En Venezuela los cuerpos de seguridad del Estado desde su nacimiento ven\u00edan signados por su militarizaci\u00f3n, instrumentalizaci\u00f3n pol\u00edtico-partidista, as\u00ed como por sus excesos contra las clases populares. La l\u00f3gica b\u00e9lica que se impuso para hacer frente a las guerrillas de izquierda entre los a\u00f1os sesenta y setenta1<\/a><\/sup>, causando miles de casos de violaciones a los derechos humanos, se trasladar\u00e1 en las d\u00e9cadas siguientes a las pr\u00e1cticas cotidianas de los organismos de seguridad. La represi\u00f3n contra las protestas populares de febrero de 1989, conocidas como el Caracazo<\/em>, contra reformas de inspiraci\u00f3n neoliberal, fue un punto de quiebre, provocando entre 500 y 3000<\/u><\/a> muertos seg\u00fan las ONG locales e internacionales.<\/p>\n\n\n\n El siglo XXI en Venezuela ven\u00eda acompa\u00f1ado de la promesa de una ruptura radical con un sistema pol\u00edtico deslegitimado, excluyente y que criminalizaba a las clases populares. Y si bien en materia policial hubo algunos avances normativos y discursivos, en realidad la violencia y letalidad de los cuerpos de seguridad durante la \u00faltima d\u00e9cada se ha venido incrementando de manera considerable, especialmente a partir del a\u00f1o 2013, con grandes saltos en los a\u00f1os 2015, 2016 y 2018. Per\u00edodo que tambi\u00e9n presenta un grave deterioro de las condiciones econ\u00f3micas y sociales del pa\u00eds y una p\u00e9rdida de legitimidad del gobierno, cuya principal respuesta al retroceso general de los derechos ciudadanos ha sido la violencia institucional.<\/p>\n\n\n\n El gr\u00e1fico m\u00e1s arriba da cuenta del crecimiento notable del n\u00famero de personas fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado entre los a\u00f1os 2010 y 2018, que es el per\u00edodo en el que se cuenta con la informaci\u00f3n oficial mejor sistematizada y continua. De 23.688 casos registrados durante esos 8 a\u00f1os, el 69% ocurri\u00f3 entre 2016 y 2018, mientras la tasa de muertes por cada cien mil habitantes en esas situaciones increment\u00f3 en un 622%, pasando de 2,3 en 2010 a 16,6 en 2018. Un registro superior que la tasa (general) de homicidios de la mayor\u00eda de los pa\u00edses del mundo (6,1).<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, durante el mismo periodo y como queda ilustrado en el siguiente gr\u00e1fico, el porcentaje que ocupan esos casos dentro del total de homicidios, que ya en s\u00ed es alt\u00edsimo (entre 50 y 70 por cada cien mil habitantes seg\u00fan estimaciones<\/u><\/a>), se dispar\u00f3 igualmente, pasando de un 4 a 33% en el mismo periodo. Hoy en d\u00eda, uno de cada tres homicidios es producto de la intervenci\u00f3n de las fuerzas de seguridad del Estado.<\/p>\n\n\n\n Para tener una idea de las dimensiones, hay que tener en cuenta que estos casos ocupan entre 8 y 9% de los homicidios en Estados Unidos, y apenas un 7% en Brasil<\/u><\/a>. Durante 2017 Venezuela tuvo m\u00e1s fallecidos por estas causas (4.998) que este pa\u00eds vecino (4.670), que tiene siete veces su poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Con base en el seguimiento que hacemos de casos, encuestas de victimizaci\u00f3n tanto oficiales como independientes, la abundante investigaci\u00f3n emp\u00edrica existente, as\u00ed como a los testimonios<\/u><\/a> de familiares y vecinos de las v\u00edctimas, se evidencia que se trata de hombres j\u00f3venes de barrios o sectores populares, pobres y racializados \u2013 morenos<\/em>. Estas muertes tratan de legitimarse posteriormente en el discurso gubernamental difundido en los medios de comunicaci\u00f3n, present\u00e1ndolos como delincuentes \u201cmuertos por enfrentamientos con la polic\u00eda\u201d. Sin embargo, cuando estudiamos en detalle<\/u><\/a> estos casos podemos observar c\u00f3mo los supuestos enfrentamientos son realmente casos minoritarios, y hasta excepcionales.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s de los numerosos relatos de testigos oculares, el registro oficial del saldo de esos \u201cenfrentamientos\u201d revela una situaci\u00f3n sumamente problem\u00e1tica tanto desde el punto de vista del conocimiento acad\u00e9mico como de los est\u00e1ndares internacionales en cuanto al manejo estatal de la fuerza letal. Mientras se estima generalmente que \u00e9ste es abusivo y desproporcionado cuando la muerte de civiles son diez veces superior que aquellas sufridas por los agentes del Estado, aqu\u00ed mueren noventa y cuatro civiles por cada polic\u00eda. Esos mismos datos p\u00fablicos registran igualmente unos promedios de diecis\u00e9is muertos por cada herido, y de cinco decesos por cada detenido. En suma, todos los elementos disponibles dejan claros indicios de un uso excesivo de la fuerza letal as\u00ed como de la existencia de ejecuciones extrajudiciales en la mayor\u00eda de esos eventos.<\/p>\n\n\n\n En sus inicios, el chavismo atrajo a varios actores particularmente cr\u00edticos hacia la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado, en particular en los barrios populares. \u00bfNo hubo intentos significativos de reformar la polic\u00eda desde aquel entonces?<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n En Venezuela desde su independencia no exist\u00eda una visi\u00f3n nacional y de una pol\u00edtica unificada para las polic\u00edas. Entre sus caracter\u00edsticas se encontraba su desregulaci\u00f3n operativa, militarizaci\u00f3n y deslegitimaci\u00f3n recurrente. Por otro lado, las polic\u00edas estaban atomizadas a lo largo del pa\u00eds y muchas de ellas, locales y regionales, estaban concebidas como peque\u00f1os ej\u00e9rcitos privados del gobernante de turno, respondiendo a intereses pol\u00edtico-partidistas. Adem\u00e1s, entre los vac\u00edos jur\u00eddicos y la dispersi\u00f3n normativa en la materia, la heterogeneidad, las asimetr\u00edas y la ausencia de coordinaci\u00f3n entre los distintos cuerpos de polic\u00eda eran la regla, as\u00ed como la precariedad laboral y social de los funcionarios. El abordaje de toda esta complejidad fue lo que asumi\u00f3 el Estado en el a\u00f1o 2006, en el contexto del a\u00f1o de la reelecci\u00f3n presidencial de Hugo Ch\u00e1vez \u2013poco despu\u00e9s de unos casos de secuestros y asesinatos que conmovieron a la opini\u00f3n p\u00fablica nacional, en los que estaban implicados funcionarios policiales. Al crear la Comisi\u00f3n Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL), el gobierno canaliz\u00f3 de manera inteligente y acertada las demandas securitarias que hab\u00eda posicionado la oposici\u00f3n en la agenda p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n Durante tres a\u00f1os, la CONAREPOL fue un espacio plural e interinstitucional, tanto t\u00e9cnico como acad\u00e9mico, que trabaj\u00f3 en la formulaci\u00f3n de un modelo policial basado en el respeto de los derechos humanos, la profesionalizaci\u00f3n de los funcionarios y el car\u00e1cter civil del servicio. Cumpli\u00f3 con tres tareas fundamentales: elabor\u00f3 un diagn\u00f3stico general de la situaci\u00f3n de los cuerpos policiales en el \u00e1mbito nacional, regional y municipal; dise\u00f1\u00f3 un modelo policial adecuado a las condiciones sociales, culturales y pol\u00edticas del pa\u00eds; sugiri\u00f3 recomendaciones inmediatas en procura de la efectividad del servicio policial y un mayor control de la gesti\u00f3n policial. Todo ello basado en una gran consulta nacional y estudios sistem\u00e1ticos, lo que aport\u00f3 no solamente una base de conocimiento real, basado en investigaci\u00f3n, datos y evidencia emp\u00edrica, sino que adem\u00e1s logr\u00f3 legitimar todo el proceso, sentando un precedente importante en la elaboraci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n De la CONAREPOL surge la Ley del Servicio de Polic\u00eda, que tiene entre sus objetivos sentar las bases de un modelo policial civil, preventivo, profesional y respetuoso de los derechos humanos. As\u00ed como homogenizar los diversos cuerpos de polic\u00eda y la creaci\u00f3n de un cuerpo de polic\u00eda nacional. Hasta ese momento era la Guardia Nacional \u2013componente de las Fuerza Armada Nacional- que desde 1937 ejerc\u00eda de facto labores de polic\u00eda nacional, en muchas ocasiones sus ex funcionarios comandaban a las polic\u00edas locales y regionales.<\/p>\n\n\n\n Pese a sus impactos positivos en materia legislativa y en el dise\u00f1o de pol\u00edticas p\u00fablicas, el modelo ideal propuesto por la CONAREPOL no se implement\u00f3 en las pr\u00e1cticas institucionales cotidianas. Lo que ha llevado a cabo el poder pol\u00edtico en el terreno, de manera paralela, es m\u00e1s bien una contra-reforma, pero que se oculta detr\u00e1s del \u201cnuevo modelo\u201d y de este bloque normativo que no se aplica. Ambos han servido para ser exhibidos en momentos de crisis de la polic\u00eda, para maquillarla y relegitimarla pol\u00edtica, social y medi\u00e1ticamente. Su uso meramente declarativo invisibiliza practicas rutinarias de la polic\u00eda que terminan siendo cada vez m\u00e1s peligrosas y da\u00f1inas.<\/p>\n\n\n\n Una de las muestras m\u00e1s claras de ese proceso parad\u00f3jico es la hipertrofia policial, el crecimiento acelerado y desmedido de esta instituci\u00f3n. En vez de una evoluci\u00f3n razonada de ese servicio p\u00fablico con base a evaluaciones regulares, la CONAREPOL sirvi\u00f3 como pretexto, en sentido contrario de sus propias recomendaciones, para un incremento considerable del n\u00famero de polic\u00edas en los tres niveles pol\u00edtico-administrativos. As\u00ed, se pas\u00f3 de un total de 114.463 funcionarios policiales en 2006 a m\u00e1s de 175.000 para inicios de 2017 (un crecimiento de un 53% del pie de fuerza policial), y de una tasa de encuadramiento policial de 429 pas\u00f3 a 557 polic\u00edas por cien mil habitantes (207 puntos por encima del est\u00e1ndar internacional). Esto es a todas luces un indicador m\u00e1s del Estado de Polic\u00eda que se ha venido construyendo en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Para llegar a esas cifras no se cumplen con est\u00e1ndares m\u00ednimos de selecci\u00f3n, ni capacitaci\u00f3n, y posteriormente se hace cuesta arriba llevar una supervisi\u00f3n y control eficiente sobre esos miles de j\u00f3venes armados, que son sacados a la calle despu\u00e9s de un tiempo de formaci\u00f3n que resulta insuficiente. Estos funcionarios terminan haciendo su voluntad en la calle sin ning\u00fan tipo de l\u00edmite legal o institucional2<\/a><\/sup>. Esto puede dar indicios tambi\u00e9n para hacer evaluaciones respecto a las verdaderas funcionalidades de la polic\u00eda en Venezuela. Las actuales tasas de homicidio y las cada vez m\u00e1s numerosas muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado han sido algunas de las posibles consecuencias de este incremento abrupto del n\u00famero de polic\u00edas en el pa\u00eds3<\/a><\/sup>.<\/p>\n\n\n\n Otra dimensi\u00f3n que no debe perderse de vista es la profundizaci\u00f3n de la militarizaci\u00f3n de la vida pol\u00edtica y social del pa\u00eds. Si bien la militarizaci\u00f3n de las polic\u00edas y de la seguridad ciudadana es una tradici\u00f3n de vieja data, durante las dos \u00faltimas d\u00e9cadas, destaca el hecho que de los \u00faltimos 15 ministros de Interior 12 han sido militares. Sin embargo, la din\u00e1mica de la militarizaci\u00f3n no s\u00f3lo se reduce al ejercicio de los militares en determinadas \u00e1reas, tambi\u00e9n abarca la cultura, pr\u00e1cticas y l\u00f3gicas b\u00e9licas internalizadas y llevadas a cabo por los funcionarios p\u00fablicos en general. Esto se expresa, por ejemplo, en operativos policiales militarizados<\/u><\/a> y diversas intervenciones espasm\u00f3dicas que se han hecho durante a\u00f1os, entre las m\u00e1s recientes destacan las Operaciones de Liberaci\u00f3n del Pueblo<\/a><\/u> (OLP) de 2015 y el actual protagonismo de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Polic\u00eda Nacional Bolivariana, que son la ant\u00edtesis del modelo policial propuesto por la CONAREPOL, plasmado en el bloque normativo que rige esta materia.<\/p>\n\n\n\n \u00bfEsta violencia institucional c\u00f3mo se distribuye socialmente?<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n El tema de la represi\u00f3n y el uso excesivo de la fuerza letal en Venezuela se suele instrumentalizar de manera partidista, y los medios de comunicaci\u00f3n tradicionales -con sus intereses corporativos y prejuicios de clase y de raza- suelen alimentar la confusi\u00f3n sobre una situaci\u00f3n que ya es sumamente grave, amalgamando entre s\u00ed todas las v\u00edctimas de la violencia de Estado. Las cifras de miles de muertes que se\u00f1al\u00e9 en mi primera respuesta son de j\u00f3venes de los sectores populares masacrados bajo la excusa de la \u201cseguridad ciudadana\u201d, no se trata de disidentes pol\u00edticos ni del contexto de manifestaciones. Esto no significa que en Venezuela la represi\u00f3n contra las manifestaciones no sea brutal, pero la violencia institucional de car\u00e1cter letal no se expresa en estos contextos de manera tan masiva como la que se aplica de manera sistem\u00e1tica, permanente y cotidiana contra los j\u00f3venes de los sectores populares.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, cuando los pobres son los que protestan la represi\u00f3n es mayor que cuando son estudiantes universitarias o j\u00f3venes de las capas medias, como se pudo comprobar en las protestas de finales de enero de 2019 con un saldo de aproximadamente unas 60 personas fallecidas en menos de dos semanas. De alguna manera, la masacre por goteo<\/em> que se lleva contra los pobres desde hace tiempo y que se increment\u00f3 aceleradamente durante los \u00faltimos a\u00f1os ha servido como globo de ensayo para aplicar luego esta violencia institucional hacia sectores con mayores capitales sociales, pol\u00edticos y medi\u00e1ticos. Un ejemplo muy concreto que hemos estudiado: la tolerancia y apoyo hacia los operativos policiales militarizados, de car\u00e1cter letal, contra los barrios marginales por parte de las clases m\u00e1s incluidas entre los a\u00f1os 2015 y 2016, se volvi\u00f3 en su contra durante las protestas de 2017<\/a><\/u>.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, de manera general, para las capas medias y altas de la sociedad que se atrevan a disentir, el gobierno les tiene otras modalidades menos letales, pero tambi\u00e9n violatorias de sus derechos civiles, tales como detenciones arbitrarias, procesamientos en jurisdicci\u00f3n militar<\/u><\/a>, torturas, allanamientos ilegales, destrozos y asaltos contra sus bienes. Esto \u00faltimo es una clara manifestaci\u00f3n de lo que Achille Mbembe denomina \u201cguerra de infraestructuras\u201d4<\/a><\/sup>, donde los funcionarios tambi\u00e9n realizan actos predatorios y de pillaje, se llevan como bot\u00edn de guerra objetos pertenecientes a las v\u00edctimas que tienen alg\u00fan valor: electr\u00f3nicos, joyas, dinero, ropa, incluso alimentos. Es de advertir que este pillaje institucional tambi\u00e9n se le aplica a los pobres, la diferencia es que la clase media, durante esos allanamientos, no tiene una p\u00e9rdida total de sus viviendas, ni tampoco resultados fatales.<\/p>\n\n\n\n Y luego esa misma l\u00f3gica de abuso institucional, de operaci\u00f3n militar, es adaptada para opositores con mayor poder de reclamo social e impacto medi\u00e1tico como diputados o alcaldes. Solo durante 2018, seg\u00fan el seguimiento que hemos hecho para Provea, las detenciones por razones pol\u00edticas incrementaron un 574% respecto al promedio de casos registrados durante la \u00faltima d\u00e9cada. Cabe tambi\u00e9n se\u00f1alar que desde el a\u00f1o 2015 hasta la fecha, ya suman al menos cinco casos de presos pol\u00edticos muertos bajo custodia<\/u><\/a>.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, en un contexto en el cual ya se banalizaron las formas de criminalizaci\u00f3n de la oposici\u00f3n \u2013 entre inhabilitaciones, detenciones por protestas o complots (supuestos o verdaderos), y tambi\u00e9n exilios forzados \u2013, el gobierno considera a las cr\u00edticas internas, disidencias o desafiliaciones, de sus cuadros pol\u00edticos como actos graves de traici\u00f3n que se pagan con la c\u00e1rcel o el destierro<\/u><\/a>; siendo los ejemplos m\u00e1s emblem\u00e1ticos las detenciones de los ex Ministros de Defensa de Ch\u00e1vez (desde 2008) y de Interior y Justicia de Maduro (desde 2018), as\u00ed como el exilio de la ex-Fiscal General y la ex-Defensora del Pueblo (en agosto 2017).<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, desde una perspectiva m\u00e1s amplia de lo policial, el gobierno tiene diversos mecanismos disciplinarios y de contenci\u00f3n de car\u00e1cter masivo, destinados principalmente a los m\u00e1s humildes, los m\u00e1s conocidos son el \u201ccarnet de la patria\u201d, con el cu\u00e1l se puede tener acceso a bienes y servicios, y las cajas \u201cCLAP\u201d (Comit\u00e9s Locales de Abastecimiento y Producci\u00f3n) que traen carbohidratos y aceite vegetal a precios subsidiados, que en un contexto de desabastecimiento, escasez, hiperinflaci\u00f3n y devaluaci\u00f3n de la moneda, resulta de gran valor. Ambas son eficientes herramientas de control pol\u00edtico, social y policial<\/u><\/a>. En las protestas ocurridas en sectores populares durante los primeros meses de 2019, estos dispositivos mostraron su eficacia para la delaci\u00f3n<\/u><\/a>, extorsi\u00f3n y aplicaci\u00f3n del terror en las comunidades m\u00e1s humildes, deteriorando severamente el tejido social, as\u00ed como las l\u00f3gicas m\u00ednimas de solidaridad y fraternidad que deben existir entre los vecinos.<\/p>\n\n\n\n \u00bfEn qu\u00e9 medida esa desigualdad en el terreno se desdobla en el espacio medi\u00e1tico?<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n Un aspecto importante es el tratamiento diferenciado que se le da a la muerte de los miles de j\u00f3venes en el contexto de los operativos policiales ordinarios en los barrios<\/em> o sectores populares respecto a las decenas que fallecen en el marco de manifestaciones. En ambos casos son v\u00edctimas del Estado, ambas muertes son pol\u00edticas, pero sin duda todo est\u00e1 permeado por prejuicios de clase, de raza e incluso pol\u00edtico-partidistas.<\/p>\n\n\n\n En el primer caso, se trata de masacres por goteo, muertes diarias que no ocupan los espacios m\u00e1s privilegiados de los medios de comunicaci\u00f3n, ni los discursos de los partidos pol\u00edticos, ni las ONG o instituciones internacionales en materia de derechos humanos. Son muertes sin rostros, sin nombres, sin espacios para que sus familiares se expresen, sin redes de solidaridad social ni pol\u00edtica. Al fallecido se le termina adjudicando la etiqueta de \u201cdelincuente\u201d para justificar posteriormente su asesinato. Pero el mensaje pol\u00edtico es claro: el Estado puede matar a los pobres sin ning\u00fan tipo de consecuencia. Esto luego lo puede administrar a conveniencia en momentos de crisis y extender esta l\u00f3gica a otros sectores sociales.<\/p>\n\n\n\n En contraste, las muertes en contexto de manifestaciones suelen ser m\u00e1s espor\u00e1dicas, m\u00e1s selectivas, usualmente se trata de j\u00f3venes estudiantes de las capas medias o trabajadores, vinculados de alguna u otra forma a un espacio con m\u00ednimas capacidades de respuesta en t\u00e9rminos organizativos, aunque sea de manera incipiente. Estas muertes posteriormente son instrumentalizadas pol\u00edticamente por alguno de los bandos en disputa y adquieren gran notoriedad, ocupan los titulares en los medios de comunicaci\u00f3n, las ONG les brindan su apoyo, son priorizadas por las transnacionales que velan por los derechos humanos, y la v\u00edctima adquiere un estatus de m\u00e1rtir-h\u00e9roe. Esto sin duda afecta las respuestas de tipo institucional ante estos eventos, as\u00ed como los costos pol\u00edticos reales o percibidos de la violencia institucional.<\/p>\n\n\n\n Para profundizar el tema:<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Regresar al indice<\/a><\/p>\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/noria-research.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Avila_graph1-esp-1000x504.jpg\")
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Notes<\/h2>