafiosas representan una amenaza particularmente fuerte en el nivel municipal.[\/mfn]Daniele G. y Dipoppa G., \u201cMafia, Elections and Violence Against Politicians\u201d, Journal of Public Economics<\/em>, 154 (2017), pp. 10\u201333.[\/mfn] Esto les permite cooptar, dirigir, o capturar recursos de los presupuestos p\u00fablicos y canalizarlos hacia sus intereses econ\u00f3micos. A diferencia de M\u00e9xico, eso s\u00ed, parece haberse reducido progresivamente el uso de la violencia homicida.47<\/a><\/sup> En esa l\u00ednea, los m\u00e9todos de intimidaci\u00f3n a candidatos parecen haber evolucionado hacia las amenazas o las violencias contra el patrimonio, como por ejemplo la quema de veh\u00edculos.48<\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n A pesar de lo anteriormente descrito, a diferencia de M\u00e9xico, Italia no cuenta con herramientas dedicadas a proteger a las y los candidatos de violencias ejercidas en contextos electorales. De hecho, no existe un mecanismo de protecci\u00f3n espec\u00edfico en la ley italiana. Sin embargo, la perspectiva italiana es interesante, ya que parece enfocarse m\u00e1s bien en las colusiones sist\u00e9micas que pueden existir entre los gobiernos locales e intereses criminales, lo cual puede indicar la voluntad de atender el tema de forma m\u00e1s integral y a m\u00e1s largo plazo, no \u00fanicamente en el momento de la contienda electoral.<\/p>\n\n\n\n La perspectiva italiana parece enfocarse m\u00e1s bien en las colusiones sist\u00e9micas que pueden existir entre los gobiernos locales e intereses criminales, lo cual puede indicar la voluntad de atender el tema de forma m\u00e1s integral y a m\u00e1s largo plazo, no \u00fanicamente en el momento de la contienda electoral.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n En efecto, las medidas que ha tomado el Estado italiano para contrarrestar el involucramiento de la mafia en el gobierno local son: 1) la disoluci\u00f3n de los gobiernos municipales infiltrados por la mafia; 2) la prohibici\u00f3n de que una persona declarada culpable de v\u00ednculos mafiosos tras el proceso de disoluci\u00f3n pueda ser candidato nuevamente. Ambas herramientas hacen eco de la tensi\u00f3n entre niveles de gobierno y de la vulnerabilidad de la escala municipal, como se observa en M\u00e9xico, as\u00ed como del potencial estructural que pueden aportar los mecanismos jur\u00eddicos que buscan neutralizar la amenaza, m\u00e1s all\u00e1 de protocolos coyunturales que solo pretenden atemperar el riesgo inmediato para los candidatos.<\/p>\n\n\n\n Nuestra tarea aqu\u00ed es abrir un abanico de preguntas acerca de c\u00f3mo operan los diferentes mecanismos legales en Italia seg\u00fan las variables en juego, como por ejemplo la definici\u00f3n de las caracter\u00edsticas espec\u00edficas de los grupos del crimen organizado, los equilibrios pol\u00edticos locales y nacionales, y la presencia de otros actores que tengan intereses en la pol\u00edtica local. Cabe mencionar que en este apartado no se pretende hacer un repaso exhaustivo al tema, sino ampliar posibles ejes de reflexi\u00f3n y abrir la posibilidad de investigarlo mucho m\u00e1s a fondo.<\/p>\n\n\n\n En el contexto italiano, la medida m\u00e1s notoria, integrada en el marco legal nacional en 1991, es la disoluci\u00f3n de los gobiernos municipales. Se trata de un instrumento \u00fanico para combatir y prevenir la infiltraci\u00f3n criminal grave en los municipios.Introducci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Parte 1 – Los protocolos de protecci\u00f3n a candidatos en M\u00e9xico<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
La elecci\u00f3n presidencial, foco hist\u00f3rico de atenci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
La integraci\u00f3n de diputados federales al mecanismo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Autoridades electorales, seguridad y medici\u00f3n del \u00e9xito<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Parte 2 – \u00bfLa violencia que no fue? Las elecciones de 2012<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
La evoluci\u00f3n de los protocolos de seguridad, antes del 2012<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Para 2012, un nuevo acuerdo con el IFE<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
La dif\u00edcil cooperaci\u00f3n entre lo federal y lo local<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Parte 3 – La violencia desatada, el proceso de 2018<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Nuevos protocolos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\u201cSe matan entre ellos\u201d<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Parte 4 \u2013 2021 : La violencia, instalada<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
El partido de la delincuencia organizada<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Se termina centralizando la respuesta de protecci\u00f3n, tanto por desconfianza institucional, como por voluntad de eficiencia, sin resolver la cuesti\u00f3n central de la coordinaci\u00f3n entre niveles de gobierno e instancias de diferentes \u00e1mbitos administrativos.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\nEl protocolo para 2021<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/noria-research.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/proteccion-1000x746.jpg\")
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<\/figure>\n\n\n\nAn\u00e1lisis – Salir de la f\u00f3rmula de protecci\u00f3n temporal<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Experiencias internacionales: el caso de Italia<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Disoluci\u00f3n de gobiernos municipales<\/strong><\/h3>\n\n\n\n